La Ley de Expropiación de tierras a pueblos indígenas y campesinos, así califican las organizaciones sociales al Proyecto de Ley 157, una norma que, bajo la apariencia de “modernización”, esconde —según denuncian— una estrategia de despojo y “exterminio (etnocidio)” de las comunidades. La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios (CONTIOCAP) señaló que el gobierno de Rodrigo Paz, en complicidad con legisladores vinculados al agronegocio como Branko Marinkovic, estaría reeditando prácticas del pasado para liberalizar el mercado de tierras, anular la protección constitucional a la pequeña propiedad y transferirla al “mejor postor”: los grandes capitales y la banca.
Una nueva “Ley de Exvinculación” para el siglo XXI
En un pronunciamiento, la CONTIOCAP trazó un paralelismo histórico con la llamada “Ley de Exvinculación de 1874”, norma que, bajo el argumento de “modernizar la producción”, disolvió ayllus, despojó a indígenas de tierras comunitarias y los convirtió en peones de haciendas.
“Ahora, con este proyecto de ley, nuevamente buscan la liberalización irrestricta del mercado de tierras, donde los campesinos no podremos competir con las fortunas del agronegocio”, alerta el comunicado.
La trampa de la “conversión voluntaria”: un despojo disfrazado
El proyecto, impulsado por legisladores vinculados al agronegocio —entre ellos la exsenadora Centa Rek y actualmente la comisión presidida por Branko Marinkovic— propone la “conversión voluntaria” de la pequeña propiedad (protegida y destinada a la subsistencia) a mediana o empresarial (comercial y embargable).
CONTIOCAP sostiene que esto implicaría:
- Anular la protección constitucional: La pequeña propiedad, según la CPE, es indivisible e inembargable. Al “convertirla”, el campesino renunciaría a esa protección para acceder a créditos, quedando expuesto a embargos.
- Posible inconstitucionalidad: Señalan que la norma intentaría modificar, vía ley, disposiciones establecidas en la Constitución.
- Ausencia de consulta previa: Denuncian que el proyecto no fue sometido a Consulta Previa, Libre e Informada, como exige la Constitución para medidas que afecten a pueblos indígenas.
Exterminio, abuso y llamado a la resistencia
Para la CONTIOCAP, el objetivo sería “desestructurar comunidades campesinas e indígenas y expulsarlas hacia las ciudades, engrosando cinturones de pobreza y marginalidad”.
“El Estado nos ignora, abusa y empobrece con el despojo territorial”, sostiene el pronunciamiento.
Las organizaciones exigen al presidente Rodrigo Paz detener el tratamiento del proyecto de ley y respetar la Constitución. Asimismo, advierten a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales que la pérdida de tierras implica también la pérdida de cultura, saberes y medios de vida.
“Sin tierra y territorios, los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos dejan de existir”, concluye el documento.
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