Ley de Conversión de Tierras: Las tres trampas para legalizar el despojo y consolidar el poder del agronegocio

La Ley de Conversión de Tierras, aprobada en el Senado, esconde al menos tres trampas destinadas a legalizar el despojo de la pequeña propiedad y consolidar el poder del agronegocio en Bolivia, según una dura advertencia de la Fundación TIERRA. La norma, presentada como una vía para que los pequeños productores accedan a créditos, es en realidad un “procedimiento excepcional injustificado”, diseñado para blanquear titulaciones fraudulentas, expandir el mercado de tierras a favor de grandes empresarios y facilitar la especulación inmobiliaria.

Primera trampa de la Ley de Conversión de Tierras: Legalizar lo ilegal (la consolidación de predios fraudulentos)

La primera y más grave motivación detrás de la ley, según la Fundación TIERRA, es blanquear un fraude masivo cometido durante el proceso de saneamiento. La investigación de la organización revela que un número significativo de medianas y grandes propiedades fueron artificialmente tituladas como “pequeñas propiedades ganaderas” (de hasta 500 hectáreas) para evadir la verificación de la Función Económica Social (FES) y el pago de impuestos.

La evidencia es contundente: solo en Santa Cruz existen más de 36 mil predios titulados bajo esta modalidad y, de esa superficie, al menos 540 mil hectáreas ya están dedicadas a la agricultura mecanizada, como la soya, en una clara violación de su estatus original.

Con la nueva ley, estas propiedades —que en la práctica nunca fueron de subsistencia familiar— podrán convertirse legalmente en medianas propiedades agrícolas. Esto no solo legaliza el fraude, sino que abre la puerta a un uso más rentable y especulativo, permitiendo su subdivisión y venta, y consolidando un patrón de acumulación de tierras.

Segunda trampa: Abrir el mercado de tierras para el despojo

La segunda motivación es ampliar el mercado de tierras a favor de los grandes capitales. Al eliminar las protecciones constitucionales de la pequeña propiedad —inembargable, indivisible e irreversible—, la ley la convierte en una simple mercancía.

• Vendedores forzados: Las familias campesinas, especialmente aquellas presionadas por deudas o por crisis climáticas, se convierten en potenciales vendedoras.
• Compradores privilegiados: Los grandes empresarios agropecuarios y ganaderos, con mayor capacidad económica, serán los principales compradores, expandiendo sus dominios sobre tierras que antes estaban protegidas.

De este modo, las tierras de uso familiar campesino, que garantizan la soberanía alimentaria, pasan a ser activos de carácter empresarial, fomentando la concentración de la propiedad y el desplazamiento de comunidades.

Tercera trampa: Especulación inmobiliaria disfrazada de desarrollo

La ley no responde únicamente a intereses agroindustriales, sino también a la presión del mercado inmobiliario. Al eliminar las protecciones, se facilita el cambio de uso de suelo de agrario a urbano, permitiendo la aprobación de proyectos de urbanización sin una adecuada planificación territorial.

Esto, según la Fundación TIERRA, abre la puerta a la especulación inmobiliaria y a una expansión urbana desordenada, transformando la tierra en un activo financiero y desplazando su función productiva y comunitaria.

Modificaciones escandalosas de la Ley de Conversión de Tierras: Una ley hecha a la medida de los interesados

Para agravar aún más la situación, la Comisión de Tierra y Territorio del Senado introdujo modificaciones que, según TIERRA, “vacían de sentido y contenido” el proyecto original y evidencian un claro conflicto de intereses. Entre los cambios más alarmantes se encuentran:

1. Conversión en 10 días y sin requisitos: Se elimina la necesidad de demostrar producción. La conversión se realizará en un plazo máximo de 10 días, a simple solicitud, convirtiendo al INRA en un mero tramitador administrativo.
2. Perdón de la FES por 10 años: Las propiedades convertidas no serán fiscalizadas en el cumplimiento de la Función Económica Social durante una década, un verdadero “perdonazo” que legaliza la tenencia improductiva o especulativa.

La Fundación TIERRA ha solicitado la suspensión inmediata del tratamiento de la ley, calificándola como un atentado contra la seguridad jurídica y un mecanismo diseñado para beneficiar a intereses particulares que actuaron de mala fe.