La red de poder de Marinkovic: cómo se usan los fondos de pensiones para financiar al agronegocio

La red de poder de Marinkovic: cómo se usan los fondos de pensiones para financiar al agronegocio

La red de poder del senador Branko Marinkovic ha quedado expuesta tras la aprobación de un millonario desembolso de un fondo de inversión que opera con los ahorros de jubilación de los bolivianos para beneficiar a su empresa familiar, Industrias Oleaginosas S.A. (IOL). Un análisis de las conexiones revela un entramado que une a las principales familias del agronegocio cruceño —los Marinkovic, Kuljis y Valdivia—, quienes no solo se benefician de los recursos de la Gestora Pública, sino que ahora impulsan una ley en el Senado para liberalizar el mercado de tierras, una medida denunciada como la “génesis de la extinción campesina”.

50 millones de los ahorristas para la empresa familiar del senador

El pasado 21 de enero de 2026, la Junta de Accionistas de IOL S.A., empresa fundada por el padre de Branko Marinkovic y cuya representante legal es su hermana, Tatiana Marinkovic, aprobó acceder a un desembolso de 50 millones de bolivianos.

El dinero no proviene de un banco cualquiera. El financiamiento se realizará a través de un pagaré al Fondo de Inversión Cerrado Agrofin FIC, un fondo administrado por la sociedad Fipade SAFI. Lo crucial es que Fipade opera con recursos del Sistema Integral de Pensiones, es decir, con el dinero de los aportes de todos los trabajadores bolivianos, gestionado por la Gestora Pública.

El círculo de poder: Kuljis, Valdivia y los vínculos con el MAS

El entramado de conexiones detrás de este financiamiento revela cómo las élites económicas y políticas, sin importar su supuesto color partidario, operan en conjunto.

  • Fipade SAFI (la administradora): Entre sus accionistas figuran Mateo Kuljis Cochamanidis, de la poderosa familia Kuljis, y la sociedad BIG S.R.L.
  • Agrofin FIC (el fondo): Su Comité de Inversión también está integrado por Mateo Kuljis.
  • Multivalores (el agente colocador): La agencia de bolsa que estructura las operaciones de Agrofin tiene como principal accionista a Eduardo Valdivia Zambrana, hijo de Juan Valdivia Almanza, exdiputado del MAS y accionista de Gravetal, otra gigante oleaginosa vinculada al entorno del exvicepresidente Álvaro García Linera.

“De lo que no hay duda es que los Kuljis, Marinkovic, Valdivia e incluso familiares del expresidente Arce Catacora se alimentan de los recursos de la Gestora y lo siguen haciendo en moneda nacional, sin cláusulas de protección del valor en caso de devaluaciones”, precisó un experto cruceño que pidió mantener su identidad en reserva.

El asalto final: la ley para mercantilizar la tierra campesina

Mientras su empresa familiar se beneficia de los fondos de pensiones, el senador Branko Marinkovic y sus aliados impulsan en el Senado el Proyecto de Ley 157, una norma que autoriza la “conversión voluntaria de la clasificación de pequeña propiedad agraria a mediana o empresarial”.

Denunciada por el analista Stasiek Czaplicki como un “retroceso que remite a la época de Melgarejo”, esta ley es, en la práctica, la llave para un despojo legalizado:

  1. Elimina protecciones: La pequeña propiedad, que por Constitución es inembargable y patrimonio familiar, se convertiría en una mercancía que puede ser usada como garantía bancaria.
  2. Facilita el despojo: Ante una mala cosecha, el banco podrá ejecutar el embargo. ¿Quién comprará la tierra? Los grandes empresarios como los Marinkovic, que ya no tendrán barreras legales para expandirse.
  3. Abre las tierras comunitarias: Es el primer paso para que, en el futuro, las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), una vez individualizadas, también puedan ser capturadas por el agronegocio.

Esta ley, impulsada por organizaciones empresariales como la CAO y Fegasacruz, no nace de una demanda campesina. Como advierte Czaplicki, es una “captura legislativa” tramitada con “opacidad alarmante” que busca transformar el régimen agrario en favor de una élite.
“La tierra no puede ser garantía financiera cuando es garantía de vida”, concluye.

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