De la ley de los narcoarrepentidos a las “narcomaletas”, la historia de impunidad y narcovínculos parece repetirse en Bolivia, dejando una estela de dudas sobre la capacidad del Estado para enfrentar al narcotráfico. El reciente escándalo en Viru Viru evoca los fantasmas de una época iniciada con el polémico Decreto Supremo 22881 de 1991, cuando se tejió una compleja red de favores políticos, acusaciones de financiamiento de campañas y una justicia permeable que, ayer como hoy, parece incapaz de tocar las altas esferas del poder.
El origen: el pacto de 1989 y un decreto a la medida
La génesis del llamado “Decreto del Arrepentimiento” no puede entenderse sin el contexto político de 1989. Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), llegó a la presidencia mediante un cuestionable pacto con su antiguo perseguidor, el exdictador Hugo Banzer Suárez. Esta alianza pragmática sentó las bases de una gestión plagada de escándalos que culminaría con el perdón a capos del narcotráfico.
Bajo la dirección de su ministro del Interior, Carlos Saavedra Bruno, y con Guillermo Capobianco como ministro de Gobierno, se promulgó el DS 22881. La norma, con una vigencia de 120 días, invitaba a narcotraficantes a entregarse a cambio de penas mínimas y la garantía de no ser extraditados a Estados Unidos, una medida que, según reportes de la época, fue anunciada apenas un día después de que la DEA solicitara la extradición de 14 capos bolivianos.
ANF en 1994 publicó que a lo largo de estas décadas turbulentas, varias figuras que ocuparon el Ministerio del Interior o de Gobierno estuvieron en el centro de la controversia por presuntos vínculos o negligencia en la lucha contra el narcotráfico.
El exmagistrado Ernesto Poppe Subieta pidió investigar a Juan Carlos Durán y Eduardo Pérez Beltrán (gestión de Víctor Paz Estenssoro) por la administración de bienes incautados. Sin embargo, el escándalo más notorio fue el del gobierno de Jaime Paz Zamora, donde sus ministros Guillermo Capobianco y Carlos Saavedra Bruno fueron los artífices del polémico “Decreto del Arrepentimiento”.
Años más tarde, durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, su hombre fuerte y Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, fue salpicado por el caso del “Narcoavión”, aunque sin enfrentar consecuencias judiciales. Este patrón de figuras de alto nivel envueltas en sospechas ha marcado la historia reciente de Bolivia.
Una farsa judicial y una estela de impunidad
La promesa de colaboración de los “arrepentidos” se reveló como una farsa. Figuras como Erwin Guzmán, Antonio Naciff, Winston Rodríguez, Hugo Rivero Villavicencio, Oscar Roca Vázquez, Jorge Flores Moisés, Alcides Guardia y Felipe Rivero Villavicencio, se acogieron al decreto, pero —como admitió la propia justicia años después— no confesaron delitos de narcotráfico, sino infracciones menores. Esto les permitió recibir condenas mínimas y recuperar su libertad y sus bienes en poco tiempo.
La impunidad no se limitó a los narcotraficantes. El caso de las “narcoestatuillas”, en 1993, implicó a Carlos Valverde Bravo, entonces jefe de Inteligencia del gobierno de Paz Zamora. Pese a ser acusado por un fiscal de facilitar los movimientos de un narcotraficante, una comisión parlamentaria —integrada, entre otros, por Juan del Granado (MBL)— lo excluyó del proceso, evitando que fuera llevado a juicio.
Los “narcovínculos”: el escándalo que sacudió al MIR
La trama se agravó en 1994 con la detención de los narcotraficantes Carmelo “Meco” Domínguez e Isaac “Oso” Chavarría. Sus confesiones detonaron el escándalo de los “narcovínculos”, al denunciar que habían financiado campañas electorales del MIR a cambio de protección política.
Este caso llevó a prisión por cuatro años a Óscar Eid Franco, jefe del partido de Paz Zamora, marcando la primera vez que una figura de tan alto nivel político era encarcelada por vínculos con el narcotráfico. Las hermanas del presidente, Rosario y Edith Paz Zamora, así como su ministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina, también fueron implicados, aunque sin consecuencias judiciales relevantes.
El escándalo le costó a Jaime Paz Zamora la visa estadounidense, una sanción sin precedentes para un expresidente boliviano.
Un patrón que se repite: del “narcoavión” a Diodato
La cultura de la impunidad trascendió gobiernos. En 1993, durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, estalló el caso del “narcoavión”, una aeronave del Lloyd Aéreo Boliviano cargada con 4,1 toneladas de cocaína. Pese a las implicaciones de altos funcionarios —incluido su ministro Carlos Sánchez Berzaín—, el caso se cerró con un único culpable de bajo rango.
El patrón continuó. Durante el segundo gobierno de Hugo Banzer (1997–2001), su sobrina política se casó con Marco Marino Diodato, un personaje vinculado al narcotráfico y al lavado de dinero que apoyó activamente la campaña de ADN. Diodato fue arrestado, pero en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa, escapó de manera espectacular de una clínica, dejando tras de sí el asesinato sin resolver de la fiscal que lo investigaba, Mónica Von Borries.
Hoy, más de tres décadas después, el escándalo de las “narcomaletas” —con una exdiputada y un juez como protagonistas— vuelve a instalar la misma pregunta: ¿han cambiado realmente las cosas o la historia de impunidad y narcovínculos simplemente se repite con nuevos actores?
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