El anuncio presidencial sobre la rebaja de salarios de él y su gabinete, que pretendía calmar los ánimos en medio de la peor crisis social de los últimos años, terminó siendo, en palabras de analistas, una improvisación con tintes populistas. El presidente Rodrigo Paz anunció en Sucre la reducción del 50% de su salario y el de sus ministros, sugiriendo una política de austeridad gubernamental. Sin embargo, su propio ministro de Economía, Gabriel Espinoza, se encargó de desmontar el alcance real de la medida, confirmando que no habrá ningún cambio normativo y que la escala salarial del Estado permanecerá intacta.
La mentira técnica: no hay decreto, es un aporte «voluntario»
Tras el anuncio de Paz, expertos jurídicos advirtieron que la Ley 614 prohíbe que cualquier servidor público gane más que el Presidente. Si el salario presidencial (aprox. Bs 24.000) bajaba a la mitad (Bs 12.000), se esperaba un «efecto cascada» obligatorio que reduciría los sueldos de viceministros, directores, asambleístas y gerentes de empresas públicas.
Pero el ministro Espinoza, en entrevista con Priscilla Quiroga, dejó en evidencia que el anuncio presidencial fue engañoso.
«Esto aplica solamente al Presidente y a los 14 ministros. Es una decisión voluntaria del gabinete… Lamentablemente, he visto análisis tendenciosos que sugieren que habría que cambiar una norma. Cuando la cesión es voluntaria, no hay que modificar la norma», aclaró Espinoza.
¿Qué significa esto en la práctica? Que legalmente el sueldo del Presidente sigue siendo el mismo en la planilla del Estado, pero él «donará» el 50% a un fondo. Por lo tanto, el tope salarial de la Ley 614 no baja, y la burocracia estatal (donde directores ganan Bs 19.500 o gerentes superan los Bs 30.000) seguirá cobrando exactamente lo mismo.
Un ahorro ínfimo y el futuro de las empresas en quiebra
El impacto económico de este «sacrificio voluntario» es prácticamente nulo frente al déficit del Estado. El propio ministro reconoció que la medida de 15 personas generará un ahorro de apenas 3,7 millones de bolivianos al año, una cifra insignificante en el Presupuesto General del Estado, aunque defendió que «más allá de la cifra, está la señal».
Donde sí hay un ajuste millonario es en las empresas públicas. Espinoza reveló que este año ya se ha reducido el gasto de estas entidades en cerca de 1.200 millones de bolivianos. Sobre el destino de las estatales quebradas, el ministro intentó matizar el discurso, aunque sus palabras confirmaron que la reestructuración está en marcha:
«La Constitución es clara y sería imposible privatizar empresas públicas, pero sí podemos avanzar en el cierre de aquellas que no pueden ser rentables, en la transferencia a otros niveles, en su conversión a empresas sociales o, finalmente, en el ingreso del sector privado a través de alianzas público-privadas (APP)», detalló.
«Populismo improvisado»: la crítica de los expertos
Para analistas como el experto en derecho autonómico Esteban Ortuño, el anuncio original de Rodrigo Paz fue apresurado y carente de rigor técnico. «Hay un poco de improvisación que reina en este tipo de medidas, que son más de carácter populista que un tema administrativo real», sentenció Ortuño.
Por su parte, el economista Víctor Hugo Figueroa alertó que lanzar anuncios sin base legal genera especulación y desmotiva al personal técnico calificado del Estado.
Mientras el Gobierno intenta instalar una narrativa de austeridad, la realidad en las calles es otra. Tras más de 25 días de bloqueos y asfixia en La Paz y El Alto, los sectores movilizados consideran que la donación de sueldos de 15 políticos es una medida que llega «demasiado tarde» frente a una crisis que ya reclama la renuncia del mandatario.
English 
Spanish