La COB abandona el diálogo por el Decreto 5503 y su marcha es gasificada en La Paz, marcando una violenta escalada del conflicto social que paraliza Bolivia. Minutos después de retirarse de la mesa de negociación, ante la negativa del Gobierno a ceder, la masiva protesta del ente matriz de los trabajadores fue reprimida por la Policía cuando intentaba llegar a la plaza Murillo. La dirigencia dejó una contrapropuesta sobre la mesa y advirtió que ahora serán las bases las que definan la radicalización de las medidas.
Del diálogo roto a la represión en las calles
La jornada de este lunes, que debía centrarse en la negociación, terminó en un violento enfrentamiento. La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) se retiró de la mesa de diálogo instalada por el Gobierno, argumentando que no existe voluntad política para atender su demanda central.
“La abrogación del decreto es firme; las bases van a determinar las tareas de aquí en adelante”, sentenció Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, al salir del encuentro.
Minutos después, la tensión se trasladó a las calles. La marcha de la COB, que descendía por el centro paceño, fue interceptada por un fuerte contingente policial. La gasificación se produjo a la altura de la avenida Camacho, luego de que los manifestantes —principalmente mineros— intentaran romper el cerco de seguridad que blindaba la plaza Murillo.
La contrapropuesta de la COB: un decreto “paralelo” para desactivar el conflicto
Antes de abandonar la negociación, la COB formalizó una contrapropuesta que busca una salida intermedia al conflicto. En lugar de una abrogación total sin alternativas, la dirigencia planteó al Ejecutivo anular el Decreto Supremo 5503 y reemplazarlo por un decreto “paralelo” de alcance limitado.
“Hemos dejado la propuesta de la COB, seguro la van a analizar”, confirmó Argollo. Esta nueva norma se enfocaría exclusivamente en dos puntos:
- La eliminación de la subvención a los combustibles.
- El incremento de los bonos sociales.
El resto de las disposiciones contenidas en el decreto original, que la COB califica como “artículos de contrabando” destinados a “vender los recursos naturales”, debería ser remitido y debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Blindaje judicial y nuevas tensiones en el horizonte
Mientras el conflicto con la COB escala, el Gobierno recibió un controvertido respaldo del Órgano Judicial que endurece su posición. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, validó públicamente la constitucionalidad de las polémicas normas del Ejecutivo.
“Lo que usted hizo, Presidente, es constitucional”, afirmó Saucedo, dirigiéndose a Rodrigo Paz, bajo el argumento de que “lo que la Constitución no prohíbe, está permitido”. Este blindaje judicial no solo legitima el Decreto 5503, sino también el Decreto 5515, que faculta al Presidente a gobernar desde el exterior y que ya abrió un nuevo frente de conflicto.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que había pactado previamente con el Gobierno en torno al “gasolinazo”, anunció que rechazará esta nueva norma por considerarla “dictatorial” y una vulneración de las competencias del Legislativo, profundizando la incertidumbre en un escenario político cada vez más fracturado.
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