El “Gran Hermano” del presidente Rodrigo Paz está a punto de nacer: su gobierno impulsa un proyecto de ley para regular la Inteligencia Artificial (IA) PL-288 que, bajo el pretexto de combatir la desinformación, entrega un poder casi absoluto a la AGETIC —una agencia dependiente del “superministro” José Luis Lupo— para actuar como juez y parte, declarar qué es “falso” y perseguir a cualquier ciudadano que utilice la tecnología para criticar al poder.
La norma, calificada como un peligroso instrumento de censura, permitiría al Ejecutivo sancionar, cerrar plataformas e incluso iniciar procesos penales por conceptos tan vagos como “generar zozobra” o “manipular la opinión pública”.
AGETIC, el brazo ejecutor del “Ministerio de la Verdad”
El corazón de la polémica es el Proyecto de Ley PL-288/25. Aunque en sus fines busca proteger al ciudadano de delitos modernos como los deepfakes, en sus medios crea un monstruo burocrático con un poder de control sin precedentes.
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), que depende directamente del Ministerio de la Presidencia a cargo de José Luis Lupo, se convertiría en un superregulador con la potestad de:
- Decidir qué es “información falsa” (Art. 27.6): Sin intervención judicial, la AGETIC podría calificar cualquier contenido generado por IA que incomode al Gobierno como “desinformación” y sancionar a su creador.
- Sancionar por “generar zozobra” o “manipulación”: La ley prohíbe el uso de IA para “manipular la opinión pública” o crear “publicaciones malintencionadas”. Estos términos son tan ambiguos que cualquier meme, sátira política o denuncia ciudadana podría ser castigada.
- Actuar como juez y parte: La AGETIC tendría la capacidad de detectar una supuesta infracción, investigarla, auditar los algoritmos y sancionar con multas, clausuras temporales o la inhabilitación definitiva de una plataforma, todo en un mismo proceso administrativo.
“Si el gobierno de turno usa a la AGETIC para calificar qué contenido es ‘desinformación’, podría usarse como una herramienta de censura política“, advierte el análisis jurídico de la norma.
Un poder inconstitucional en manos de un “superministro”
La concentración de tanto poder en una agencia del Ejecutivo es, según expertos, de constitucionalidad dudosa. La AGETIC no es un ente autárquico e independiente, sino que está bajo la tuición directa del Ministerio de la Presidencia.
Esto significa que el control de la Inteligencia Artificial en Bolivia tendría un sesgo político directo y quedaría en manos de José Luis Lupo, una figura que ya ha sido denunciada por la oposición como un “vicepresidente de facto” por haber asumido funciones que no le corresponden. Darle ahora el control sobre la “verdad digital” implica consolidar un poder que no emana de las urnas.
El riesgo: de lo falso a lo real y la persecución a los críticos
El mayor peligro de la ley es su potencial para la persecución. En un escenario en el que el Gobierno puede declarar, a través de su agencia, que un contenido real es “falso” o “malintencionado”, cualquier ciudadano o medio de comunicación que utilice herramientas de IA para investigar o denunciar la corrupción podría ser sancionado.
La ley, presentada como un avance para proteger a la población, se perfila en realidad como un instrumento para silenciar la crítica, controlar el debate público y consolidar un poder que no tolera la disidencia. Es la creación de un “Ministerio de la Verdad” digital, con la AGETIC y el ministro Lupo como sus principales guardianes.
No obstante, la norma no es enteramente negativa y contiene avances significativos en la protección de los derechos ciudadanos. El proyecto es constitucionalmente sólido al prohibir explícitamente prácticas de alto riesgo, como la vigilancia masiva indiscriminada y el reconocimiento biométrico en espacios públicos sin orden judicial (Art. 27.11), una medida que protege la privacidad y el derecho a la reunión.
Asimismo, se alinea con los debates más avanzados a nivel global al prohibir el uso de la IA para tomar decisiones autónomas sobre el uso de la fuerza letal en el ámbito militar (Art. 27.12), garantizando que el control final siempre recaiga en un ser humano. Estos elementos son considerados un paso necesario para modernizar la legislación boliviana y proteger a la población de los usos más peligrosos de la nueva tecnología.
Se debe mantener el espíritu de libertad y no otorgar suprapoderes al Ejecutivo que no fue elegido por el pueblo soberano.
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