El Decreto Supremo 5503 se configura como un “puente de plata” para millonarios mientras el ajuste golpea al pueblo. Se trata de una norma de dudosa constitucionalidad que, bajo el pretexto de una supuesta “emergencia económica”, establece una amnistía fiscal con 0% de impuestos para grandes capitales no declarados y blinda a inversionistas calificados como “estratégicos”, mientras traslada el costo de la crisis a la clase media y a los sectores más vulnerables mediante un devastador “gasolinazo”.
Inconstitucionalidad flagrante: un decreto que usurpa funciones de la Asamblea
Desde su concepción, el DS 5503 presenta serias contradicciones con la Constitución Política del Estado (CPE), al regular por decreto materias que son de competencia exclusiva del Órgano Legislativo.
Violación a la reserva de ley tributaria (art. 323.II CPE)
El aspecto más grave del decreto es la creación de un régimen de regularización de capitales que, en los hechos, constituye una amnistía fiscal encubierta. Los artículos 18, 27 y 30 permiten que capitales no declarados —posiblemente provenientes de evasión tributaria o informalidad a gran escala— sean “blanqueados” pagando 0% de impuestos, siempre que permanezcan en el país.
La Constitución es clara y categórica: la creación, modificación o exoneración de tributos es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley expresa. Un decreto supremo no tiene potestad legal para condonar impuestos ni alterar alícuotas, lo que convierte esta disposición en un acto abiertamente inconstitucional y sienta un precedente peligroso de “gobierno por decreto”.
Contratos-ley y cesión de soberanía (art. 410 CPE)
El decreto también establece que los contratos de inversión tendrán “fuerza de ley entre partes” y gozarán de una estabilidad tributaria por 15 años. Esto vulnera el principio de jerarquía normativa consagrado en el artículo 410 de la CPE, ya que ningún contrato administrativo puede estar por encima de leyes futuras.
En los hechos, se trata de una cesión de soberanía normativa, que impide al Estado ajustar su política fiscal en función de las necesidades económicas y sociales del país.
Los verdaderos beneficiarios: un decreto diseñado para las élites
Pese al discurso oficial de “salvataje económico”, un análisis detallado revela que los principales beneficiarios del DS 5503 son los grandes capitales, el sector financiero y la agroindustria exportadora.
- Grandes capitales y evasores: La amnistía del 0% premia a quienes operaron al margen de la ley. Mientras profesionales independientes y pequeñas empresas pagan hasta un 25% del IUE, los grandes evasores pueden legalizar fortunas completas sin costo alguno, violando el principio de equidad tributaria y profundizando la injusticia social.
- Agroindustria y exportadores: La eliminación del Certificado de Abastecimiento Interno (art. 51) les otorga libertad total para exportar y captar divisas, sin la obligación de garantizar el mercado interno, lo que abre la puerta al desabastecimiento y al alza de precios para el consumidor boliviano.
- Sector financiero: El diferimiento de créditos (art. 58) protege a los bancos frente a una posible mora masiva, asegurando su estabilidad, mientras los prestatarios asumen mayores intereses y costos a largo plazo.
El ajuste para el pueblo: “gasolinazo” y compensaciones insuficientes
Para la mayoría de la población, el decreto se traduce en un ajuste directo y brutal. El incremento del precio de la gasolina a Bs 6,96 y del diésel a Bs 9,80 tiene un impacto inflacionario inmediato sobre el transporte, los alimentos y la canasta familiar.
El Gobierno intenta amortiguar este golpe con incrementos a bonos sociales (Renta Dignidad, Juancito Pinto) y con la creación del programa temporal PEPE. Si bien estas medidas buscan cumplir parcialmente el principio de progresividad de los derechos sociales, el impacto del “gasolinazo” amenaza con superar ampliamente estos paliativos, afectando el derecho a un nivel de vida adecuado, protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En paralelo, a la clase media y a los profesionales independientes se les ofrece un supuesto “alivio”: la posibilidad de descargar el 100% del IVA mediante facturas. Esta medida funciona más como un colchón político para contener el descontento que como una solución estructural. La lógica de fondo permanece intacta: las pérdidas se socializan, mientras las ganancias se privatizan.
Te dejo el Decreto leélo tú saca tus propias conclusiones:
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