Mientras Bolivia atraviesa una severa escasez de divisas, el dólar paralelo roza los Bs 9,38 y el presidente Rodrigo Paz denuncia que el gobierno anterior dejó las arcas vacías, advirtiendo literalmente que “no hay platita” porque el presupuesto se gastó antes de su asunción, la Primera Dama, María Elena ‘Bibi’ Urquidi, se codea con la élite mundial en la Casa Blanca. Su participación en la cumbre “Fomentando el Futuro Juntos”, organizada por Melania Trump en Washington D.C., ha sido calificada de “histórica” por el oficialismo. Sin embargo, detrás de los discursos sobre inteligencia artificial y brecha digital, surge una contradicción que incomoda al Gobierno: ¿Quién paga los lujos de este viaje internacional si el Estado no tiene fondos y la figura de “Primera Dama” no existe legalmente en Bolivia?
Un análisis financiero y jurídico sugiere que este viaje no solo representa un gasto oneroso en medio de la crisis, sino que podría exponer a altos funcionarios del Estado a posibles delitos de malversación de fondos, usurpación de funciones y conducta antieconómica.
La factura VIP: Cuánto le cuesta a Bolivia el viaje de la Primera Dama Bibi Urquidi a EEUU
Washington D.C. es una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Mientras un turista promedio puede gastar unos 343 dólares diarios, el nivel de representación de una Primera Dama exige estándares diplomáticos.
Según estimaciones del sector turístico y corporativo, el nivel de lujo (alojamiento en zonas exclusivas como Georgetown, transporte privado, seguridad y cenas de alta gama) supera los 1.225 dólares diarios por persona. A esto se suman los boletos de avión en clase ejecutiva —estándar habitual para este tipo de representaciones—, cuyos precios desde La Paz (LPB) hasta el aeropuerto de Dulles (IAD) oscilan entre 700 y 900 dólares.
Si se realiza un cálculo para una misión oficial mínima de cuatro días, asumiendo que Urquidi viaja con una comitiva reducida (dos asistentes o personal de seguridad), el costo sería el siguiente:
- Vuelos (3 personas): 2.700 USD (no informaron quiénes fueron)
- Estadía y viáticos VIP (4 días x 3 personas a 1.225): 14.700 USD
- Costo total estimado: 17.400 dólares
En un país donde el tipo de cambio oficial es cada vez más cuestionado, este monto, convertido al dólar paralelo (Bs 9,38), representa un gasto superior a los 163.000 bolivianos por un viaje de pocos días. La gran interrogante es: ¿De qué cuenta salieron esos 17 mil dólares cuando el propio Presidente asegura que “no hay platita”?
Estos cálculos son moderados, no se cuentan las estancias de lujo, que como “no hay platita” es imposible que Bibi Urquidi haya estado.
Por supuesto no se toma en cuenta que cuánto le cuesta a Bolivia el viaje de la Primera Dama Bibi Urquidi a EEUU si Melania Trump cobra por estos aventos o posteriores. La factura podría llegar a ser astronómica.
El vacío legal: la Primera Dama Bibi Urquidi no existe en el organigrama del Estado
Para entender la gravedad del asunto, hay que revisar la normativa. En Bolivia no existe ninguna ley vigente que reconozca la figura de “Primera Dama” ni le asigne presupuesto público.
A lo largo de los últimos años, los decretos que otorgaban pasajes en clase ejecutiva o viáticos a las esposas de los mandatarios fueron abrogados (como el DS 1525, anulado en 2013, o el DS 4583, promulgado en 2021). Jurídicamente, María Elena Urquidi es una ciudadana particular.
Pese a esto, el gobierno de Rodrigo Paz emitió recientemente el Decreto Supremo N° 5551, creando la Dirección Ejecutiva de Gestión Social Estatal (DEGSE). Esta entidad, con autonomía financiera, parece haber sido diseñada para financiar las labores sociales que tradicionalmente realizaba la esposa del Presidente.
Sin embargo, existe un límite constitucional: el Artículo 236.III de la Constitución prohíbe el nepotismo. El Presidente no puede nombrar a su esposa como autoridad de una entidad pública.
La confesión en televisión: “No es un cargo formal”
En una reciente entrevista en Red Uno, la propia Urquidi declaró: “El rol de la Primera Dama no es un puesto, es un compromiso… En los primeros tres meses me concentré en la reestructuración de la oficina y en la conformación de un equipo técnico”.
Al afirmar que está “reordenando una oficina pública” y “conformando equipos” sin tener un nombramiento legal, podría configurarse la figura de usurpación de funciones (Art. 164 del Código Penal), ya que nadie puede administrar recursos del Estado ni gestionar financiamiento externo si no es un servidor público legalmente designado.
Esto también podría comprometer al director formal de la DEGSE, quien asumiría responsabilidad administrativa y penal por las decisiones ejecutivas tomadas dentro de la institución.
La ruta del dinero: cuatro escenarios posibles
Si la Primera Dama no es funcionaria pública, el financiamiento de su viaje a la Casa Blanca solo pudo salir de cuatro fuentes posibles:
- La vía legal (recursos privados): El viaje, el hotel y los pasajes fueron pagados con el patrimonio personal de la familia presidencial. El Estado no gastó recursos públicos.
- Recursos públicos (malversación): Si el dinero salió del presupuesto de la DEGSE o del Ministerio de la Presidencia para pagar viáticos a una persona que no es servidora pública, podría configurarse malversación de fondos y conducta antieconómica.
- Financiamiento privado externo (cohecho): Si una empresa, ONG o entidad externa financió el viaje a cambio de favores gubernamentales, podría configurarse cohecho pasivo o enriquecimiento ilícito.
- Uso de recursos estatales (peculado): Si se utilizaron bienes del Estado, como el avión presidencial o gastos de representación para cubrir su estadía, podría configurarse peculado o uso indebido de bienes del Estado.
Un discurso internacional en medio de la polémica
Mientras en Bolivia surgen cuestionamientos jurídicos y políticos, en Washington, Urquidi participó en la cumbre internacional con un discurso centrado en la brecha digital:
“Hoy el mundo habla de inteligencia artificial… Pero para miles de niños en Bolivia, el desafío no es cómo usar las tecnologías del futuro, sino si alguna vez podrán acceder a ellas”, expresó ante representantes de 45 países.
El discurso sobre equidad y acceso tecnológico tuvo repercusión internacional, pero en Bolivia el debate se centra en la legalidad del financiamiento del viaje y en la estructura institucional creada alrededor del rol de la Primera Dama.
La Contraloría General del Estado tendría ahora la responsabilidad de auditar los gastos de este viaje. Si se comprobara que recursos públicos fueron utilizados para financiar la estadía de María Elena Urquidi en Estados Unidos, el Gobierno podría enfrentar un escándalo político y legal de gran magnitud.
Spanish 
English