Por Felipe Limarino
El presidente Nayib Bukele envía dos mil efectivos del Ejército salvadoreño a Haití. ¡Qué interesante! A primera vista, lo que vemos es cómo un Estado pequeño, como El Salvador, tiene la disposición de apoyar a Haití en su lucha contra el crimen. Bukele traslada así la experiencia de su propia estrategia de seguridad, con la que consiguió imponerse a las maras Salvatruchas en El Salvador, aunque, por cierto, en medio de numerosas violaciones de los derechos humanos, exilios y prácticas autoritarias.
Pero, ¿por qué Bukele envía un contingente tan numeroso, cuyo tamaño supera en una cuarta parte al total de efectivos que se encuentran actualmente en Haití bajo mandato de las Naciones Unidas? Es muy simple. Para rescatar a cuatro técnicos salvadoreños que fueron capturados por dos bandas criminales, Viv Ansanm y Chen Méchant. Hasta el momento, no se sabe si están vivos o muertos. Lo que sí sabemos es que Bukele envió un contingente de dos mil soldados para rescatarlos. Y, si las bandas criminales no los entregan, para diezmarlas. De hecho, eso es lo que está haciendo hasta al momento, enfrentarse directamente a las organizaciones criminales que se han apoderado de Haití.
Podríamos reaccionar diciendo: «¡Bravo! ¡Qué bueno!». El modelo de seguridad de Bukele podría replicarse en Haití y convertirse en un ejemplo para todos los países latinoamericanos, como una fórmula para enfrentar los problemas de seguridad y criminalidad en nuestra región.
Sin embargo, hay que aprender a mirar más allá de lo evidente, como decía Leon-O, de los Thundercats. Y aquí empiezan a aparecer algunas cuestiones bastante curiosas.
Estados Unidos lleva décadas teniendo una presencia e influencia determinantes en Haití y, sin embargo, no ha sido capaz de erradicar la criminalidad ni de garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad en ese país. En cambio, ha demostrado que tiene capacidad para ejecutar operaciones militares de enorme complejidad, como la intervención en Caracas, el secuestro de un presidente y su traslado a territorio estadounidense para someterlo a un proceso judicial. Es decir, capacidad de intervención en El Caribe no le falta.
Pero hay otra pregunta todavía más interesante: ¿de dónde procede el armamento que utilizan las bandas criminales, las milicias y los grupos armados que operan en Haití? Haití no fabrica armas ni municiones. En cambio, la realidad es que ese armamento procede de Estados Unidos, de Florida. Naturalmente, no son las organizaciones criminales haitianas las que necesariamente viajan a Estados Unidos para adquirirlo; existen redes de tráfico que se encargan de introducirlo y comercializarlo en Haití. Pero entonces la pregunta es inevitable ¿por qué Estados Unidos no neutralizan esas redes?
Estados Unidos es capaz de desplegar una importante fuerza naval en el Caribe y de movilizar buques de guerra para ejercer presión y bloquear a Cuba. ¿Por qué no puede desplegar capacidades equivalentes para impedir que continúe el tráfico de armas hacia Haití? ¿Por qué no consigue desarticular las redes que abastecen a las organizaciones criminales? Esa es una contradicción aparente que dilucidaresmos de aquí en adelante. Y para ello es necesario considerar algunos antecedentes históricos que no son simplemente asuntos del pasado, porque siguen condicionando la configuración del presente.
Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en conquistar su independencia mediante una revolución anticolonial y antiesclavista, derrotando al poder colonial francés. Fue un acontecimiento de enorme trascendencia histórica. Un pueblo sometido a la esclavitud consiguió derrotar a una potencia europea y fundar un Estado independiente. Su ejemplo representó una amenaza para el orden colonial y esclavista de la época, pero también una inspiración para los pueblos sometidos al dominio europeo, incluidos los de las colonias españolas y británicas.
Otro acontecimiento revolucionario de dimensiones históricas semejantes, aunque posterior, fue el triunfo de la Revolución cubana. Cuba también se convirtió en un referente para los movimientos de liberación de América Latina y el Caribe. No es casual que ambos procesos hayan generado una reacción tan intensa de las potencias que buscaban preservar su influencia en la región.
Y aquí debemos introducir un elemento geográfico fundamental. Haití se encuentra a aproximadamente 77 kilómetros de Cuba y comparte la isla con República Dominicana. Su posición en el Caribe le confiere una importancia estratégica que va mucho más allá de sus dimensiones territoriales o de su peso económico. Haití ocupa un espacio relevante dentro de la arquitectura geoestratégica del Caribe, una región desde la cual Estados Unidos puede proyectar su poder hacia Centroamérica y Sudamérica.
Por eso, Estados Unidos tiene un interés estratégico en mantener su capacidad de influencia y control sobre ese espacio. La situación haitiana, por tanto, no puede reducirse a la explicación de que el país ha sido capturado por bandas delincuenciales. Haití no es un Estado fallido y pobre ni la criminalidad es un síntoma de lo anterior. Detrás de esa realidad existe una larga historia de intervenciones extranjeras, gobiernos subordinados a intereses externos y procesos políticos condicionados por las potencias que han disputado la influencia sobre el país. Haití es un país empobrecido y constantemente intervenido por potencias extranjeras. La criminalidad no es un síntoma, es una causa porque es el modo como las redes de poder, en connivencia con Estados Unidos, tornan ingobernable un país que no debe, en función de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, nunca más tener soberanía.
Las sucesivas crisis institucionales, la falta de elecciones y las dificultades para restablecer un orden democrático no pueden analizarse al margen de esa historia. Las elecciones presidenciales que debían convocarse, por ejemplo, no se han realizado (ya van 10 años sin hacerlo), y el país continúa atrapado en una prolongada crisis de legitimidad política.
En este contexto, resulta inevitable recordar la experiencia de Jean-Bertrand Aristide, el sacerdote vinculado a la teología de la liberación que llegó a la presidencia de Haití con un proyecto de transformación de las estructuras sociales y económicas del país y de revisión de sus relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y las antiguas potencias coloniales europeas, como Francia, además de Canadá y otros actores internacionales.
La experiencia de Aristide terminó convirtiéndose en uno de los episodios más importantes para comprender las tensiones entre soberanía popular, transformación social e intervención extranjera en Haití. Su derrocamiento y las posteriores intervenciones internacionales obligan a preguntarnos hasta qué punto la crisis actual puede entenderse sin considerar esa historia.
¿Qué busca realmente Bukele en Haití?
Es teniendo conciencia de este marco histórico, geopolítico y estratégico, y de todas las dimensiones que hemos señalado, que debemos interpretar el despliegue de fuerzas salvadoreñas hacia Haití.
En primer lugar, tenemos que observar la situación política interna de Nayib Bukele. Después de conseguir una importante estabilización de la seguridad en El Salvador y debilitar considerablemente a las maras Salvatruchas, mediante una política que ha estado acompañada de graves violaciones de los derechos humanos, prácticas autoritarias y el exilio de numerosos ciudadanos, Bukele enfrenta un gran problema de cara a las próximas elecciones del año que se viene: ¿qué más puede ofrecer su modelo político y de seguridad a la sociedad salvadoreña?
Bukele enfrenta los límites de un modelo político cuya principal fuente de legitimidad es la seguridad, pero que todavía no ha demostrado una capacidad equivalente para transformar las estructuras económicas y sociales de El Salvador. La ofensiva en Haití le ofrece la posibilidad de superar ese límite mediante la internacionalización de su principal activo político. De ese modo convierte su modelo de seguridad en una experiencia exportable, susceptible de generar legitimidad internacional, relaciones privilegiadas con Washington y eventualmente nuevas oportunidades económicas.
La comercialización internacional de sus servicios penitenciarios mediante el acuerdo con Estados Unidos es un primer antecedente. Haití, en cambio, podría significar el pasar de exportar infraestructura carcelaria a proyectar internacionalmente un modelo de intervención y control de la seguridad. El problema es que demostrar la capacidad de derrotar militarmente a determinadas organizaciones criminales no equivale a demostrar la capacidad de reconstruir una sociedad. Y mucho menos de garantizar las condiciones materiales, institucionales y políticas necesarias para que la violencia no vuelva a reproducirse. Bukele ha conseguido resultados importantes en materia de seguridad, pero su modelo tiene límites que, con la actual intervención en Haití, está buscando superar.
Demostrar que el modelo salvadoreño de seguridad puede exportarse a otros países representaría un triunfo político considerable para Bukele. Hacia el interior de El Salvador, sería una demostración de que su proyecto no constituye una experiencia excepcional, sino un modelo capaz de reproducirse en otras sociedades. Y por ello Haití se convierte en un nuevo laboratorio particularmente interesante.
Podemos imaginar, al menos, tres escenarios posibles para el despliegue salvadoreño.
El primero es que las bandas criminales entreguen a los militares capturados. En ese caso, Bukele podría presentar la operación como un éxito y retirarse de Haití, dejando eventualmente un contingente reducido o algún mecanismo de cooperación en materia de seguridad.
El segundo escenario es que no se produzca esa entrega y que las fuerzas salvadoreñas terminen involucrándose en una guerra urbana prolongada. Haití no es El Salvador. Las características territoriales, sociales, políticas y militares son diferentes. Una cosa es enfrentarse a organizaciones criminales en el contexto salvadoreño y otra muy distinta es operar en un país con instituciones prácticamente colapsadas, múltiples centros de poder armado y una compleja fragmentación territorial. En este escenario, Bukele podría quedar atrapado en un conflicto que desgaste su imagen y sus capacidades militares.
El tercer escenario es que, sin conseguir inicialmente la liberación de los militares capturados, las fuerzas salvadoreñas se involucren en un enfrentamiento directo con las organizaciones criminales y finalmente consigan derrotarlas. Para que esto se convierta en una victoria política para Bukele, tendría que ocurrir en un periodo relativamente corto de dos o, como máximo, tres meses antes de las elecciones en su país. Una operación prolongada difícilmente podría venderse como una demostración de la eficacia del modelo salvadoreño.
Hay que recordar, además, que la experiencia salvadoreña tampoco fue un proceso sencillo ni inmediato. Y en Haití existen dificultades adicionales. La distancia logística podría ser compensada, en buena medida, por el apoyo que eventualmente proporcionen Estados Unidos y República Dominicana. Sin embargo, ese apoyo no elimina las dificultades de operar en un territorio con características tan distintas.
La exportación de un modelo autoritario de seguridad
El momento geopolítico en el que se produce esta operación es clave para comprender los motivos de su despliegue.
Estamos ante un escenario de desgaste de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos necesita reconstruir mecanismos de legitimación de su poder en América Latina y el Caribe. No basta con disponer de capacidades militares, financieras y tecnológicas para intervenir; también necesita producir narrativas, modelos políticos y mecanismos de cooperación que presenten su influencia como una contribución a la estabilidad y la seguridad regionales.
En ese sentido, la exportación del modelo de seguridad salvadoreño podría formar parte de una arquitectura regional de seguridad impulsada bajo el paraguas de iniciativas como el Escudo de las Américas. Se trataría de promover un modelo altamente autoritario de control social y combate a la criminalidad, presentado como una alternativa eficaz frente a la incapacidad de los Estados latinoamericanos para garantizar la seguridad de sus poblaciones.
Y aquí volvemos a una pregunta que planteábamos anteriormente: si Estados Unidos dispone de las capacidades para intervenir en Haití, combatir las redes de tráfico de armas y contribuir a desarticular las estructuras que alimentan la violencia, ¿por qué no ha conseguido hacerlo de manera efectiva?
Porque la persistencia de la crisis haitiana no puede entenderse únicamente como un fracaso de las capacidades estadounidenses. También debemos preguntarnos qué intereses se benefician de esa situación y qué formas de subordinación política y económica se reproducen a través de ella. La cuestión, entonces, no es simplemente por qué Estados Unidos no ha resuelto el problema haitiano. Es también si la forma en que se administra esa crisis responde a determinados intereses geopolíticos.
En este contexto, resulta significativo que Bukele haya buscado coordinar su iniciativa con Donald Trump en un patrón de cooperación histórico entre El Salvador y Estados Unidos. No estamos hablando simplemente de la decisión autónoma de un Estado pequeño que acude en ayuda de otro país. Estamos ante la proyección internacional de un modelo de seguridad autoritario, con el respaldo o la aquiescencia de Washington que no es de reciente data.
En efecto, Bukele no es un fenómeno político aislado, ni tampoco inventó la militarización de la seguridad pública en El Salvador. Su gobierno representa una reconfiguración contemporánea de una tradición autoritaria históricamente asociada con el dominio militar, el poder oligárquico, la contrainsurgencia y la intervención estadounidense durante la Guerra Fría. Los asesinatos de La Matanza en 1932 y la Guerra Civil de 1982 hasta 1992 son los momentos fundacionales de un Estado que ejerce su poder a través de la represión militar. Lo que cambia es la tecnología política mediante la cual se ejerce dicho poder. El antiguo Estado militar da paso a un régimen autoritario electoral que combina populismo, control mediático, militarización y la securitización permanente del conflicto social.
El despliegue de fuerzas salvadoreñas en Haití, por tanto, representa algo más que la exportación de un modelo de seguridad. Es la apuesta por la proyección internacional de una forma de poder estatal autoritario, constituida históricamente.
Por eso, no deberíamos quedarnos con la imagen superficial de dos mil soldados salvadoreños que llegan a Haití para combatir a las pandillas y rescatar a sus compañeros. Lo que debemos preguntarnos es qué modelo de poder se está proyectando, qué intereses estratégicos lo acompañan y qué tipo de orden regional se pretende construir a partir de esta experiencia. Esto es, detrás de la aparente lucha contra la criminalidad, esta configurándose, en el laboratorio haitiano, una nueva forma de intervención legitimada en nombre de la seguridad y presentada como cooperación regional.
Bukele, sea que triunfe o fracase, no está solo llevando seguridad a Haití. Está poniendo su bota al servicio de una nueva arquitectura de dominación imperial en América Latina y el Caribe.
Felipe Limarino, El Alto-Bolivia, 17 de noviembre de 2026
