La banca y el ahorro de la clase trabajadora: ¿dos caras de una misma moneda?
Por Diego Hernán Moscoso Sanginés Uriarte.
INTRODUCCIÓN
Las crisis bancarias de Ueno Bank, en Paraguay, y del Banco Fassil, en Bolivia, permiten reflexionar sobre las características y contradicciones de la actividad bancaria bajo las relaciones capitalistas de producción. Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, estos acontecimientos ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los recursos depositados en las entidades financieras y la situación de los ahorristas frente a las crisis bancarias.
Sin embargo, el problema no se limita a la seguridad de los depósitos. También es necesario preguntarse quién administra los recursos que ingresan al sistema financiero, hacia dónde se orientan y quiénes participan en las decisiones sobre su utilización. Esta cuestión adquiere especial importancia cuando consideramos que una parte de esos recursos proviene del trabajo y del ahorro de la clase trabajadora.
El presente artículo amplía esta reflexión para examinar el ahorro de los trabajadores en sus dos dimensiones: el ahorro financiero individual y el ahorro previsional. Ambos representan recursos generados a partir de los ingresos laborales, aunque tienen características, finalidades y condiciones de administración diferentes. Su consideración conjunta permite reconocer una potencialidad económica que trasciende la relación convencional entre trabajadores, entidades bancarias y sistema financiero.
A partir de esta perspectiva, se plantea la posibilidad de que los trabajadores participen como inversionistas sin dejar de ser trabajadores, contribuyendo al desarrollo de unidades productivas organizadas bajo relaciones no capitalistas de producción. Para ello, se examinan las posibilidades de transformación de la institucionalidad pública de la seguridad social y, en una perspectiva de mayor alcance, las condiciones para el surgimiento de nuevas instituciones financieras y bancarias vinculadas al desarrollo de esas relaciones económicas.
La reflexión no pretende presentar un modelo financiero acabado, sino identificar posibilidades y líneas de transformación que permitan vincular el ahorro de la clase trabajadora con el desarrollo de las capacidades productivas de las organizaciones económicas en las que participa y con la construcción de alternativas económicas basadas en otras relaciones de producción.
1. LA BANCA COMO CAMPO DE ACUMULACIÓN DEL CAPITAL
1.1. La banca y el dinero: una relación histórica
El dinero y la banca tienen orígenes históricos diferentes, vinculados a necesidades y procesos económicos particulares. El dinero surge del desarrollo de las relaciones de intercambio y de las distintas formas de equivalencia entre los productos del trabajo. La actividad bancaria, por su parte, aparece posteriormente, asociada a prácticas de custodia, préstamo, administración y movilización de recursos monetarios.
A lo largo de la historia, ambas actividades fueron articulándose y transformando sus funciones y formas de organización en correspondencia con las condiciones histórico-sociales y el desarrollo de las relaciones de producción. Sus características, por tanto, no son universales ni inmutables, sino que responden a las necesidades y particularidades de cada contexto histórico.
En ese sentido, el dinero y la banca son instituciones históricas y, como tales, susceptibles de transformación. Comprender su evolución permite reconocer que sus formas de organización, funciones y finalidades no están determinadas de manera definitiva, sino que pueden modificarse conforme cambian las relaciones sociales de producción.
1.2. EL DINERO Y LA BANCA BAJO LAS RELACIONES CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN: UN PROCESO HISTÓRICO
Bajo las relaciones capitalistas de producción, el dinero y la banca adquieren características y funciones particulares, vinculadas al desarrollo, la acumulación y la reproducción ampliada del capital. Su transformación no constituye un proceso aislado, sino que forma parte de la dinámica general del capitalismo, de sus contradicciones y de sus tendencias históricas.
Una de las características propias de este régimen de producción es su tendencia permanente a la expansión. La competencia entre capitales impulsa la búsqueda de nuevas posibilidades de valorización, mayores niveles de acumulación, mercados, materias primas, recursos naturales, fuerza de trabajo y oportunidades de inversión. Esta dinámica también promueve transformaciones en los procesos productivos, el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y la concentración y centralización del capital (Marx, El capital, tomos I y III).
Sin embargo, este proceso no transcurre de manera lineal ni continua. Las contradicciones de la acumulación capitalista se manifiestan también en crisis económicas recurrentes y ciclos de expansión y contracción, que provocan la desvalorización y destrucción de capitales, la reorganización de actividades económicas y la configuración de nuevas condiciones para la acumulación. Por tanto, la competencia, la expansión, la acumulación y las crisis constituyen momentos interrelacionados de una misma dinámica histórica (Marx, El capital, tomo III).
Esta dinámica expansiva no se limita a las economías nacionales ni a los espacios donde las relaciones capitalistas de producción ya se encuentran consolidadas. También se proyecta hacia territorios y sociedades en los que predominan otras formas de organización económica, incorporándolos progresivamente a los circuitos de valorización del capital. Esta expansión adquiere dimensiones comerciales, financieras, territoriales, políticas y militares.
En este proceso, el dinero, sin dejar de cumplir sus funciones vinculadas al intercambio y la circulación de mercancías, adquiere nuevas funciones dentro del movimiento de valorización del capital. Marx desarrolla esta transformación al analizar el capital-dinero, el capital que devenga interés y el crédito (El capital, tomo III). La actividad bancaria adquiere así una función específica dentro de la reproducción capitalista: concentra, administra y moviliza recursos monetarios, concede créditos y participa en la creación de dinero bancario, contribuyendo a ampliar las posibilidades de acumulación y circulación del capital.
Esta relación se profundiza conforme se desarrolla el capitalismo. Rudolf Hilferding, en El capital financiero, analiza la creciente articulación entre el capital bancario y el capital industrial, así como la concentración del capital y la formación de estructuras financieras con influencia sobre distintas actividades económicas. Lenin retoma y profundiza este análisis al estudiar la concentración y los monopolios, la oligarquía financiera, la exportación de capitales y la formación de asociaciones monopolistas internacionales, identificando en estos procesos características fundamentales del imperialismo (Hilferding, El capital financiero; Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo).
Por su parte, John A. Hobson y Rosa Luxemburgo permiten ampliar la comprensión de esta dinámica desde otras dimensiones. Hobson examina la influencia de los intereses financieros en la expansión imperialista (Estudio del imperialismo), mientras que Luxemburgo analiza la relación entre la acumulación capitalista y los espacios económicos no capitalistas, destacando particularmente el papel de los empréstitos internacionales y del militarismo en los procesos de expansión y subordinación económica (La acumulación del capital).
El militarismo constituye otra dimensión de la expansión imperialista. Por una parte, representa un campo de acumulación de capital mediante la producción y comercialización de armamento, equipamiento y otros bienes y servicios destinados a la actividad militar. Por otra, constituye el brazo operativo de las potencias imperialistas para la conquista, la amenaza, el dominio y el sometimiento de otros territorios y sociedades, así como para la apropiación de sus recursos y la subordinación de sus economías. De esta manera, los intereses económicos, financieros, políticos y militares se articulan en el proceso de expansión del capital (Hobson, Estudio del imperialismo; Luxemburgo, La acumulación del capital; Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo).
En este contexto, la expansión del capital financiero también adquiere una dimensión internacional de poder y dominación. La exportación de capitales, los empréstitos internacionales y la creciente influencia de los intereses financieros contribuyen a configurar relaciones económicas asimétricas entre países. A ello se suma la hegemonía de determinadas monedas en el comercio, las reservas y las operaciones financieras, así como la dependencia de los sistemas internacionales de financiamiento y pagos, factores que pueden condicionar las posibilidades de decisión económica y política de los países subordinados (Hobson, Estudio del imperialismo; Luxemburgo, La acumulación del capital).
En consecuencia, la banca no puede comprenderse únicamente como una actividad especializada en la intermediación financiera ni como un conjunto de instituciones destinadas a administrar depósitos y conceder créditos. Bajo las relaciones capitalistas de producción constituye una estructura económica integrada a la dinámica de acumulación, competencia y expansión del capital, que participa en la movilización de recursos, condiciona su distribución y contribuye a orientar los procesos de reproducción económica. Su desarrollo expresa, a la vez, las transformaciones y contradicciones del propio régimen capitalista.
1.3. LA BANCA: MÁS ALLÁ DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Los textos convencionales de economía suelen definir la banca como una actividad de intermediación financiera, cuya función consiste en captar recursos monetarios y canalizarlos hacia quienes requieren financiamiento. Sin embargo, esta definición resulta insuficiente para comprender su papel dentro de las relaciones capitalistas de producción.
La banca constituye, por una parte, un negocio y un campo de valorización del capital invertido en su propia actividad. Sus propietarios y accionistas buscan obtener ganancias mediante las operaciones y servicios financieros que ofrece. Para desarrollar estas actividades requiere infraestructura, tecnología, fuerza de trabajo y bienes y servicios provenientes de otros sectores económicos, generando también una demanda específica dentro de la economía.
Por otra parte, la banca constituye una estructura financiera que concentra, administra y moviliza recursos monetarios de distintos agentes económicos, incluidos los ahorros de la clase trabajadora, y los canaliza hacia diferentes actividades mediante operaciones de crédito. De esta manera, no solamente participa en el financiamiento de la acumulación del capital, sino que también interviene en la orientación y distribución de los recursos hacia sectores y actividades económicas determinadas, posibilitando nuevas inversiones y ampliaciones de la actividad productiva.
Adicionalmente, mediante el financiamiento de empresas, industrias y negocios capitalistas, la banca contribuye a extender estas relaciones de producción hacia espacios donde predominan otras formas de organización económica. Este proceso permite al capital acceder a nuevos mercados, recursos naturales, materias primas y fuerza de trabajo, al tiempo que puede transformar, subordinar o desplazar las actividades económicas preexistentes e incluso provocar la desaparición de algunas de ellas.
Estas dos dimensiones —la valorización del capital en la propia actividad bancaria y su intervención en la acumulación y expansión del capital en otros sectores— permiten comprender por qué la banca constituye mucho más que una actividad de intermediación financiera: es también una estructura que participa en la dinámica de acumulación y expansión de las relaciones capitalistas de producción.
2. CARACTERIZACIÓN DE LA BANCA EN BOLIVIA: CONFIGURACIÓN EMPRESARIAL Y VULNERABILIDADES ESTRUCTURALES
El caso del Banco Fassil permite aproximarnos a algunas características de la banca boliviana que merecen atención. Una de ellas es la vinculación de determinadas entidades financieras con grupos empresariales y redes de intereses económicos que trascienden la actividad estrictamente bancaria. Esta dimensión ha sido estudiada por Nathanael Hastie Falkiner en su investigación Los dueños de Bolivia: reconfiguración de la oligarquía financiera en el «proceso de cambio» (2006-2019), que permite examinar las relaciones entre grupos económicos y financieros y la reconfiguración de las élites económicas del país. Su trabajo constituye una referencia para profundizar esta cuestión, cuyo análisis específico excede los objetivos del presente artículo.
La configuración empresarial de la banca boliviana debe comprenderse, por tanto, en relación con la estructura económica del país, los grupos de poder económico y las distintas relaciones de producción que conforman su formación económica y social. No se trata de un ámbito homogéneo ni aislado del resto de las actividades económicas, sino de un sector que mantiene vínculos con diferentes grupos empresariales e intereses económicos.
Por otra parte, la actividad bancaria presenta vulnerabilidades estructurales relacionadas con la posibilidad de que numerosos depositantes soliciten simultáneamente la devolución de sus recursos. Aunque las entidades financieras cuentan con reservas de liquidez y mecanismos de financiamiento, su capacidad para responder a retiros masivos tiene límites. Cuando estos superan los recursos disponibles y las posibilidades de financiamiento inmediato, pueden generarse dificultades que comprometan el funcionamiento de una entidad y, si la desconfianza se extiende, afectar al conjunto del sistema bancario.
Ante situaciones de esta naturaleza, las autoridades pueden recurrir a los mecanismos legales e institucionales existentes y adoptar medidas destinadas a contener las crisis y preservar la estabilidad del sistema. Sin embargo, estas intervenciones no necesariamente garantizan que todos los depositantes puedan disponer inmediatamente de la totalidad de sus ahorros. Dependiendo de las circunstancias y de los mecanismos de resolución aplicados, la recuperación de los recursos puede estar sujeta a restricciones temporales, procedimientos de devolución y cronogramas de pago.
El caso del Banco Fassil constituye un antecedente concreto de crisis bancaria en Bolivia. Sus causas y circunstancias particulares no deben confundirse con las vulnerabilidades generales de la actividad bancaria, pero permiten recordar que, cuando una entidad entra en crisis, los depositantes pueden ver comprometida su capacidad de disponer oportunamente de sus propios recursos.
En conjunto, estos elementos permiten reconocer que la banca boliviana cumple una función relevante en la economía, pero su configuración empresarial y sus relaciones con los grupos de poder económico, junto con las vulnerabilidades propias de su funcionamiento, deben ser examinadas para comprender su papel dentro de la formación económica y social del país.
3. BOLIVIA Y EL MODELO DE ECONOMÍA PLURAL
La Constitución Política del Estado de 2009 establece un modelo de economía plural que reconoce la coexistencia de cuatro formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Este reconocimiento comprende tanto la organización económica de las naciones y pueblos indígena originario campesinos como la iniciativa privada, las empresas estatales y las cooperativas, a las que el Estado reconoce y protege como formas de trabajo solidario y de cooperación (arts. 306 al 310).
En el ámbito rural, la Constitución también contempla el fortalecimiento de las organizaciones económicas productivas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, los emprendimientos comunitarios y las unidades de producción familiar y campesina. De esta manera, reconoce la importancia de los pequeños productores y de las organizaciones económicas campesinas en el desarrollo del país (arts. 405 y 406).
Asimismo, establece que las trabajadoras y los trabajadores pueden participar en la reactivación y reorganización de empresas en determinadas circunstancias, mediante la conformación de empresas comunitarias o sociales, disposición que posteriormente fue desarrollada por la Ley N.º 1055, de Creación de Empresas Sociales (art. 54, parágrafo III).
Este marco constitucional reconoce la diversidad de formas de organización económica y plantea su articulación. Sin embargo, para comprender cómo se expresa esa diversidad en la realidad económica del país, es necesario examinar las relaciones de producción que coexisten, sus características y su desarrollo histórico. Esto nos conduce al estudio de la formación económica y social boliviana.
3.1. LA FORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL BOLIVIANA
En el prólogo a la primera edición de El capital, Karl Marx concibe el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso de historia natural. Esta concepción permite comprender que las relaciones económicas y sociales no son resultado exclusivo de la voluntad individual, sino que se constituyen históricamente bajo determinadas condiciones materiales de existencia. Los seres humanos nacen y desarrollan su vida dentro de relaciones que los preceden y condicionan su actividad, pero que, mediante su práctica social, pueden reproducir o transformar.
Desde esta perspectiva, la formación económica y social boliviana es el resultado de un proceso histórico en el que se han constituido distintas relaciones de producción y formas de organización económica. Como señala Gabriel Loza (2013), la economía boliviana presenta una composición heterogénea, caracterizada por la coexistencia de distintas formas económicas y su articulación con los mercados nacionales e internacionales. A esta caracterización incorporamos las formas postcapitalistas, que surgen en el propio seno del capitalismo como resultado de sus contradicciones (Moscoso, 2024).
En este sentido, podemos distinguir tres grandes categorías. Las formas precapitalistas comprenden las organizaciones comunitarias, particularmente las vinculadas con las comunidades indígenas y campesinas, las organizaciones económicas campesinas, la producción artesanal, las unidades económicas familiares y los trabajadores por cuenta propia. Las formas capitalistas comprenden las empresas privadas y aquellas empresas estatales organizadas bajo relaciones capitalistas de producción. Por su parte, las formas postcapitalistas se expresan en organizaciones asociativas de trabajo, como las cooperativas y las empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores (Moscoso, 2024).
Estas formas de organización económica no se desenvuelven de manera autónoma ni independiente. Coexisten bajo el predominio de las relaciones capitalistas y la acumulación del capital, que las subordinan, subsumen y condicionan de distintas maneras: como proveedoras de materias primas e insumos, fuentes de mano de obra temporal y mercados para la realización de mercancías, entre otras formas de articulación y dependencia.
Esta heterogeneidad se desarrolla en condiciones asimétricas y contradictorias, pero también contiene experiencias, capacidades y potencialidades económicas y sociales que merecen ser reconocidas y estudiadas. Por ello, resulta necesario profundizar en el conocimiento de las distintas formas de organización económica, sus particularidades, necesidades y posibilidades de reproducción y desarrollo.
La formación económica y social boliviana no constituye, por tanto, una realidad inmutable ni un destino predeterminado. Su carácter histórico y contradictorio también contiene posibilidades de transformación y de desarrollo de otras formas de organización de la producción y del trabajo.
3.2. LAS POTENCIALIDADES DE LA FORMACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA
La formación económica de la sociedad boliviana constituye una totalidad histórica y dinámica, cuyos distintos componentes se encuentran en permanente interacción y se condicionan mutuamente. Las relaciones entre las diversas formas de organización económica no permanecen invariables, sino que pueden experimentar transformaciones en función de las condiciones materiales e históricas en las que se desenvuelven. Estas interacciones influyen tanto en sus posibilidades de reproducción como en sus capacidades de desarrollo y transformación.
Las relaciones entre los distintos componentes de esta totalidad no son necesariamente armónicas ni permanentemente conflictivas. Pueden desenvolverse mediante acuerdos, intercambios, cooperación y complementariedad, aun cuando subsistan diferencias y contradicciones de intereses. Una empresa minera, por ejemplo, puede mantener relaciones económicas con comunidades indígenas de su entorno, contratar a sus integrantes como trabajadores y establecer vínculos comerciales con ellas. Sin embargo, también pueden surgir disputas por el uso del agua, la contaminación ambiental, la afectación de los territorios y las condiciones materiales de reproducción de las comunidades.
Estas situaciones muestran cómo las relaciones de complementariedad y dependencia pueden coexistir con contradicciones que, bajo determinadas circunstancias, se hacen manifiestas.
En este contexto, la lucha de clases constituye una dimensión fundamental de las contradicciones que atraviesan la formación económica de la sociedad. No se expresa exclusivamente en las relaciones entre trabajadores asalariados y propietarios de los medios de producción, sino que también se manifiesta en disputas por los recursos naturales, el territorio, el agua, los medios de producción, los mercados, el financiamiento y las condiciones de reproducción material. Estas contradicciones no necesariamente se traducen en enfrentamientos abiertos y permanentes. Pueden permanecer latentes en la cotidianidad de las relaciones económicas y sociales, hasta que determinados acontecimientos, decisiones o circunstancias exacerban las tensiones existentes y propician su manifestación en conflictos, resistencias, negociaciones o movilizaciones.
Tales manifestaciones pueden tener un carácter localizado o, bajo determinadas condiciones, extenderse y articular a distintos sectores, actividades económicas y espacios geográficos.
Una de las contradicciones fundamentales que atraviesa esta formación económica se encuentra entre los intereses de la clase capitalista y la acumulación del capital, por una parte, y las condiciones de existencia, reproducción y desarrollo de las relaciones de producción no capitalistas, por otra. Esto no significa que todas las relaciones entre ambas sean necesariamente conflictivas ni que las distintas formas de organización económica no capitalistas constituyan un conjunto homogéneo. Estas también presentan diferencias, contradicciones e intereses particulares. Sin embargo, sus necesidades y condiciones de reproducción pueden generar puntos de confluencia frente a determinadas formas de subordinación y dependencia vinculadas a la expansión y acumulación del capital.
Esta posibilidad permite reconocer la existencia de intereses compartidos que podrían adquirir una dimensión colectiva, sin que ello suponga eliminar sus particularidades.
Desde esta perspectiva, las distintas experiencias económicas no capitalistas no tienen por qué limitarse a coexistir como unidades particulares y aisladas. Sus relaciones pueden desarrollar mayores niveles de articulación, organización, coordinación y cooperación. La diversidad de sus conocimientos, experiencias, recursos, capacidades productivas y formas de organización del trabajo puede constituir una fuente de posibilidades que no necesariamente se encuentran disponibles para cada organización de manera individual.
La articulación permitiría establecer vínculos entre ellas sin que esto suponga adoptar una misma forma de propiedad u organización; la coordinación y la cooperación podrían contribuir a complementar sus capacidades y actividades; mientras que la organización y la planificación expresarían la posibilidad de proyectar conscientemente objetivos e intereses compartidos.
Estos aspectos no constituyen etapas sucesivas ni procesos independientes, sino dimensiones relacionadas que pueden fortalecerse mutuamente.
La interacción entre las distintas formas de organización económica también puede producir modificaciones en sus capacidades materiales, productivas y organizativas. El fortalecimiento de determinadas experiencias, su vinculación con otras y el desarrollo de nuevas capacidades pueden generar cambios cuantitativos que, bajo condiciones materiales e históricas concretas, den lugar a transformaciones cualitativas de sus relaciones de producción. Sin embargo, estos procesos no se producen de manera automática ni responden a una trayectoria lineal.
Pueden experimentar avances, retrocesos, expansiones, contracciones y nuevas configuraciones, dependiendo de las condiciones existentes, las contradicciones que atraviesan esas relaciones y las decisiones y acciones de los sujetos involucrados.
La historia demuestra que las relaciones de producción no son inmutables. Las distintas sociedades han experimentado transformaciones en sus formas de organizar la producción y el trabajo; por tanto, no podemos considerar que las relaciones capitalistas de producción constituyan una forma definitiva de organización económica. Reconocer esta posibilidad histórica no significa afirmar que exista una evolución predeterminada ni garantizar que las transformaciones conduzcan necesariamente a formas de organización emancipadoras.
Significa comprender que las relaciones económicas y sociales tienen un carácter histórico y que sus condiciones de reproducción pueden modificarse mediante la práctica social.
Por ello, reconocer las potencialidades de la formación económica de la sociedad boliviana implica prestar atención no solamente a la diversidad de formas de organización económica que la integran, sino también a las relaciones, capacidades y posibilidades que pueden desarrollarse mediante su interacción.
La intervención consciente de los sujetos sociales, a través de la articulación, la organización, la coordinación, la cooperación y la planificación, puede contribuir a crear condiciones materiales e institucionales que amplíen las posibilidades de reproducción y desarrollo de otras relaciones de producción. En consecuencia, la diversidad económica del país no representa solamente una característica de su configuración actual, sino también un campo de posibilidades de interacción y transformación que puede contribuir a la emancipación del trabajo.
4. EL TRABAJO COMO ACTIVIDAD HUMANA Y EL TRABAJADOR COMO SUJETO INDIVIDUAL Y COLECTIVO
4.1. El trabajo como actividad humana y social
El trabajo es una actividad inherente a la existencia humana y constituye una condición fundamental para la reproducción y el desarrollo de la vida. Mediante él, los seres humanos se relacionan con la naturaleza, transforman su entorno y producen, obtienen y conservan los medios y las condiciones materiales necesarias para su existencia. Como señala Marx en El capital, este proceso de metabolismo entre el ser humano y la naturaleza transforma tanto el entorno como al propio ser humano.
El trabajo es una actividad consciente y orientada a una finalidad que requiere desplegar capacidades físicas e intelectuales, conocimientos, habilidades, instrumentos, tiempo y energía vital. Pero no constituye únicamente una relación con la naturaleza, sino también una forma de relacionamiento entre las personas. Su desarrollo es social e histórico, pues cada generación recibe y transforma conocimientos, experiencias, técnicas e instrumentos acumulados colectivamente.
La reproducción de la vida comprende diversas formas de trabajo: desde la producción y obtención de medios de consumo y de producción hasta su preparación, conservación y distribución, incluyendo las actividades domésticas y de cuidado. Estas actividades, sean mercantiles o no mercantiles, remuneradas o no remuneradas, requieren capacidades y tiempo de vida y contribuyen, de distintas maneras, a la reproducción individual y colectiva. Sus formas de organización y distribución responden a condiciones históricas y sociales que también determinan la división del trabajo.
4.2. El trabajador como sujeto individual y colectivo
El trabajador, como sujeto individual, despliega sus capacidades físicas e intelectuales, conocimientos, habilidades y experiencias mediante el trabajo. Estas capacidades se forman y desarrollan a lo largo de la vida, mediante el aprendizaje, la educación, la práctica y la transmisión de conocimientos entre generaciones.
Al mismo tiempo, el trabajador es un sujeto social. Su actividad se encuentra vinculada con la de otras personas mediante relaciones de cooperación, complementariedad e interdependencia. El trabajo colectivo permite articular capacidades individuales y alcanzar resultados que superan las posibilidades de cada persona por separado. De esta relación surge un patrimonio común de conocimientos, experiencias y capacidades que cada generación reproduce y transforma.
Por tanto, la dimensión individual y colectiva del trabajador constituye una unidad: las capacidades individuales se desarrollan socialmente y, a su vez, el desarrollo colectivo depende de la participación y contribución de los individuos.
4.3. El trabajo bajo las relaciones capitalistas de producción
Bajo el capitalismo, la fuerza de trabajo se convierte en mercancía y quienes están separados de los medios de producción deben venderla para obtener los medios de subsistencia. El proceso de trabajo queda subordinado al proceso de valorización del capital y sus resultados, aunque sean producto de una actividad social y colectiva, son objeto de apropiación privada.
Esta relación genera contradicciones entre las posibilidades de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y las relaciones sociales bajo las cuales se organiza la producción. Se expresa también en la división restrictiva del trabajo, la enajenación y la desigualdad en la propiedad y apropiación de los medios y resultados de la producción.
Una de sus manifestaciones estructurales es la reproducción de una superpoblación relativa o ejército industrial de reserva, concepto desarrollado por Marx para explicar cómo la acumulación capitalista genera una población trabajadora relativamente excedente respecto de sus necesidades de valorización. De esta manera, personas con capacidades, conocimientos y voluntad de trabajar pueden quedar excluidas de las posibilidades de vender su fuerza de trabajo, aun cuando desarrollen otras actividades para procurar su subsistencia. Esta situación limita sus posibilidades de obtener ingresos suficientes, satisfacer sus necesidades materiales y desarrollar sus capacidades en condiciones adecuadas.
4.4. La emancipación del trabajo y el desarrollo humano
La emancipación del trabajo supone superar las relaciones sociales que subordinan la actividad humana a la valorización del capital y separan a los trabajadores de los medios de producción, del control sobre el proceso productivo y de los resultados de su propio trabajo. Implica transformar las relaciones de propiedad y producción, desarrollar formas de organización colectiva y social de los medios de producción y garantizar la participación de los trabajadores en las decisiones, la planificación y los resultados de la actividad productiva.
Asimismo, supone superar el desempleo estructural y la reproducción del ejército industrial de reserva, creando condiciones para que todas las personas puedan desplegar y desarrollar sus capacidades mediante el trabajo y participar en las distintas actividades necesarias para la reproducción y el desarrollo de la vida colectiva. Esto requiere superar las formas restrictivas y enajenantes de división del trabajo y democratizar la organización de la economía, de manera que la producción responda a las necesidades sociales y no exclusivamente a las exigencias de acumulación del capital.
Finalmente, el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo debe permitir reducir el tiempo socialmente necesario para producir los medios de vida y ampliar el tiempo disponible para el descanso, la recreación, el conocimiento, el arte, la ciencia y otras dimensiones de la existencia humana. En este sentido, la emancipación del trabajo representa una transformación de las relaciones de producción y de las condiciones materiales y sociales de existencia, orientada al desarrollo integral de las capacidades humanas, individuales y colectivas.
5. LA CLASE TRABAJADORA Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO EN BOLIVIA
Para los fines del presente artículo, entendemos por sistema financiero el conjunto de normas, instituciones, entidades, instrumentos, mecanismos y servicios que intervienen en la captación, administración, movilización, intermediación e inversión de recursos financieros. Comprende instituciones de diferente naturaleza y tipo de propiedad —públicas, privadas y mixtas—, que desarrollan distintas actividades, cumplen funciones y objetivos particulares y se encuentran sujetas a marcos normativos y condiciones específicas de funcionamiento.
El sistema financiero comprende distintos componentes y campos de actividad, entre ellos las entidades de intermediación financiera y los servicios bancarios, las instituciones administradoras de fondos de inversión, las entidades encargadas de administrar los fondos previsionales, los mercados de valores y capitales, las entidades aseguradoras y las instituciones de financiamiento para el desarrollo productivo. Aunque estos componentes mantienen relaciones entre sí, tienen funciones, atribuciones y finalidades particulares.
La clase trabajadora se relaciona con estas instituciones desde distintas posiciones económicas. En su condición de ahorrista, genera y reserva recursos que se expresan tanto en el ahorro financiero individual, mediante depósitos y otros instrumentos financieros, como en el ahorro previsional, constituido por las aportaciones destinadas a financiar sus prestaciones futuras y administradas institucionalmente por la Gestora Pública. Ambas dimensiones tienen finalidades, condiciones de administración y disponibilidad diferentes, pero tienen un origen común: los ingresos generados mediante el trabajo.
Como prestataria, la clase trabajadora también recurre al financiamiento para atender distintas necesidades personales y familiares, adquirir bienes de consumo, construir o mejorar una vivienda, comprar un vehículo, financiar estudios, afrontar contingencias o desarrollar actividades económicas y productivas. El crédito constituye, por tanto, un mecanismo al que los trabajadores acuden para complementar sus ingresos y atender necesidades que no pueden cubrir inmediatamente con los recursos disponibles. Sin embargo, las condiciones de acceso y financiamiento dependen de sus ingresos, patrimonio, capacidad de endeudamiento y de los requisitos establecidos por las entidades financieras.
Estas relaciones permiten reconocer que la clase trabajadora no participa únicamente como ahorrista y prestataria, sino también como inversionista. Esta condición ya se manifiesta cuando un trabajador destina sus ahorros o recurre al crédito para desarrollar una actividad económica propia, como instalar un taller, adquirir herramientas, comprar mercadería o materias primas e iniciar un pequeño negocio. También puede participar en el financiamiento de actividades económicas de terceros mediante la adquisición de acciones, bonos u otros instrumentos financieros, así como a través de mecanismos de inversión colectiva.
Sin embargo, la posibilidad de participar como inversionista no se limita a la utilización de los instrumentos que actualmente ofrece el sistema financiero. También supone que los trabajadores puedan asumir un papel más activo y consciente en las decisiones sobre el destino de sus recursos, eligiendo voluntariamente las actividades económicas que desean financiar y participando, de acuerdo con las características de cada mecanismo, en las decisiones de inversión y sus resultados. Esto implica trascender una relación en la que las entidades financieras administran y deciden fundamentalmente sobre la canalización de los recursos captados, para ampliar las posibilidades de intervención de los propios trabajadores, tanto individual como colectivamente.
La posibilidad de acceder a los distintos servicios e instrumentos financieros no se traduce, sin embargo, en iguales condiciones de participación para todos los trabajadores. Aunque existen mecanismos institucionales y normativos que permiten su acceso, las posibilidades materiales dependen de sus niveles de ingreso, capacidad de ahorro, disponibilidad de excedentes, patrimonio y capacidad de endeudamiento. Mientras algunos apenas disponen de recursos para cubrir sus necesidades inmediatas, otros pueden mantener depósitos, constituir ahorros a plazo, acceder a créditos o realizar inversiones.
En consecuencia, la relación de la clase trabajadora con el sistema financiero comprende estas distintas dimensiones, cuyo alcance está condicionado por sus condiciones económicas y materiales y por las características de las instituciones que administran y movilizan sus recursos. Reconocerlas permite examinar no solamente la participación de los trabajadores en el sistema financiero actual, sino también las posibilidades de ampliar su intervención en las decisiones de financiamiento e inversión y en el desarrollo de las actividades productivas.
6. HACIA UN SISTEMA FINANCIERO AL SERVICIO DE LA CLASE TRABAJADORA Y LAS ECONOMÍAS NO CAPITALISTAS: LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES DE TRANSFORMACIÓN
El análisis desarrollado hasta aquí permite identificar una contradicción fundamental: la clase trabajadora genera una parte sustancial de los recursos que circulan por el sistema financiero, tanto mediante sus ahorros individuales como a través de sus aportes al sistema de seguridad social de largo plazo; sin embargo, tiene escasa participación en la administración, orientación y destino de esos recursos. Al mismo tiempo, las unidades económicas organizadas bajo relaciones no capitalistas de producción encuentran dificultades para acceder al financiamiento necesario para desarrollar y ampliar sus capacidades productivas.
Esta situación plantea la necesidad de pensar en alternativas que no se limiten a mejorar las condiciones de acceso de los trabajadores a la banca privada, sino que permitan transformar progresivamente las formas de administración y utilización de sus recursos económicos. Para ello, podemos distinguir tres dimensiones: los límites de la banca privada y las posibilidades de intervención de la clase trabajadora; las posibilidades que ofrece la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo; y la perspectiva de que el desarrollo y la articulación de las economías no capitalistas generen las condiciones para el surgimiento de una nueva institucionalidad financiera.
6.1. LOS LÍMITES DE LA BANCA PRIVADA Y LAS POSIBILIDADES DE LA CLASE TRABAJADORA
Durante la década de 1990, la crisis y liquidación de varias entidades financieras, entre ellas el Banco Sur, el Banco de Cochabamba y el Banco Internacional de Desarrollo (BIDESA), requirió la intervención del Banco Central de Bolivia. Ante la imposibilidad de esas entidades de responder por los depósitos de sus clientes, el BCB asumió el respaldo financiero necesario para atender su devolución y evitar que la desconfianza se extendiera al conjunto del sistema bancario.
De acuerdo con la Memoria 2025 del Banco Central de Bolivia, todavía se registraban acreencias (deudas pendientes de cobro) originadas por el apoyo financiero que la institución había otorgado para atender la devolución de los depósitos del público. Esto evidencia que aún no se ha recuperado la totalidad de los recursos erogados para cumplir las obligaciones de las entidades financieras intervenidas (BCB, 2026).
Este antecedente permite observar la vulnerabilidad de los recursos de la clase trabajadora frente a las crisis bancarias y, al mismo tiempo, conduce a examinar su participación en el sistema financiero. Esta participación se manifiesta de distintas maneras: los trabajadores utilizan cuentas bancarias para recibir sus salarios e ingresos, realizar pagos, efectuar transferencias y mantener sus ahorros. Incluso quienes perciben ingresos reducidos y carecen de una capacidad significativa de ahorro participan cotidianamente en las operaciones del sistema financiero. De esta manera, la actividad bancaria se encuentra vinculada con una parte importante de las relaciones económicas y de la circulación de recursos generados mediante el trabajo.
Sin embargo, esta participación no supone necesariamente que los trabajadores tengan capacidad para intervenir en la administración de los recursos que depositan, en las decisiones sobre su utilización o en la orientación del financiamiento hacia determinadas actividades económicas. Aunque sus depósitos constituyen una fuente de recursos para las entidades financieras, las decisiones sobre su canalización permanecen fundamentalmente bajo el control de estas últimas. Se produce así una separación entre quienes generan y aportan una parte de los recursos que circulan por el sistema bancario y quienes tienen la capacidad de decidir sobre su administración y destino.
Esta situación debe analizarse considerando también las condiciones materiales de la clase trabajadora. No todos los trabajadores tienen ingresos suficientes para ahorrar después de atender sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación y otras condiciones necesarias para su reproducción material. Por tanto, la posibilidad de participar en alternativas de inversión financiera no depende únicamente de la voluntad individual, sino también de la existencia de ingresos y excedentes disponibles. Las propuestas que descansan exclusivamente en la capacidad individual de ahorro dejan al margen a una parte importante de los trabajadores, cuya participación en el sistema financiero se limita principalmente al uso de servicios y a la realización de operaciones cotidianas.
A esta limitación se suma la vulnerabilidad de los depósitos ante las crisis bancarias. La regulación, la supervisión estatal, los mecanismos de intervención y los instrumentos de protección de los depositantes son necesarios para preservar la estabilidad del sistema y atender las situaciones de crisis. Por ello, resulta importante fortalecer los mecanismos legales, normativos e institucionales de prevención y resolución de estas situaciones, así como los procedimientos destinados a resguardar los derechos de los depositantes y atender la devolución de sus recursos. Sin embargo, la existencia de estos mecanismos no significa que los depositantes puedan disponer siempre e inmediatamente de la totalidad de sus ahorros.
Por otra parte, la banca privada comprende distintas modalidades de entidades financieras, entre ellas los bancos comerciales, las cooperativas de ahorro y crédito, las mutuales y otras instituciones de intermediación financiera. Estas entidades presentan diferencias en su naturaleza jurídica, organización y funcionamiento, y ofrecen distintas posibilidades de acceso a servicios financieros. Algunas, como las cooperativas, pueden incorporar mecanismos de participación de sus asociados en la administración y orientación de sus actividades. Sin embargo, estas particularidades no significan que su existencia transforme por sí misma las relaciones de producción predominantes. En términos generales, también desarrollan sus actividades dentro de las condiciones de funcionamiento del sistema capitalista y tienden a reproducir sus relaciones económicas.
De igual manera, los fondos de inversión y otros instrumentos financieros pueden ofrecer alternativas para canalizar recursos hacia determinadas actividades económicas y ampliar las posibilidades de participación de quienes disponen de excedentes. No obstante, su alcance depende de las condiciones de acceso, la disponibilidad de recursos y los criterios que orientan las inversiones. Por tanto, tampoco constituyen por sí solos una respuesta suficiente para los trabajadores que carecen de capacidad de ahorro ni garantizan una participación efectiva de la clase trabajadora en las decisiones sobre el destino de los recursos financieros.
No se trata de desconocer la importancia de estas entidades, instrumentos y alternativas, ni de descartar las reformas que puedan mejorar el funcionamiento de la banca y fortalecer la protección de los ahorristas. Se trata de reconocer sus alcances y distinguir las mejoras que pueden introducirse dentro de la institucionalidad existente de una transformación más profunda. Mientras se mantenga la separación entre quienes generan y aportan los recursos y quienes concentran las decisiones sobre su administración y destino, la participación de la clase trabajadora continuará limitada principalmente a su condición de usuaria, ahorrista o prestataria del sistema financiero.
Por tanto, la cuestión no consiste únicamente en mejorar las condiciones de acceso de los trabajadores a los servicios financieros, sino también en examinar las posibilidades de transformar progresivamente la organización de las instituciones, sus formas de propiedad y administración, y los criterios que orientan la utilización de los recursos. Esto supone avanzar hacia mecanismos que permitan a la clase trabajadora participar no solamente en la generación y provisión de recursos financieros, sino también en las decisiones sobre su destino y en los resultados económicos de las actividades que contribuye a financiar.
Identificar estas limitaciones y posibilidades permite distinguir entre las reformas necesarias dentro del sistema financiero existente y la perspectiva de construir una institucionalidad diferente, correspondiente a otras relaciones de producción.
6.2. LA CLASE TRABAJADORA Y SU RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO
En este apartado examinaremos las relaciones de la clase trabajadora con tres instituciones financieras vinculadas al Estado: la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, encargada de administrar los recursos previsionales de los asegurados; el Banco Unión, que desarrolla actividades de intermediación financiera, captación de depósitos y prestación de servicios financieros; y el Banco de Desarrollo Productivo, orientado al financiamiento de actividades productivas y al apoyo de los distintos actores de la economía plural.
Aunque estas instituciones tienen diferente naturaleza jurídica, administran recursos de distinta procedencia y cumplen funciones específicas, forman parte de la institucionalidad financiera vinculada al Estado y mantienen relaciones con la clase trabajadora desde distintos ámbitos.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo
Los recursos previsionales acumulados mediante las aportaciones de los trabajadores constituyen una importante fuente de financiamiento dentro del sistema financiero nacional. Su administración e inversión por parte de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo permiten observar la relación entre el ahorro previsional y las distintas actividades económicas hacia las cuales se canalizan estos recursos.
De acuerdo con el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia de julio de 2026, cerca del 48 % de la cartera de inversiones del Sistema Integral de Pensiones se encontraba concentrada en el sector financiero bancario. Este dato permite dimensionar la importancia de los recursos previsionales dentro del sistema financiero y su vinculación con las entidades bancarias (BCB, 2026).
El caso del Banco Fassil permite observar algunos de los riesgos asociados a esta relación. Las antiguas Administradoras de Fondos de Pensiones invirtieron recursos de los fondos previsionales en instrumentos financieros emitidos por esta entidad bancaria. Tras su quiebra, esas inversiones quedaron sujetas a procedimientos administrativos y jurídicos orientados a su recuperación. Este antecedente muestra que los recursos previsionales también pueden quedar expuestos a las dificultades de las entidades financieras en las que son invertidos.
En este contexto, resulta importante examinar no solamente los criterios de selección, evaluación y diversificación de las inversiones previsionales, sino también las disposiciones que orientan su destino. La Ley N.º 065 de Pensiones, en su artículo 140, parágrafo III, establece expresamente que la Gestora debe priorizar las inversiones de los fondos administrados en empresas productivas. Esta disposición debe interpretarse conjuntamente con el parágrafo II del mismo artículo, que establece que los recursos deben invertirse en valores o instrumentos financieros de oferta pública, mediante mercados primarios y secundarios autorizados y conforme a los límites previstos por la normativa. Por su parte, los artículos 141 y 142 regulan las políticas y los límites de inversión aplicables a los fondos administrados.
De esta manera, la legislación previsional contempla una orientación hacia las empresas productivas, cuya aplicación debe realizarse mediante los instrumentos y mecanismos de inversión permitidos por el marco legal vigente. Asimismo, el artículo 149 de la Ley N.º 065 establece las funciones y atribuciones de la Gestora, entre ellas la administración de los portafolios de inversión, la recaudación y administración de las contribuciones de los asegurados y la gestión de las prestaciones y beneficios del Sistema Integral de Pensiones.
Otro aspecto relevante se encuentra en el artículo 45, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado, que establece que la dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado, con control y participación social. Esta disposición reconoce la participación social como parte de la organización de la seguridad social y proporciona un fundamento para examinar los mecanismos mediante los cuales los asegurados pueden acceder a información, ejercer control y participar en los asuntos relacionados con la administración de los recursos previsionales. Esta participación no sustituye la gestión técnica y profesional de los fondos, sino que constituye una dimensión complementaria de su administración.
Asimismo, los artículos 92 y 93 de la Ley N.º 065 contemplan la incorporación de asegurados independientes y la posibilidad de establecer modalidades de recaudación para incorporar a otros sectores de trabajadores. Estas disposiciones permiten considerar la ampliación de la cobertura previsional hacia sectores laborales cuyas condiciones de trabajo y generación de ingresos no siempre corresponden a las modalidades tradicionales de empleo asalariado.
En consecuencia, la Gestora constituye una institución fundamental en la relación entre la clase trabajadora, el ahorro previsional y el sistema financiero. La administración de los recursos acumulados mediante las aportaciones de los asegurados, sus atribuciones de inversión y el marco normativo que regula su funcionamiento permiten reconocer la importancia económica de estos fondos y su vinculación con las actividades productivas.
El Banco Unión
El Banco Unión constituye una entidad bancaria pública cuya creación responde a disposiciones expresas de la Constitución Política del Estado. La Ley N.º 331, de 27 de diciembre de 2012, establece en su artículo 1 el marco constitucional de su creación, relacionándola con el modelo de economía plural, la organización económica estatal y la participación directa del Estado en la economía. Su artículo 3 crea la Entidad Bancaria Pública en la persona del Banco Unión S.A., con participación accionaria del Estado, a través del Tesoro General de la Nación, superior al 97 % de su capital social.
La misma ley establece, en su artículo 4, que la Entidad Bancaria Pública tiene entre sus finalidades realizar operaciones y prestar servicios financieros a la Administración Pública y al público en general, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional mediante el apoyo al sector productivo, constituido principalmente por las micro y pequeñas empresas, la artesanía, los servicios, las organizaciones comunitarias y las cooperativas de producción, sin excluir a otros tipos de empresas y unidades económicas en el marco de las políticas públicas establecidas por el Estado.
De manera más específica, el artículo 6 de esta ley establece funciones relacionadas con la contribución al desarrollo de la actividad económica nacional. Entre ellas contempla el otorgamiento de créditos a las micro y pequeñas empresas, artesanos, prestadores de servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción, principalmente en los sectores productivos, con el propósito de promover la generación de empleo y apoyar las políticas estatales de desarrollo económico y social. También contempla la administración de fondos especiales de fomento productivo, la coordinación con instituciones que prestan asistencia técnica y la promoción de la inclusión financiera.
Estas disposiciones permiten reconocer que la función del Banco Unión no se limita a la prestación de servicios financieros a la Administración Pública y al público en general. Su propio marco legal contempla expresamente el apoyo crediticio al sector productivo y a determinadas formas de organización económica reconocidas por la Constitución.
A su vez, la Ley N.º 393 de Servicios Financieros, en su artículo 175, establece que el Banco Público se rige por su propia ley en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización, y se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley de Servicios Financieros en materia de solvencia, prudencia financiera y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Asimismo, el artículo 4 de esta ley establece la función social de los servicios financieros y su contribución al desarrollo integral, en el marco de las políticas públicas.
Por tanto, la condición pública del Banco Unión debe examinarse no solamente a partir de su composición accionaria y de las operaciones que realiza, sino también en relación con las finalidades económicas y sociales que fundamentan su creación. Sus funciones forman parte de la política financiera estatal y deben guardar correspondencia con los mandatos constitucionales de promoción, apoyo y financiamiento de las distintas formas de organización económica que integran el modelo de economía plural.
El Banco de Desarrollo Productivo
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP-S.A.M.) constituye otra institución relevante dentro de la estructura financiera vinculada al Estado. A diferencia del Banco Unión, su naturaleza jurídica corresponde a una sociedad anónima mixta de derecho privado con fines públicos y participación accionaria mayoritaria del Estado, que desarrolla actividades financieras orientadas al fomento y la promoción del desarrollo productivo.
La Ley N.º 393 de Servicios Financieros establece, en su artículo 176, su naturaleza jurídica y participación accionaria; en el artículo 177, el marco normativo al que se sujetan sus actividades; y, en el artículo 178, su finalidad y rol estratégico en el financiamiento y la promoción del desarrollo productivo, de acuerdo con las prioridades establecidas en las políticas estatales.
Sin embargo, es especialmente importante el artículo 179, que establece sus funciones. Su inciso a) dispone que debe prestar servicios financieros y no financieros a los diferentes actores de la economía plural, directamente o mediante terceros. El inciso b) establece que debe financiar, bajo principios de equidad, inclusión y sustentabilidad social, económica y ambiental, a quienes no han tenido acceso a financiamiento en condiciones de fomento, con especial atención a las formas de organización económica comunitaria, social cooperativa e indígena originario campesina. Asimismo, el inciso c) lo reconoce como instrumento del Estado para otorgar financiamiento a emprendimientos productivos en sus etapas de inicio, crecimiento y consolidación.
Estas disposiciones tienen particular relevancia porque establecen expresamente que las actividades del BDP no deben limitarse a los actores económicos que tradicionalmente acceden al financiamiento bancario. Su mandato contempla a diferentes integrantes de la economía plural y reconoce la necesidad de facilitar el acceso a recursos financieros en condiciones de fomento para organizaciones y unidades productivas que enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento.
Por consiguiente, el Banco de Desarrollo Productivo constituye un componente específico de la institucionalidad financiera mediante el cual el Estado puede canalizar recursos y servicios financieros y no financieros hacia distintas formas de organización económica. Su marco normativo contempla expresamente a las organizaciones comunitarias, sociales cooperativas e indígena originario campesinas, así como a los diferentes actores productivos de la economía plural.
Consideraciones generales
El examen de estas tres instituciones permite reconocer diferentes formas de relación entre la clase trabajadora, los recursos financieros y la institucionalidad estatal. La Gestora administra e invierte los recursos previsionales constituidos mediante las aportaciones de los asegurados; el Banco Unión desarrolla actividades de intermediación financiera y contempla entre sus funciones el apoyo crediticio al sector productivo; y el Banco de Desarrollo Productivo tiene un mandato específico de fomento y financiamiento de los distintos actores de la economía plural.
Aunque sus funciones, naturaleza jurídica y ámbitos de intervención son diferentes, sus actividades se encuentran enmarcadas en un ordenamiento constitucional y legal que reconoce la diversidad de formas de organización económica y establece responsabilidades estatales para su promoción y desarrollo. En ese sentido, la Constitución Política del Estado, la Ley N.º 065 de Pensiones, la Ley N.º 331 de la Entidad Bancaria Pública y la Ley N.º 393 de Servicios Financieros constituyen fundamentos normativos importantes para examinar el papel de estas instituciones.
La existencia de estas disposiciones permite reconocer que la administración de los recursos previsionales, la intermediación financiera pública y el financiamiento productivo forman parte de una institucionalidad que debe guardar correspondencia con los objetivos constitucionales de la economía plural. Por tanto, las diferentes instituciones financieras vinculadas al Estado, desde sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia, deben desarrollar sus actividades en el marco de las responsabilidades estatales de promoción, apoyo y financiamiento de las distintas formas de organización económica reconocidas por la Constitución.
6.3. EL DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS NO CAPITALISTAS Y LA GESTACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA
El desarrollo de las economías no capitalistas requiere condiciones materiales, financieras, institucionales y políticas que permitan fortalecer sus capacidades productivas, ampliar sus actividades y consolidar formas de organización económica basadas en relaciones de propiedad, administración y participación diferentes de las capitalistas. En este sentido, la transformación de la institucionalidad financiera no puede considerarse un proceso separado del desarrollo de estas otras relaciones de producción, puesto que ambas dimensiones se encuentran directamente relacionadas y se condicionan mutuamente.
Como hemos señalado, las instituciones financieras existentes concentran recursos, administran fondos, ofrecen servicios y disponen de instrumentos, mecanismos y capacidades tecnológicas que pueden contribuir al financiamiento de distintas actividades económicas. Sin embargo, su funcionamiento y sus criterios de asignación de recursos responden a determinadas condiciones institucionales y relaciones económicas que no siempre corresponden a las características y necesidades de las economías no capitalistas.
Por consiguiente, es necesario considerar distintas posibilidades de intervención. Por una parte, aprovechar las capacidades, los recursos y los mecanismos que actualmente existen en la institucionalidad financiera del Estado; por otra, adecuar los instrumentos y las condiciones de financiamiento para facilitar la participación de las organizaciones económicas no capitalistas; y, simultáneamente, desarrollar mecanismos e instituciones financieras propias que respondan a sus necesidades y formas de organización.
Estas posibilidades no constituyen etapas que deban cumplirse necesariamente una después de otra. Son dimensiones complementarias que pueden desarrollarse de manera articulada, aprovechando las capacidades existentes y generando progresivamente nuevas condiciones para la transformación de la institucionalidad financiera.
6.3.1. APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS NO CAPITALISTAS
El desarrollo de las economías no capitalistas requiere aprovechar las condiciones institucionales, financieras, tecnológicas y operativas existentes en el sistema financiero del Estado. Esto supone identificar y utilizar sus recursos, instrumentos, mecanismos de financiamiento, capacidades administrativas y plataformas tecnológicas para canalizarlos hacia el fortalecimiento de las distintas formas de organización económica no capitalista. Se trata de aprovechar las capacidades ya disponibles, adecuando su utilización a las características y necesidades de estas organizaciones, sin que ello implique necesariamente modificar de inmediato la estructura general del sistema financiero.
En este propósito, las instituciones examinadas en el apartado anterior pueden desempeñar funciones complementarias. La Gestora Pública, el Banco Unión y el Banco de Desarrollo Productivo administran o movilizan recursos de distinta naturaleza y cuentan con atribuciones, capacidades y mecanismos que pueden contribuir, desde sus respectivos ámbitos de competencia, al desarrollo de las economías no capitalistas.
En el caso de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, podemos identificar dos posibilidades que merecen ser consideradas. La primera consiste en desarrollar un mecanismo específico de financiamiento para empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, mediante el cual estos puedan decidir voluntariamente destinar una parte de los recursos individualizados de sus cuentas previsionales para respaldar operaciones de financiamiento dirigidas a las unidades productivas de las que forman parte como trabajadores y propietarios colectivos.
Esta alternativa permitiría que los recursos previsionales de los trabajadores pudieran contribuir al sostenimiento y reactivación de sus propias fuentes de trabajo, particularmente cuando las empresas requieren recursos para adquirir materias primas, insumos, financiar capital de operación o atender los gastos necesarios para recuperar y mantener sus actividades productivas. No se trataría de establecer un mecanismo de libre disposición o retiro de los aportes previsionales, ni de transferir definitivamente esos recursos a las empresas, sino de explorar una modalidad de financiamiento reembolsable, respaldada por la participación voluntaria de los trabajadores involucrados y sujeta a condiciones de evaluación, protección de los recursos previsionales y recuperación de las operaciones financiadas.
La aplicación de un mecanismo de esta naturaleza requiere, desde luego, una habilitación legal específica, puesto que las atribuciones actuales de la Gestora y el régimen jurídico de los fondos previsionales no contemplan una facultad general para realizar operaciones de estas características. Su consideración supone, por tanto, examinar las modificaciones normativas e institucionales necesarias para hacerlo viable, sin comprometer la finalidad previsional de los recursos ni los derechos de los asegurados.
Una segunda posibilidad se relaciona con la capacidad de la Gestora para invertir en valores de deuda pública, dentro de los instrumentos y condiciones permitidos por la normativa vigente. Mediante la adquisición de estos valores, los recursos previsionales pueden contribuir al financiamiento del Estado, que, a su vez, dispone de mecanismos presupuestarios e institucionales para orientar los recursos obtenidos hacia la inversión pública.
En este caso, la relación entre los recursos previsionales y el desarrollo de las economías no capitalistas se produciría de manera indirecta: la Gestora realiza una inversión en instrumentos de deuda pública; el Estado obtiene financiamiento y puede destinarlo, mediante sus políticas, programas y proyectos de inversión, al fortalecimiento de las capacidades productivas de las distintas formas de organización económica. Esto permitiría vincular los recursos administrados por la Gestora con una estrategia de inversión pública orientada al desarrollo de las economías comunitarias, cooperativas, campesinas, asociativas y otras formas de organización no capitalista, sin confundir la inversión previsional con una transferencia directa de recursos a dichas organizaciones.
Por otra parte, el Banco Unión y el Banco de Desarrollo Productivo pueden desempeñar un papel importante en el financiamiento de estas actividades. Como se mencionó en el apartado anterior, la normativa vigente posibilita y habilita el financiamiento de las distintas formas de organización económica reconocidas en el modelo de economía plural. Por consiguiente, corresponde avanzar hacia una aplicación efectiva de esas posibilidades, mediante líneas de crédito, mecanismos de financiamiento y servicios financieros y no financieros adecuados a las características de las organizaciones económicas no capitalistas.
Esto comprende no solamente a las empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores, sino también a las cooperativas de producción, organizaciones económicas campesinas, emprendimientos comunitarios, asociaciones productivas y otras formas de organización económica. Sus necesidades de financiamiento pueden ser diferentes: algunas requieren recursos para iniciar actividades, otras necesitan capital de operación, adquisición de maquinaria, renovación tecnológica, ampliación de instalaciones o consolidación de sus procesos productivos. Por ello, las condiciones de financiamiento deben considerar sus particularidades organizativas, patrimoniales y productivas, sin limitarse a reproducir mecánicamente los criterios utilizados para evaluar a las empresas capitalistas.
Este financiamiento debe complementarse con mecanismos de acompañamiento institucional. La asistencia técnica, la capacitación, la educación financiera, el fortalecimiento administrativo y organizativo, la asesoría jurídica y la articulación comercial pueden contribuir a mejorar las condiciones de funcionamiento y sostenibilidad de estas organizaciones. No se trata de convertir todos estos componentes en requisitos previos que impidan el acceso al financiamiento, sino de desarrollar progresivamente capacidades institucionales que acompañen los procesos de inversión, producción y comercialización.
En consecuencia, el aprovechamiento de las capacidades de la institucionalidad financiera del Estado constituye una posibilidad inmediata para contribuir al desarrollo de las economías no capitalistas. No supone todavía la construcción de un sistema financiero diferente, sino la utilización de los recursos, instrumentos, tecnología y mecanismos disponibles, orientando su funcionamiento hacia objetivos que permitan fortalecer otras formas de organización económica.
6.3.2. ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y AMPLIACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE INVERSIÓN
Además de aprovechar las capacidades de las instituciones existentes, es necesario examinar las posibilidades de adecuar los instrumentos financieros y los mecanismos de acceso al financiamiento para que las organizaciones económicas no capitalistas puedan participar de manera más activa en la movilización de recursos.
En la actualidad, los mercados financieros y de valores ofrecen diferentes instrumentos para canalizar recursos hacia las actividades económicas, entre ellos acciones, bonos y otros títulos valores. Sin embargo, las condiciones de acceso a estos mecanismos, sus requisitos de emisión, evaluación, registro, calificación y negociación pueden representar dificultades para organizaciones que presentan formas de propiedad, administración y participación diferentes de las empresas capitalistas convencionales.
Por ello, una alternativa consiste en desarrollar mecanismos que permitan a las organizaciones económicas no capitalistas acceder directamente a fuentes de financiamiento mediante la emisión de títulos valores, de acuerdo con sus características y posibilidades. Esto permitiría que empresas recuperadas y autogestionadas, cooperativas y otras organizaciones productivas puedan obtener recursos de inversionistas institucionales e individuales para financiar sus actividades, sin depender exclusivamente del crédito bancario.
La posibilidad de que la Gestora Pública invierta en estos instrumentos debe examinarse dentro del marco de las disposiciones que regulan la inversión de los recursos previsionales. La normativa contempla la inversión en valores de empresas productivas, pero ello no significa que cualquier organización pueda recibir directamente estos recursos sin cumplir las condiciones legales y regulatorias correspondientes. Por tanto, sería necesario desarrollar mecanismos que permitan evaluar la naturaleza de las organizaciones emisoras, sus condiciones patrimoniales, administrativas y productivas, la viabilidad de sus proyectos, la utilización de los recursos y su capacidad de cumplir las obligaciones asumidas.
Este proceso requiere también fortalecer los mecanismos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas. La evaluación no debería limitarse a reproducir los criterios convencionales aplicados a las empresas capitalistas, sino incorporar las particularidades de las organizaciones no capitalistas, considerando sus formas de propiedad, participación colectiva, administración y distribución de resultados. Del mismo modo, las garantías y condiciones de financiamiento deberían adecuarse a sus características, sin desconocer la necesidad de evaluar y administrar los riesgos de las operaciones.
La adecuación de estos instrumentos también permitiría ampliar las posibilidades de participación de los trabajadores como inversionistas individuales. Como señalamos anteriormente, un trabajador asalariado de una empresa privada o de una institución pública puede destinar voluntariamente una parte de sus ahorros personales a financiar actividades económicas de terceros mediante la adquisición de títulos valores. Esta posibilidad podría extenderse a las organizaciones económicas no capitalistas, permitiendo que los trabajadores participen en su financiamiento sin que necesariamente tengan que incorporarse como trabajadores o asociados de esas organizaciones.
Para ello, podrían desarrollarse plataformas digitales y mecanismos institucionales que permitan acceder a información sobre las organizaciones productivas, sus proyectos, necesidades de financiamiento, condiciones de inversión y resultados esperados. De esta manera, cada trabajador podría conocer las alternativas disponibles, examinar sus características y decidir voluntariamente qué actividades desea financiar y qué recursos está dispuesto a destinar a ellas.
Esta posibilidad ampliaría la condición del trabajador inversionista, no solamente como alguien que utiliza sus ahorros para desarrollar una actividad económica propia o participa en una inversión colectiva de la que forma parte, sino también como alguien que puede contribuir conscientemente al financiamiento de otras organizaciones productivas. Se trata de ampliar sus posibilidades de decisión sobre el destino de sus recursos y de fortalecer los vínculos económicos entre distintos sectores de la clase trabajadora.
Es importante señalar que estas alternativas no implican que toda inversión deba reproducir relaciones capitalistas de producción. La utilización de recursos monetarios, la adquisición de maquinaria, la inversión productiva o la emisión de títulos valores no determinan por sí mismas el carácter de las relaciones económicas. Lo determinante es la forma en que se organiza la propiedad, quién participa en las decisiones, cómo se desarrolla el proceso productivo y quién se apropia de sus resultados.
Por consiguiente, la adecuación de los instrumentos financieros debe permitir que las organizaciones no capitalistas accedan a recursos sin que, para hacerlo, tengan que transformar necesariamente sus formas de propiedad y organización para ajustarse a las exigencias de las empresas capitalistas. El desafío consiste en adaptar los mecanismos financieros a las características de estas organizaciones y no en obligarlas a adoptar relaciones de producción que contradigan su naturaleza.
6.3.3. DESARROLLO DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA PARA LAS ECONOMÍAS NO CAPITALISTAS
El aprovechamiento de las instituciones existentes y la adecuación de los instrumentos financieros constituyen posibilidades importantes, pero no agotan las alternativas de transformación. El desarrollo de las economías no capitalistas también requiere avanzar hacia mecanismos de articulación financiera propios, capaces de movilizar recursos, coordinar inversiones y responder a las necesidades comunes de las organizaciones que desarrollan otras relaciones de producción.
La construcción de esta institucionalidad no debería limitarse a reproducir las características de la banca convencional bajo una forma de propiedad diferente. Una institución financiera no se transforma en una alternativa a las relaciones capitalistas únicamente porque sus propietarios sean trabajadores, cooperativas o asociaciones. Su naturaleza también depende de sus formas de administración, de los criterios que orientan la asignación de recursos, de la participación de sus integrantes en las decisiones y de la manera en que se distribuyen los resultados de su actividad.
En este sentido, una nueva institucionalidad financiera podría desarrollarse mediante la articulación de organizaciones económicas no capitalistas, mecanismos colectivos de ahorro e inversión, fondos comunes de financiamiento y espacios de coordinación y planificación. Estos mecanismos permitirían reunir recursos de distintas organizaciones y trabajadores, identificar necesidades productivas compartidas, establecer prioridades de inversión y desarrollar proyectos que individualmente resultarían difíciles de financiar.
La articulación de estas organizaciones puede contribuir, además, a superar algunas de las limitaciones que enfrentan cuando desarrollan sus actividades de manera aislada. No basta con proporcionar financiamiento a empresas recuperadas, cooperativas o emprendimientos comunitarios si estas continúan dependiendo de proveedores externos, carecen de mercados para sus productos, enfrentan dificultades de comercialización o no disponen de mecanismos de cooperación que permitan complementar sus capacidades productivas.
Por ello, la institucionalidad financiera debe relacionarse con una estrategia más amplia de articulación económica. Esto comprende la identificación de necesidades comunes, el establecimiento de redes de producción y abastecimiento, la cooperación entre organizaciones, la planificación de inversiones, la complementariedad de actividades y la construcción de mecanismos de comercialización y distribución. El financiamiento debe contribuir a desarrollar estas relaciones y no limitarse a sostener unidades productivas aisladas.
Esta cuestión adquiere especial importancia si consideramos las contradicciones que enfrentan las organizaciones no capitalistas al desenvolverse en una economía donde predominan las relaciones capitalistas. Rosa Luxemburgo, en Reforma o revolución, al examinar las cooperativas de producción, advierte sobre las dificultades que surgen de la contradicción entre su organización colectiva y las exigencias del mercado capitalista. Para sostenerse dentro de esas condiciones, pueden verse presionadas a adoptar prácticas que reproducen relaciones de explotación, intensificación del trabajo y subordinación de sus integrantes a las exigencias de la competencia; pero, si procuran preservar plenamente sus principios de organización y los intereses de sus trabajadores, pueden enfrentar dificultades económicas que comprometan su continuidad.
Esta reflexión permite reconocer que el financiamiento, aunque necesario, no resuelve por sí mismo las contradicciones que enfrentan las economías no capitalistas. Su desarrollo requiere condiciones productivas, comerciales, organizativas e institucionales que les permitan fortalecer sus capacidades y reducir las relaciones de dependencia y subordinación. De ahí la importancia de construir mecanismos de articulación que contribuyan a su sostenibilidad y permitan que las distintas organizaciones desarrollen capacidades colectivas sin perder sus particularidades.
La nueva institucionalidad financiera debe contemplar, por tanto, mecanismos de participación efectiva de los trabajadores en la administración de los recursos y en las decisiones sobre su destino. Esto supone que las organizaciones involucradas no sean únicamente receptoras de financiamiento, sino que puedan intervenir en la definición de prioridades, la planificación de inversiones, el seguimiento de los recursos y la evaluación de los resultados. La articulación financiera debe contribuir al fortalecimiento de su autonomía y de sus capacidades de decisión, evitando que las necesidades de financiamiento se conviertan en mecanismos de subordinación a intereses externos.
Sin embargo, la construcción de esta institucionalidad no puede concebirse como un proceso exclusivamente económico o administrativo. Su desarrollo también requiere transformaciones políticas que permitan modificar las condiciones institucionales y las relaciones de poder que determinan la orientación de los recursos y las prioridades de las políticas públicas.
Las instituciones estatales no modifican automáticamente sus prioridades, estructuras y formas de funcionamiento por la sola existencia de alternativas técnicamente viables o disposiciones normativas que habiliten su aplicación. Su orientación está condicionada por decisiones políticas, relaciones de poder e intereses económicos presentes en la sociedad.
Por consiguiente, las transformaciones propuestas requieren una intervención política efectiva que permita incidir en las decisiones institucionales, modificar las prioridades de las políticas públicas y orientar los recursos hacia el desarrollo de las economías no capitalistas. Esto comprende tanto la transformación de las instituciones existentes como la creación de nuevos mecanismos de financiamiento y organización económica.
La organización y participación de los trabajadores resulta necesaria para impulsar estas transformaciones. Su intervención en la formulación de políticas, en los espacios de decisión institucional y en la orientación de los recursos públicos debe acompañarse de su capacidad de organización y acción colectiva desde fuera de las instituciones estatales. De esta manera, la transformación institucional no queda reducida a una modificación administrativa, sino que se relaciona con las disputas económicas y políticas que condicionan el desarrollo de las distintas formas de organización económica.
En consecuencia, el desarrollo de una nueva institucionalidad financiera debe comprenderse como parte de un proceso más amplio de transformación de las relaciones de producción. No se trata únicamente de crear entidades que proporcionen financiamiento a las economías no capitalistas, sino de contribuir a la construcción de condiciones materiales, institucionales y políticas que permitan fortalecer su articulación, autonomía y capacidad de organización colectiva.
En este proceso, el Estado puede desempeñar un papel importante mediante la provisión de recursos, la inversión pública, el desarrollo de infraestructura, la adecuación normativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Sin embargo, la construcción de estas formas de organización económica y financiera no puede depender exclusivamente de la intervención estatal. Requiere también que los propios trabajadores y sus organizaciones desarrollen capacidades para administrar recursos, planificar inversiones, establecer mecanismos de cooperación y participar en las decisiones que orientan sus actividades.
De esta manera, el aprovechamiento de las capacidades institucionales existentes, la adecuación de los instrumentos financieros y el desarrollo de una nueva institucionalidad constituyen dimensiones articuladas de una misma perspectiva de transformación. Su finalidad es contribuir a que los recursos financieros y las capacidades productivas de la sociedad puedan orientarse también hacia el fortalecimiento de otras relaciones de producción, ampliando la participación de la clase trabajadora en la propiedad, la administración, las decisiones económicas y los resultados del trabajo.
7. CONCLUSIONES
El análisis desarrollado a lo largo de esta serie de artículos, a partir de las experiencias de Ueno Bank, en Paraguay, y Banco Fassil, en Bolivia, ha permitido reflexionar sobre las contradicciones de la actividad bancaria bajo las relaciones capitalistas de producción y sus implicaciones para la clase trabajadora. Sin embargo, el propósito de esta reflexión no se limita a identificar las vulnerabilidades del sistema financiero, las dificultades que enfrentan los ahorristas o las limitaciones que existen para acceder al crédito. También busca examinar las posibilidades de transformar las relaciones entre el ahorro, la inversión, el financiamiento y los procesos productivos, considerando las capacidades económicas y sociales de la clase trabajadora.
En ese sentido, una primera consideración es que el ahorro de los trabajadores no puede entenderse exclusivamente como una reserva monetaria individual destinada a satisfacer necesidades futuras. Aunque constituye un mecanismo para afrontar contingencias y atender necesidades personales y familiares, también representa una expresión de la capacidad económica de quienes dependen de su fuerza de trabajo para reproducir sus condiciones materiales de existencia. Cuando esos recursos se consideran desde una perspectiva colectiva, permiten identificar posibilidades de inversión y financiamiento que pueden contribuir al desarrollo de actividades productivas y al fortalecimiento de otras formas de organización económica.
Esta consideración permite ampliar la comprensión del papel que desempeña la clase trabajadora en el sistema financiero. Los trabajadores no son solamente ahorristas, depositantes, prestatarios o consumidores de servicios financieros. También pueden constituirse en sujetos inversionistas, participar en la propiedad colectiva de unidades productivas, intervenir en su administración y formar parte de las decisiones relacionadas con la utilización de los recursos y la distribución de los resultados. Estas posibilidades no implican que deban abandonar su condición de trabajadores, sino que permiten ampliar sus formas de participación en la actividad económica y en los procesos de producción.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de las economías no capitalistas adquiere especial importancia. Las distintas formas de organización económica presentes en la formación económica y social boliviana representan posibilidades para desarrollar otras relaciones de propiedad, organización y gestión del trabajo. No obstante, su existencia no garantiza por sí misma su fortalecimiento ni su continuidad. Estas organizaciones también necesitan recursos financieros, medios de producción, capacidades técnicas, mecanismos de financiamiento y condiciones institucionales que les permitan desarrollar sus actividades, renovar sus capacidades productivas y ampliar sus posibilidades de reproducción económica.
Por tanto, el reconocimiento constitucional de la economía plural y de las distintas formas de organización económica debe traducirse en condiciones materiales que hagan posible su desarrollo. No basta con reconocer jurídicamente su existencia o establecer disposiciones generales para promoverlas. Es necesario articular políticas públicas, mecanismos de financiamiento, instrumentos de inversión y capacidades institucionales que contribuyan efectivamente a su fortalecimiento. Esto supone reconocer que el desarrollo de las economías no capitalistas no constituye una actividad marginal o complementaria, sino una dimensión de las posibilidades de transformación de la formación económica y social boliviana.
En este proceso, la institucionalidad financiera desempeña un papel fundamental. Las instituciones financieras no son estructuras ajenas a las relaciones económicas y sociales en las que se desenvuelven. Su organización, sus mecanismos de funcionamiento, sus instrumentos y sus criterios de asignación de recursos responden a determinadas condiciones e intereses económicos, así como a las relaciones de poder existentes. Por ello, su transformación no puede reducirse a modificaciones administrativas, a la ampliación de la cobertura de los servicios financieros o a la creación de nuevos productos crediticios. También requiere examinar la orientación de los recursos, los sujetos económicos a los que se destinan y las relaciones de producción que contribuyen a fortalecer.
En consecuencia, la transformación de la institucionalidad financiera y el desarrollo de las economías no capitalistas deben entenderse como procesos interdependientes. Por una parte, estas economías necesitan condiciones financieras adecuadas para desarrollar sus capacidades productivas, sostener sus actividades y ampliar sus posibilidades de inversión. Por otra, su propio desarrollo genera nuevas necesidades, experiencias y posibilidades de organización financiera. Esto significa que no es necesario esperar a que las economías no capitalistas alcancen determinado grado de consolidación para comenzar a transformar las instituciones financieras, ni tampoco esperar a que exista una institucionalidad completamente nueva para impulsar su desarrollo. Ambas dimensiones pueden y deben avanzar de manera articulada, aprovechando las capacidades existentes y generando nuevas formas de organización e intervención.
Desde esta perspectiva, las posibilidades de transformación no dependen necesariamente de la construcción de instituciones completamente nuevas ni de la sustitución inmediata de las existentes. También comprenden el aprovechamiento de las capacidades de la institucionalidad financiera del Estado, la adecuación de sus instrumentos y mecanismos de financiamiento, la ampliación de las posibilidades de inversión de los trabajadores y el desarrollo progresivo de nuevas formas de organización financiera orientadas a las necesidades de las economías no capitalistas. Estas alternativas no son excluyentes ni constituyen etapas sucesivas, sino dimensiones de un mismo proceso de transformación.
Asimismo, es necesario considerar que la existencia de recursos financieros, capacidades institucionales y disposiciones normativas no garantiza automáticamente su utilización en favor de estos objetivos. Su articulación requiere mecanismos legales, normativos, técnicos y financieros, además de planificación, coordinación y capacidad de ejecución. También exige considerar las particularidades de las distintas formas de organización económica, sus necesidades y sus capacidades, evitando establecer mecanismos uniformes que desconozcan sus características y condiciones de funcionamiento.
Las propuestas relacionadas con el financiamiento de empresas recuperadas por sus trabajadores, el aprovechamiento de instrumentos de inversión y la ampliación de las posibilidades de participación económica de la clase trabajadora deben examinarse desde esta perspectiva. No se trata únicamente de facilitar recursos monetarios, sino de establecer condiciones que permitan fortalecer la propiedad colectiva, la gestión de los trabajadores y su participación en las decisiones económicas. Esto requiere, a su vez, mecanismos adecuados de evaluación, protección de los recursos comprometidos y distribución de riesgos, de manera que el acceso al financiamiento no termine convirtiéndose en una nueva fuente de vulnerabilidad para los propios trabajadores.
Sin embargo, estas posibilidades no pueden materializarse exclusivamente mediante decisiones técnicas o administrativas. La orientación de las instituciones financieras y la utilización de los recursos económicos también expresan relaciones de poder y disputas entre distintos intereses sociales. Por ello, la transformación institucional requiere la intervención organizada de los trabajadores y de las organizaciones económicas y sociales involucradas. La participación en las decisiones, la formulación de políticas públicas, la orientación de los recursos financieros y la construcción de nuevas capacidades institucionales forman parte de un proceso que también comprende la disputa por los espacios de poder político y por las decisiones que determinan el rumbo de la economía.
Esto permite reconocer que la transformación del sistema financiero no constituye un objetivo aislado ni puede entenderse como una solución independiente de las condiciones económicas y sociales en las que se desenvuelve. Su orientación está relacionada con las formas de propiedad, organización y gestión de la producción, así como con las posibilidades de participación de los trabajadores en esos procesos. En consecuencia, transformar la institucionalidad financiera y desarrollar otras relaciones de producción son dimensiones que se condicionan y complementan mutuamente.
Finalmente, el presente artículo no constituye una investigación exhaustiva ni un estudio pormenorizado del sistema financiero, de sus características institucionales y operativas, ni de la formación económica y social boliviana. Tampoco pretende ofrecer una explicación definitiva de los problemas abordados, establecer una guía de aplicación ni presentar una propuesta acabada sobre las transformaciones que deberían realizarse. Se trata de un conjunto de reflexiones y aproximaciones analíticas que, con las limitaciones propias de su alcance, buscan examinar algunas características de la realidad económica y financiera, identificar determinadas contradicciones y reconocer posibilidades de transformación. Su propósito es contribuir a abrir un espacio de debate y diálogo sobre las condiciones actuales, las necesidades de transformación y las alternativas que pueden examinarse, discutirse y construirse colectivamente.
Desde esta perspectiva, el problema del ahorro y del financiamiento conduce necesariamente a una reflexión más amplia sobre la participación de los trabajadores en la economía. No se trata solamente de proteger sus depósitos, mejorar sus condiciones de acceso al crédito o ampliar sus posibilidades individuales de inversión. Se trata también de generar condiciones para que puedan intervenir colectivamente en la orientación de los recursos financieros, en la propiedad y gestión de unidades productivas y en el desarrollo de otras relaciones de producción.
En definitiva, la discusión sobre la banca y el ahorro de la clase trabajadora nos conduce a una cuestión que trasciende el ámbito financiero: las posibilidades de que los trabajadores dejen de ser considerados únicamente como sujetos que aportan recursos al sistema financiero, participan en los procesos económicos mediante su trabajo y consumen bienes y servicios, para constituirse también en sujetos económicos colectivos capaces de participar en la organización, gestión y orientación de los procesos productivos. Por tanto, la transformación de la institucionalidad financiera no es solamente una condición para el desarrollo de las economías no capitalistas, sino también una dimensión de la transformación de las relaciones económicas y sociales.
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