Zvonko Matković Ribera salió en imágenes con personas vinculadas al narcotráfico durante diferentes campañas políticas, pero la reciente difusión de uno de esos registros públicos detonó una amenaza de proceso penal contra la dirección del medio digital La Pluma y Espada. El actual presidente del directorio de ENDE Valle Hermoso y referente de la agrupación Creemos remitió una conminatoria formal exigiendo retirar, en un plazo perentorio de 48 horas, una publicación donde aparece retratado junto a Laura Rojas, exmilitante partidaria hoy aprehendida por el bullado caso «narcomaletas», y el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho.
En su mensaje de advertencia, Matković escribió textualmente:
Buen día. Soy Zvonko Matković Ribera. En su publicación sobre el caso narcomaletas aparezco en dos fotos, una de mi campaña de 2020. No tengo ningún vínculo con ese caso ni con las personas acusadas; de hecho, he confrontado públicamente a la exdiputada mencionada. Le pido que retire mi imagen del collage, o la publicación, en las próximas 48 horas. De lo contrario, me veré obligado a iniciar las acciones legales correspondientes». La Pluma y Espada cuenta con el archivo visual y documental íntegro que respalda la veracidad de cada publicación, por lo que la intimidación judicial plantea una pregunta de fondo, ¿por qué amedrentar a periodistas por fotografías de dominio público que otros medios ya difundieron?
Zvonko Matković Ribera

Los antecedentes gráficos de la dirigencia cruceña en causas de sustancias controladas
La imagen junto a Laura Rojas no es un hecho aislado dentro de la trayectoria del dirigente cruceño. En 2022, el propio diputado de Creemos, Erwin Bazán, denunció públicamente al concejal Miguel Fernández por supuestos vínculos con Rudy Sandóval, ligado con el tráfico ilícito de drogas. Tras aquella acusación interna, salieron a la luz fotografías de la cúpula partidaria compartiendo viajes proselitistas con el denunciado. En los registros se observa Zvonko Matković Ribera, en ese periodo presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, junto con Miguel Fernández. Las fotografías son de campaña previo a las investiduras de ambos.
«»Al diputado se le olvidó mencionar que el señor Ruddy Sandóval Suárez también tiene relación con su ex candidato a vicepresidente, Marco Pumari y amigo cercano del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, escribió el ministro de Gobierno.
A esto se suma que en redes sociales Sandoval Suárez también aparece con otra líder de Creemos: Zvonko Matkovic Ribera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, fotos de las que ahora se cuelgan los masistas para atacar a los opositores y ligarlos con narcotraficantes.
Sandoval Suárez también aparece en una foto dentro de una aeronave, donde viste la polera de la campaña política Camacho-Pumari.» publicaba El Deber
Un escenario similar ocurrió con Andrea Pereira, excandidata a asambleísta suplente por Creemos, quien fue aprehendida en Brasil por efectivos de la Policía Federal tras ser vinculada a un caso de tráfico internacional de sustancias controladas. A principios de febrero de 2026, durante la campaña electoral departamental donde Matković postuló a la vicegobernación por Creemos Patria, Pereira formó parte de la comitiva oficial en la frontera. En ese mismo acto público se produjo la recordada descompensación del candidato sobre la tarima, episodio que los asistentes atribuyeron a un estado de ebriedad y que generó amplia repercusión en la opinión pública.

Las sospechas de La Pluma y Espada: la maniobra para silenciar el escándalo energético
Frente a la existencia de archivos fotográficos que pertenecen al debate público desde hace años, la dirección de La Pluma y Espada sospecha que la conminatoria judicial constituye una cortina de humo. La verdadera intención apunta a intimidar a este medio tras haber publicado, a principios de noviembre tanto en su portal web como en su cuenta oficial de TikTok, la investigación que devela cómo las corporaciones extranjeras Qurubiqa y ALPS Blockchain tomaron el control de infraestructura termoeléctrica estatal en Cochabamba para lucrar con energía subvencionada.
El entramado compromete a YPFB Chaco y a la propia ENDE Valle Hermoso. Aunque operan como personerías jurídicas separadas, ambas empresas estatales comparten los mismos nodos de transmisión para inyectar electricidad al Sistema Interconectado Nacional desde la provincia Carrasco. Desde la perspectiva de este medio, la presencia de Matković en la conducción de la subsidiaria eléctrica sitúa al directivo en el epicentro geográfico y técnico donde se consolidó la entrega de megawatts públicos a operadores privados de criptoactivos.
Megavatios subsidiados frente a luz dolarizada para la ciudadanía
Informes técnicos del sector, difundidos incluso en análisis especializados de plataformas como Binance, confirman que consorcios privados reactivaron turbinas térmicas de 127 MW en Cochabamba para minar Bitcoin, beneficiándose de gas suministrado por YPFB a un valor preferencial de 1,30 dólares por MMBTU, cuando la cotización internacional de gas natural licuado oscila entre 8 y 12 dólares.
Documentos desclasificados revelan las condiciones del contrato suscrito el 8 de septiembre de 2025 entre Alejandro Torres Cortez, gerente de Chaco Energías, y Julio César Landívar Castro, accionista de Paratech y exdirector jurídico de YPFB Chaco:
- Tarifa congelada de privilegio: Fijación del costo eléctrico en apenas 24 dólares por MWh durante diez años, muy por debajo de los precios reales de mercado.
- Reserva de potencia estratégica: Asignación de 27 MW iniciales con proyección de escalar a 70 MW dentro de la capacidad de la planta.
- Privatización de activos del Estado: Disposición exclusiva de la turbina pública «Bulo2» en favor del negocio digital privado, restando reservas al sistema eléctrico nacional.
La contradicción socioeconómica es profunda. Mientras el consorcio manejado por directores como Javier Carbonati, Claudio Vinci, Santiago Osella y Divagoras Bezerra consume tanta electricidad como todo el departamento de Oruro, el gobierno de Rodrigo Paz aprobó los decretos supremos 5750 y 5652. Estas normas indexaron automáticamente las tarifas de electricidad y los carburantes de la población boliviana al tipo de cambio oficial y a la inflación, encareciendo las facturas domésticas en casi un 50% para las familias trabajadoras.
Exenciones millonarias y los operadores de la trama
A las ventajas tarifarias se añade la denuncia formal presentada por el senador Leonardo Roca, quien reveló que la administración gubernamental liberó de tributos por un valor de 200 millones de dólares a ALPS Blockchain y Qurubiqa por consumo de gas y luz en su complejo de 35.000 metros cuadrados en Entre Ríos. La medida se amparó en el paquete tributario anunciado por el ministro Gabriel Espinoza, que eliminó tributos como el Impuesto a las Grandes Fortunas.
Las investigaciones señalan además que la articulación de este negocio, iniciado durante la gestión de Marcelo Arce Mosqueira, pasó en mayo de 2026 al control de Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz. Cerimedo, estratega vinculado al escándalo especulativo de la criptomoneda LIBRA en Argentina y con conexiones con figuras de la esfera política de EEUU, opera en territorio boliviano sin registrar declaraciones juradas ante la Contraloría. Ante revelaciones de semejante magnitud, la intimidación legal por una imagen de archivo devela el interés por silenciar a la prensa que fiscaliza el manejo de los recursos estratégicos del país.
Algo huele raro con Zvonko Matković Ribera
Si las imágenes forman parte del debate público desde hace años, ¿por qué Matković activa amenazas legales precisamente ahora?
A principios de noviembre, La Pluma y Espada publicó una investigación sobre la entrega irregular de capacidad eléctrica e infraestructura pública a consorcios de criptominería en el trópico de Cochabamba. Los reportes detallan cómo las firmas Qurubiqa y la italiana ALPS Blockchain accedieron a gas natural subsidiado por YPFB a precios irrisorios (alrededor de $us 1,30/MMBTU frente a los $us 8 a 12 del mercado internacional) y a tarifas eléctricas congeladas de privilegio, absorbiendo entre 27 MW y 127 MW de potencia en plantas como Carrasco y Bulo Bulo.
La paradoja para la población boliviana es lacerante: mientras el Ejecutivo implementa decretos (como el DS 5750 y el DS 5652) que indexan las tarifas eléctricas de los hogares al dólar y a la inflación disparando las facturas familiares, el Estado subsidia megavatios industriales a corporaciones extranjeras dedicadas a la extracción digital.
En este mapa de poder, la posición de Zvonko Matković como presidente del directorio de ENDE Valle Hermoso se vuelve central. Aunque ENDE Valle Hermoso y YPFB Chaco figuran formalmente como entidades separadas, ambas convergen en los mismos nodos de generación y distribución que alimentan al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Cochabamba.
Las denuncias legislativas que dan cuenta de exenciones impositivas por cerca de 200 millones de dólares en favor de ALPS y Qurubiqa, sumadas a la intermediación de operadores políticos y asesores como Fernando Cerimedo, colocan bajo observación a las autoridades a cargo de las subsidiarias eléctricas estatales.
La amenaza de iniciar acciones penales contra este medio por una fotografía de dominio público no resiste un análisis jurídico convencional; encaja, más bien, en un intento de disciplinamiento e intimidación para sofocar las pesquisas periodísticas que amenazan con destapar quiénes son los verdaderos beneficiarios de la sangría energética boliviana.

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