Cuatro tarijeños a la cabeza de los poderes del Estado tras la fuga del presidente del Tribunal Supremo de Justicia

Cuatro tarijeños a la cabeza de los poderes del Estado tras la fuga del presidente del Tribunal Supremo de Justicia

La concentración de cuatro tarijeños a la cabeza de los poderes del Estado reconfiguró de manera inédita el mapa político de Bolivia en noviembre de 2026, luego de que la salida sorpresiva del país y la posterior emisión de una orden de aprehensión contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dejaran acéfala la máxima instancia judicial y permitieran que la magistrada Rosmery Ruiz asumiera interinamente el control del palacio de justicia en Sucre. Este movimiento telúrico en los tribunales consolidó un bloque de mando regional en el que las decisiones fundamentales del país quedan centralizadas en manos de autoridades procedentes de un mismo departamento.

La fuga de Romer Saucedo y la investigación por narcotráfico

El terremoto institucional se desató este miércoles tras confirmarse que el magistrado Romer Saucedo abandonó clandestinamente territorio boliviano, alegando una supuesta persecución política después de que la Fiscalía General del Estado emitiera una orden de captura en su contra. El fiscal general interino, José Armando Urioste, ratificó la legalidad de la orden de arresto, precisando que el magistrado es indagado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Saucedo, quien había anunciado en julio pasado su renuncia voluntaria al cargo con efecto diferido para enero de 2027, reapareció en redes sociales para calificar las sindicaciones en su contra como un montaje del Gobierno para desacreditarlo por cuestionar al poder político. Sin embargo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, desmintió la versión de persecución y vinculó directamente su huida con las ramificaciones del caso que destapó las actividades del extinto fiscal general Róger Mariaca, encarcelado semanas atrás bajo cargos de proteger al narcoterrorismo.

Ante la ausencia del magistrado, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió otorgar el plazo legal de seis días para que retome sus funciones en Sucre, advirtiendo que de persistir en su abandono se activarán las acciones formales para declarar la vacancia de su puesto. Desde Madrid, donde participa en la Cumbre Iberoamericana, el presidente Rodrigo Paz calificó el hecho como una penosa noticia pero alentadora de cara a una profunda renovación del sistema de justicia.

El eje tarijeño: Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial bajo una misma región

La acefalía temporal de Saucedo y su relevo por la magistrada Rosmery Ruiz terminaron por completar un hecho político insólito: la totalidad de las cabezas de los cuatro poderes del Estado pertenecen geográficamente al departamento de Tarija.

El tablero institucional quedó conformado de la siguiente manera:

  • Poder Ejecutivo: El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, oriundo de Tarija, comanda la administración central.
  • Poder Legislativo: La presidencia de la Cámara de Senadores es ejercida por Diego Ávila, también de origen tarijeño.
  • Poder Electoral: La máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra bajo la presidencia de Gustavo Ávila, igualmente nacido en Tarija.
  • Poder Judicial: La presidencia interina del Tribunal Supremo de Justicia recae temporalmente en la magistrada Rosmery Ruiz Martínez, representante tarijeña en la cúpula judicial.

Esta inusual centralización geográfica en las altas esferas del poder público ha generado intensos debates sobre el equilibrio regional y la concentración de influencias en la toma de decisiones estatales.

Radiografía de los liderazgos y sus cuestionamientos pendientes

Cada una de las figuras que integra este bloque de poder tarijeño arrastra antecedentes y controversias bajo el escrutinio público:

  • Diego Ávila: Desde la presidencia del Senado ha enfrentado cuestionamientos de opositores y denuncias de nepotismo por familiares trabajando en el Estado. Asimismo, la senadora Ana María Crispín lo denunció públicamente por presunto acoso político y por la existencia de cobros irregulares en la dinámica parlamentaria.
  • Gustavo Ávila: Su gestión al frente del TSE está marcada por los antecedentes de 2019, cuando ejercía como presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija y fue imputado por delitos electorales y manipulación informática, logrando un sobreseimiento fiscal definitivo en 2021, tras defender la transparencia de las actas de su región.
  • Rosmery Ruiz Martínez: La magistrada que hoy asume el timón del Judicial enfrenta graves cuestionamientos tras una investigación de la activista María Galindo, quien reveló que la autoridad posee el cincuenta por ciento de las acciones de la constructora Piloto SRL, empresa que se adjudicó de forma directa y sin licitación transparente la construcción de la Planta Procesadora de Papa en El Alto por ciento sesenta y dos millones de bolivianos, un proyecto que actualmente se encuentra inoperante. Además, la denuncia salpicó a su entorno familiar por presunto conflicto de intereses al ser prima del exministro Álvaro Ruiz.

Alarma


La gestión del presidente Rodrigo Paz se ha desmoronado bajo el peso de una profunda calamidad administrativa y un esquema de corrupción institucionalizado donde confluyen la entrega de la soberanía económica al FMI mediante la dolarización de tarifas eléctricas y de combustibles, el uso discrecional del avión militar FAB 002 para traslados familiares a la Florida en EEUU donde habita el suegro prófugo de la justicia, y el encubrimiento de la desaparición de cuatro millones de dólares de la casa de Sebastián Marset; un saqueo sistemático operado en las sombras por su esposa Bibi Urquidi y su primo ministro Mauricio Zamora con la venta de cargos aeronáuticos en Beni para narcovuelos, consolidando además un peligroso monopolio regional de poder donde cuatro figuras oriundas de Tarija, incluyendo al senador Diego Ávila, al vocal Gustavo Ávila y a la magistrada interina Rosmery Ruiz, controlan simultáneamente los cuatro poderes del Estado.

La coincidencia de este bloque geográfico en el poder, combinada con la crisis de credibilidad judicial tras la huida de Romer Saucedo, coloca a la institucionalidad boliviana ante un desafío crítico de transparencia y rendición de cuentas.