El atentado contra Wilson García Mérida, director del periódico Sol de Pando, consumado este pasado miércoles en las calles de Cochabamba, constituye la materialización exacta de una advertencia que el propio periodista había denunciado públicamente hace más de un año, cuando alertó sobre la excarcelación ilegal de su agresor por parte de la justicia ordinaria. La agresión, perpetrada a plena luz del día, expone de manera cruda los riesgos extremos que enfrentan los comunicadores independientes en el país y la absoluta vulnerabilidad institucional frente a redes de sicariato cobijadas por la corrupción judicial.
La agresión en la avenida Heroínas y el milagro médico de ELFEC
El violento episodio se registró este miércoles al promediar las 11:30 de la mañana. El periodista caminaba por la avenida Heroínas, en el trayecto comprendido entre la plazuela Corazonistas y la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), lugar al que se dirigía para realizar el pago de sus consumos básicos, cuando notó que era perseguido implacablemente por su atacante.
En un intento desesperado por evadir al agresor, García Mérida buscó refugio deteniéndose en un kiosko de refrigerios. En ese instante, el sicario lo alcanzó y le propinó un brutal golpe contundente con una piedra directamente en la sien, aplicado con fuerza manual, lo que le provocó un profuso sangrado craneal instantáneo y una hemorragia incontrolable que lo desvaneció sobre la acera. Transeúntes y guardias de una entidad bancaria cercana lograron atrapar al criminal en el lugar.
La vida del director de Sol de Pando fue salvada gracias a la intervención inmediata y providencial del personal médico de ELFEC, que improvisó una posta de auxilio médico de emergencia en plena vía pública para contener la hemorragia masiva que amenazaba su vida. El médico a cargo, testigo presencial del hecho, activó en menos de diez minutos el apoyo de un equipo de socorro del SAR Bolivia, que realizó el traslado de emergencia al Centro de Salud Cochabamba.
La jueza Giovana Torrico Díaz y la liberación ilegal del sicario
El atacante fue identificado plenamente como Yerco Saavedra Cossio, alias El Caballo, el mismo cabecilla de pandilla que el 21 de agosto de 2004 había intentado asesinar a puñaladas a García Mérida, perforándole el abdomen y la columna vertebral. Por aquel crimen atroz, un Tribunal de Sentencia dictó en 2006 una pena máxima de veinte años de presidio sin derecho a indulto en el penal de máxima seguridad de El Abra, sentencia que quedó plenamente ejecutoriada en 2009.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la condena, el criminal jamás cumplió íntegramente su pena en El Abra. El 16 de enero de 2025, el delincuente obtuvo una libertad definitiva ilegal del penal de San Antonio, otorgada por la jueza de ejecución penal Giovana Torrico Díaz. Según denunció en su oportunidad el propio medio Sol de Pando el 16 de febrero de 2025, la referida juzgadora cometió un flagrante prevaricato al falsificar un cómputo de pena, computando otros delitos reincidentes de robo agravado y narcotráfico a cuenta de la condena por asesinato en grado de tentativa, facilitando su salida a las calles.
Cuando García Mérida acudió a reclamar y advertir a la jueza Torrico Díaz que su decisión ponía en riesgo inminente su vida y re victimizaba al afectado, la autoridad judicial optó por ordenar su expulsión física del despacho, llamando a la policía para desalojarlo a empellones mediante el uso de la fuerza pública. Al salir de prisión, el sicario juró públicamente que terminaría de asesinar al periodista, una amenaza que intentó materializar este miércoles.
Antecedentes de impunidad y la sombra del poder político pasado
El expediente judicial destapa también las antiguas complicidades políticas que facilitaron la impunidad del sicario. Durante la gestión del exministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz, abogados de esa cartera de Estado y de Régimen Penitenciario, bajo la línea de operadores como Juan Ramón Quintana, coaccionaron a los juzgados de ejecución penal para beneficiar con privilegios de libertad condicional a delincuentes reincidentes, permitiendo que operadores de violencia extrema volvieran a las calles.
Esta maquinaria de protección estatal garantizó que cuatro de los implicados en el atentado de 2004 ni siquiera pisaran el penal de El Abra, consolidando una red de favores políticos que hoy cobra factura directa sobre la integridad física de la prensa independiente.
Negligencia municipal: sin ambulancia para la tomografía de urgencia
Tras el ataque, los médicos del Centro de Salud Cochabamba lograron estabilizar al paciente de manera diligente, suturando y drenando las heridas abiertas. No obstante, ante el riesgo latente de una embolia cerebral derivada del severo traumatismo craneoencefálico, los galenos ordenaron la realización urgente de una tomografía especializada programada para la tarde de este miércoles en el Hospital del Norte, ubicado en la zona de La Taquiña.
El estudio médico no pudo concretarse debido a la negativa del gobierno autónomo municipal de Cochabamba, administrador de la red de ambulancias, que alegó una supuesta falta de vehículos disponibles para el traslado del paciente de primer a tercer nivel. Al cierre del informe periodístico, el director de Sol de Pando continuaba a la espera del diagnóstico especializado bajo condiciones de extrema vulnerabilidad operativa y sanitaria.
