Caso Fernando Cerimedo es el eje de un nuevo terremoto político y judicial que sacude al Órgano Ejecutivo boliviano. Luego de las declaraciones vertidas por la abogada y activista Nadia Shirley Beller Delgadillo —quien sobrevivió a un atentado armado con tres impactos de bala en Santa Cruz—, la Fiscalía Departamental de La Paz inició de oficio una investigación penal contra el estratega argentino por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, abriendo una causa paralela a la que enfrenta por tentativa de homicidio.
En el marco de las pesquisas, el Ministerio Público ejecutó el allanamiento del departamento de Cerimedo en la zona Sur de La Paz. Según informó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez, en el lugar se incautaron sumas de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un vehículo particular equipado con destellador de uso oficial. Asimismo, la autoridad fiscal tomó la declaración testifical de Mauricio López, asesor de la Presidencia, mientras se aguarda la declaración formal de Beller desde el centro de salud donde permanece internada bajo resguardo.
La denuncia de Beller: «Sobresueldos» de $us 5.000 y el rechazo de las bancadas
Desde su cama hospitalaria, Beller denunció la existencia de un «contubernio» para atentar contra su vida y encubrir hechos de violencia física y presuntos actos de corrupción estatal. La jurista afirmó poseer una nómina de parlamentarios de las alianzas Unidad y Libre que presuntamente perciben «sobresueldos» de 5.000 dólares mensuales provenientes del Gobierno.
Las reacciones en la Asamblea Legislativa no se hicieron esperar:
- Bancada de Unidad: Exigió la presentación inmediata de pruebas documentales y demandó una indagación integral para esclarecer si las acusaciones son verídicas, alertando sobre «serios efectos para la democracia».
- Bancada de Libre: Rechazó de forma categórica las acusaciones, calificándolas de «condenas mediáticas sin fundamento» y recordando que sus asambleístas han ejercido una fiscalización activa, incluyendo su respaldo a la censura del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
La CAF desmiente financiamiento al consultor
En medio de la polémica, la defensa técnica de Cerimedo aseguró públicamente que el estratega prestaba servicios al mandatario boliviano a través de una consultoría costeada por organismos internacionales.
Sin embargo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) emitió un comunicado oficial desmintiendo cualquier nexo laboral: «Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual, de consultoría ni de asesoría con la institución». El organismo multilateral ratificó su respeto a la soberanía de los Estados miembros y su compromiso institucional con el país.
Lara desafía a Paz: «Le he visto dando órdenes a los ministros»
La postura del Ejecutivo, que ha buscado desmarcarse de la figura de Cerimedo afirmando que no fungió como funcionario formal, fue duramente rebatida por el vicepresidente Edmand Lara Montaño.
Lara desafió públicamente al presidente Rodrigo Paz Pereira a un careo frente al país: «Estoy dispuesto a un careo con el Presidente, un cara a cara, que me diga que es mentira que Fernando Cerimedo era su asesor».
El segundo mandatario afirmó ser testigo presencial de la participación del consultor argentino en dos reuniones de gabinete ministerial, asegurando que lo vio «dando órdenes e instrucciones a los ministros», además de operar en el periodo de transición gubernamental y en encuentros con empresarios en Santa Cruz. «Cuando las papas queman, Rodrigo Paz se lava las manos», fustigó Lara, pidiendo que Cerimedo sea enviado con detención preventiva al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Un contexto de violencia y denuncias en el entorno presidencial
La caída de Cerimedo —quien fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires— se inserta en un escenario de creciente tensión por hechos de sicariato y corrupción que han marcado los últimos meses de la administración nacional:
- Antecedentes de violencia selectiva: El asesinato en Tarija de Mauricio Aramayo (Senasag) tras rechazar coimas del contrabando de granos, y el crimen del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz.
- Cuestionamientos en el gabinete: Las denuncias por enriquecimiento ilícito contra Germán Hoyos en la Caja Nacional de Salud (CNS) y la investigación por subvaluación impositiva en la compra de un vehículo de lujo contra el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
- Conflictos de seguridad en frontera y aeropuertos: Los procesos no resueltos por las 32 maletas, el ingreso de armamento AK-47 y la retención de 189,5 kg de oro en Viru Viru.
El presidente Rodrigo Paz, mediante sus canales oficiales, expresó su solidaridad con Nadia Beller e instruyó una investigación exhaustiva «hasta esclarecer completamente lo sucedido». No obstante, la acumulación de evidencias, los allanamientos fiscales y las declaraciones del propio Vicepresidente colocan al Gobierno ante una de sus pruebas institucionales más complejas.
