En el ámbito político boliviano, la titulación universitaria de las máximas autoridades siempre ha generado intensos debates públicos y cuestionamientos legales, como ocurrió en su momento con el exvicepresidente Álvaro García Linera. Hoy, la atención vuelve a centrarse en la trayectoria académica del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, un tema que arrastra casi una década de dudas, investigaciones judiciales inconclusas y contradicciones en su perfil profesional.
Recientemente, el creador de contenido e influencer Gabriel Rodríguez Olivera reabrió el debate en redes sociales al cuestionar cómo en la campaña electoral de 2025 la prensa internacional presentó a Paz como «economista de profesión», cuando en su etapa como alcalde de Tarija (2015-2020) fue procesado penalmente por ejercer la función pública haciéndose llamar «licenciado» sin contar con un título homologado en el país.
El antecedente judicial de 2018: «Ejercicio indebido de la profesión»
Para entender el origen de la controversia hay que remontarse a mediados de 2018. En julio de ese año, el entonces diputado nacional de Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, denunció ante la opinión pública que el alcalde de Cercado (Tarija), Rodrigo Paz, firmaba documentos, convenios y contratos municipales bajo el rótulo de «Licenciado», sin que existiera registro alguno ante el Ministerio de Educación o la Universidad Boliviana que acreditara la convalidación de un título del extranjero.
El 9 de agosto de 2018, según reportó el periódico El Andaluz, la fiscal Jhanet Rodríguez notificó la admisión formal de la denuncia penal contra Rodrigo Paz por el delito de ejercicio indebido de la profesión. Lazarte advirtió entonces que la firma de decretos y resoluciones con un título inexistente en el marco jurídico boliviano ponía en riesgo la validez legal de los proyectos y contratos del municipio.
A pesar de ser convocado por el Ministerio Público para el 17 de agosto de 2018, en septiembre de ese mismo año Lazarte denunció a La Voz de Tarija que el alcalde y el equipo de abogados de la Alcaldía se acogieron al derecho al silencio y se negaron a declarar, una actitud que el legislador calificó como una admisión tácita de la falta.
La defensa de Paz en 2018: «Homologar en Bolivia es un trámite burocrático»
Ante la presión mediática y legal, el 10 de julio de 2018, Rodrigo Paz dio su versión a la agencia oficial ABI. En esa oportunidad, la autoridad admitió abiertamente que no había convalidado su título en el país, pero justificó la omisión acusando al sistema de ser excesivamente burocrático.
«Claro que tengo título, soy graduado en Relaciones Internacionales y soy licenciado. Otra cosa es que en este país registrar tu título es más complejo que mantener una familia de cuatro como la que tengo; mucha gente que estudia en el exterior no realiza esos trámites. Yo no ejercí la profesión, pero tengo la licenciatura», declaró Paz a ABI en 2018, precisando que realizó sus estudios superiores en Estados Unidos.
La metamorfosis profesional: ¿Internacionalista o Economista?
El nudo de la polémica resurgió durante la campaña presidencial de 2025. Diversos medios internacionales y agencias de noticias (como EFE o AFP) publicaron perfiles biográficos del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentándolo formalmente como «economista» formado en el exterior.
Sin embargo, en las investigaciones difundidas por Rodríguez Olivera se resalta que en los registros de su documento de identidad y en los expedientes de su paso por la función pública (donde se señala que estudió en American University en Washington), Rodrigo Paz siempre figuró únicamente con la ocupación de «funcionario público» o «politólogo/internacionalista», sin que exista claridad sobre de qué casa de estudios obtuvo el supuesto grado de economista ni dónde está el registro de su convalidación ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Exigencia de transparencia institucional
El ejercicio de la función pública exige el cumplimiento estricto de la Ley N° 1178 (SAFCO) y del Código Penal, el cual sanciona la usurpación de funciones y el ejercicio indebido de la profesión. Aunque la legislación boliviana no exige un título universitario obligatorio para ejercer la Presidencia del Estado —como ocurrió en las gestiones de Evo Morales o Carlos Mesa—, la falta de convalidación oficial de sus títulos y la duplicidad en su perfil (Relaciones Internacionales vs. Economía) reabren un debate sobre la ética y la transparencia de las máximas autoridades del país.
A casi una década de las primeras denuncias presentadas en Tarija, la opinión pública y diversos sectores sociales consideran que la Presidencia del Estado y el Ministerio de Educación deberían transparentar de forma definitiva la documentación académica de Rodrigo Paz Pereira, cerrando las especulaciones sobre la validez de los títulos de quien hoy dirige los destinos económicos del país.
