El regalo de Rodrigo Paz a Bolivia para este 6 de agosto de 2026, cuando Bolivia conmemora un nuevo aniversario patrio, es uno de los escenarios más convulsos de su historia reciente. A nueve meses de haber asumido la Presidencia bajo las promesas de “ordenar la casa”, garantizar que “si no se roba la plata alcanza” y rechazar categóricamente al Fondo Monetario Internacional (FMI), el balance de la gestión de Rodrigo Paz Pereira se traduce en una severa crisis económica, el colapso del poder adquisitivo y un rosario de escándalos de corrupción e impunidad que salpican al entorno más cercano del Poder Ejecutivo.
De la promesa electoral al “paquetazo”, los bonos caros y el retorno del FMI
Durante la campaña de 2025, el partido oficialista (PDC) rechazó acudir al FMI. Sin embargo, tras la primera vuelta, el economista José Luis Lupo (excandidato vicepresidencial de Samuel Doria Medina) se integró al equipo económico. Tras la asunción en noviembre de 2025, la influencia del entorno de Doria Medina y Tuto Quiroga se consolidó con autoridades como José Gabriel Espinoza en Economía, Cinthia Yañez en Culturas y Wilson Santamaría en el Viceministerio de Coordinación Legislativa.
El ajuste estructural y financiero se desplegó aceleradamente:
- Abolición de impuestos a las élites (25 de noviembre de 2025): Se eliminaron el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y tributos a promociones empresariales, medida criticada por el vicepresidente Edmand Lara.
- Giro con las criptomonedas (Enero de 2026): Se exoneraron $us 200 millones en impuestos y se otorgó energía subvencionada en el Chapare a las firmas extranjeras Alps Blockchain y Qurubiga. El proceso fue asesorado por el argentino Fernando Cerimedo, estratega del libertario Javier Milei e investigado en la AGETIC según la Petición de Informe Escrito (PIE) presentada el 11 de marzo por el diputado Antonio Pino (Libre).
- Negociaciones secretas (Febrero a Abril de 2026): Pese al discurso público, filtraciones de Bloomberg revelaron el 27 de febrero que el ministro José Luis Lupo negociaba en secreto un crédito de $us 3.300 millones con el FMI. Entre el 13 y el 18 de abril, el ministro José Gabriel Espinoza participó en las Reuniones de Primavera del FMI y Banco Mundial en Washington.
- Endeudamiento agresivo y bonos (14 de mayo de 2026): El Gobierno emitió $us 1.000 millones en bonos soberanos a 5 años con una tasa récord del 9,45%. Economistas como Gonzalo Colque y Mauricio Ríos denunciaron que se “maquilló” el riesgo país bolivianizando los ahorros en dólares de la Gestora Pública.
- Devaluación oficial y tarifazos (Junio a Julio de 2026): Se promulgaron los Decretos Supremos 5644 (gasolinazo a precio de mercado) y 5647 (tarifazo eléctrico atado al dólar). El 29 de junio, el Banco Central de Bolivia (BCB) abolió el tipo de cambio fijo de Bs 6,96 (vigente desde 2011) dando paso a una flotación administrada por promedio ponderado. Para el 23 de julio, el dólar oficial escaló a Bs 11,13 (+13,22% en 17 días). Pese al impacto, el ministro Espinoza declaró en Contacto Bolivia: “La gente no debería pensar en el dólar porque la vida sigue en bolivianos”.
- El acuerdo con el FMI (30 de julio de 2026): El FMI anunció un acuerdo técnico por $us 1.900 millones bajo el programa SAF (a 36 meses), orientado a catalizar un paquete total de $us 5.000 millones a cambio de un recorte de $us 20.000 millones en el PGE Reformulado 2026.
Crisis en YPFB, “gasolina basura” y el colapso de los hidrocarburos
El sector energético se convirtió en el principal catalizador de la indignación popular debido al sobreprecio de insumos, la mala calidad de los combustibles y la inestabilidad institucional en YPFB:
- Pinchazos e irregularidades (Enero a Abril de 2026): Transportistas reportaron daños en más de 7.100 vehículos por “gasolina basura”. El 1 de abril, el economista Gonzalo Colque demostró que el exceso de mezcla con etanol (hasta 25%, sobrepasando el límite técnico) inestabilizó el combustible en los surtidores. En paralelo, la investigación por la compra de crudo con sobreprecio de $us 3,7 millones mensuales a Trafigura provocó la citación a interpelación del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el 27 de febrero.
- La crisis de los “23 días” en YPFB: Tras la salida de Yussef Akly el 30 de marzo, asume Claudia Cronenbold. Sin embargo, el 22 de abril Cronenbold dimitió de forma irrevocable denunciando a YPFB como un “Estado Tranca” insostenible.
- Aviso de crisis energética (30 de abril de 2026): Paz realizó un remezón en el gabinete reemplazando a Medinaceli por Marcelo Blanco en Hidrocarburos. Asumió Sebastián Daroca como tercer presidente de YPFB en menos de un mes, advirtiendo que Bolivia estaba “a puertas de una crisis energética mayor”. En este contexto, el 28 de abril el diputado Rolando Pacheco denunció que YPFB vendía la tonelada de urea a Brasil en $us 530 mientras la cobraba a $us 930 al productor nacional.
- Deuda a proveedores: Durante los bloqueos de junio, el ministro Blanco inspeccionó Senkata y admitió que Bolivia compraba gasolina a crédito, adeudando $us 500 millones a proveedores internacionales. Por ello, el 12 de julio el Gobierno promulgó el DS 5652 para extender la contención de precios hasta enero de 2027.
Sicariato, ciberataques y el corredor de la impunidad en Viru Viru
La violencia de alto impacto y los escándalos de narcocontrabando salpicaron de manera directa al Ministerio de Gobierno encabezado por Marco Antonio Oviedo:
- Sicariatos en Tarija y Santa Cruz: El 8 de enero de 2026 fue asesinado en Tarija Mauricio Aramayo, exdirector del Senasag y colaborador cercano de Rodrigo Paz, tras rechazar un soborno de $us 3 millones del contrabandista “El Tuerto”. El 1 de mayo de 2026 fue ejecutado en Santa Cruz el decano del Tribunal Agroambiental, Magistrado Víctor Hugo Claure.
- El encubrimiento de las “Narcomaletas”: A finales de enero estalló el caso del arribo (el 29 de noviembre de 2025) de 32 valijas con marihuana líquida y divisas ingresadas por la exdiputada Laura Rojas mediante pasaporte diplomático. El fiscal general, Roger Mariaca, denunció el 19 de enero que el Gobierno le ocultó la información por casi dos meses. El 29 de julio, la jueza Rosario Flores otorgó detención domiciliaria a Rojas y liberó al juez Hebert Zeballos (quien en agosto de 2025 había absuelto a Luis Fernando Camacho en el caso “carro bombero”).
- Ciberataques a la prensa (23 de abril de 2026): La Fiscalía cita a tres ciudadanos mexicanos (Sosa, Hurtado y Díaz) de la firma Black Intelligence por coordinar ciberataques contra el medio DTV, operados presuntamente desde YPFB con la mediación del pastor Fabricio Roca.
- “Narcomaderas” en Chile (8 de mayo de 2026): Chile incautó 108 toneladas de madera impregnada con cocaína y ketamina por un valor de $us 8.334 millones. Aunque el vocero José Luis Gálvez y la Caneb intentaron calificarlo de “show mediático”, las fiscalías de Chile y Brasil confirmaron el 23 de julio que las investigaciones siguen abiertas. El 15 de julio se denunció la vinculación en el caso de Carmen Flores (empleada de la naviera MSC y esposa del viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce).
- Tráfico de armas (9 de julio de 2026): Se incautaron en Viru Viru cuatro fusiles de guerra AK-47 de calibre 7,62 mm ocultos en equipajes procedentes de EEUU.
- Las maletas de oro (18 a 22 de julio de 2026): Se retuvo un cargamento de 189,5 kg de oro ($us 25 millones) con avales falsos de Senarecom rumbo a Dubái, con un bache de 22 kg “desaparecidos” del pesaje inicial. DTV reveló una llamada tripartita entre Alberto Soto de la Vía (Aduana), Armando Magne (Senarecom) y el ministro Marco Antonio Oviedo para consultar la legalidad de la carga, resultando en la liberación relámpago de 5 de los 6 aprehendidos.
La crisis de la tierra, el estallido social y la represión
La tensión social alcanzó su punto máximo con las leyes agrarias, las protestas sindicales y el uso de las fuerzas del orden:
- Pacto del Agro e inicio de la Marcha: El 8 de abril de 2026, Paz promulgó en Agropecruz la Ley 157 (Ley 1720) para convertir la pequeña propiedad en mediana. En respuesta, la marcha indígena-campesina partió desde Porvenir (Pando) rumbo a La Paz. La Fundación Tierra declaró la norma inconstitucional el 5 de mayo.
- Paro Indefinido y represión (2 a 12 de mayo de 2026): La COB y el transporte pesado (Cadetran) iniciaron un paro nacional. El 6 de mayo, Paz firmó un “falso acuerdo” con el dirigente Víctor Hugo Roca (CSUTCB), rechazado por las bases, mientras Trabajo detuvo a 13 dirigentes fabriles. El 12 de mayo, la marcha evista llegó a El Alto, enfrentando represión policial con más de 10 detenidos.
- Abrogación de la Ley 1720 (13 de mayo de 2026): Paz promulgó la Ley 1731 abogando la Ley 1720, fijando 60 días para concertar una nueva norma. Se confirmaron dos muertes durante las movilizaciones (incluida la turista de Belice, Anna Enns).
- Represión violenta en San Julián (6 de junio de 2026): Policías y grupos afines a la UJC atacaron a bloqueadores, dejando 33 heridos y la muerte del campesino por bala disparada desde la vagoneta del Tte. Cnl. Robert Ruiz Medina.
- Estado de Excepción (20 de junio de 2026): Tras una marcha de 40.000 personas en La Paz, Paz promulgó el DS 5636 decretando Estado de Excepción por 90 días, autorizando toques de queda y militarización que liberaron las vías el 22 de junio.
La fractura interna, el pacto minero y la agenda internacional
El tablero político interno e internacional terminó de desconfigurarse a mediados de año:
Ruptura de Unidad Nacional (27 de julio de 2026): Samuel Doria Medina retiró a UN del Gobierno aduciendo “razones éticas” y falta de firmeza contra la corrupción, dejando a sus ministros desmarcados del gabinete.o.
Derrota Subnacional (22 de marzo de 2026): La alianza oficialista (Patria) sufrió un estrepitoso fracaso, ganando solo la alcaldía de Trinidad y la gobernación de Beni (Jesús Égüez). La gobernación de La Paz fue entregada administrativamente a Luis Revilla tras irregularidades electorales.
Geopolítica y cumbre en Miami: El 7 de marzo, Paz asistió a la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami con Marco Rubio, Nayib Bukele, Javier Milei y José Antonio Kast; la Primera Dama, Vivi Urquidi, sostuvo agenda con Sara Netanyahu. El 23 de julio, se formalizó el retorno operativo de la DEA a Bolivia.
Pacto FENCOMIN en Áreas Protegidas (14 de mayo de 2026): Para levantar bloqueos, Paz firmó un acta entregando 1,5 millones de cuadrículas mineras (33.000 áreas), restituyendo cargos en COMIBOL y en la Caja Nacional de Salud (CNS), y reponiendo el reglamento para minería aurífera en Áreas Protegidas (criticado por la diputada Cecilia Requena y Contiocap).
Denuncias del Vicepresidente Edmand Lara: Lara destapó el ascenso irregular del Gen. Julio Céspedes Quevedo (hermano de la Jefa de Gabinete Gilda Céspedes, quien denunció al periodista Junior Arias); los pasajes de primera clase a Miami por Bs 1.588 de Tatiana Soto de la Vía (hermana del presidente de la Aduana, Alberto Soto); audios sobre cobros de $us 2 millones en la Policía (caso “Los Golden” contra el Gral. Mirko Sokol); y la reciente oferta de un abogado del ministro José Luis Lupo para negociar presupuestos con Paz en un “sauna” a cambio de silenciar sus denuncias.
Abandono ambiental y cierre de Culturas (Julio de 2026): Mientras los incendios devoraban Tarija con una partida del 0,23% del POA (Bs 1 millón) y se exoneraba a comunarios de Tariquía en juicio con Petrobras, el Gobierno cerró el Ministerio de Culturas degradándolo a agencia. Rolo Barrientos (Oruro) criticó: “Hablaron de turismo sostenible y ni el ministerio pudieron sostener”.
El regalo de Rodrigo Paz a Bolivia es un país en emergencia
En este 6 de agosto de 2026, el balance de los nueve meses de gestión de Rodrigo Paz muestra un país con la moneda devaluada, el costo de vida disparado por tarifazos e inflación importada, sus instituciones clave envueltas en investigaciones por narcotráfico y contrabando, y una profunda división social que deja a la población boliviana asumiendo el costo real del ajuste económico.
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