El agronegocio en Bolivia está a un paso de consolidar su mayor victoria legislativa bajo el gobierno de Rodrigo Paz. Tras su rápida aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados debate en estos momentos (jueves 26 de marzo 10:30 am.) el polémico Proyecto de Ley 157, conocido como la “Ley de Conversión de Tierras”. Organizaciones indígenas, campesinas y fundaciones especializadas denuncian que la norma es una trampa diseñada para anular las protecciones constitucionales de la pequeña propiedad. El objetivo real, advierten, es liberalizar el mercado agrario para legalizar el despojo de los campesinos y facilitar la concentración de latifundios en manos de élites nacionales y magnates extranjeros.
Las 12 trampas de la Ley 157: el fin de la pequeña propiedad
La Fundación TIERRA publicó un análisis exhaustivo desmantelando la narrativa oficial. Según los promotores de la ley —entre ellos legisladores vinculados al empresariado como Branko Marinkovic y Centa Rek—, la norma busca que los campesinos “conviertan” voluntariamente su pequeña propiedad en mediana o empresarial para acceder a créditos bancarios.
Sin embargo, el análisis revela que esto es un falso beneficio para el 90% de los productores. De los 1,4 millones de pequeñas propiedades en Bolivia, el 74% son minifundios menores a dos hectáreas, parcelas que, por su bajo valor comercial, no son sujetas a hipoteca bancaria.
Al aceptar esta “conversión”, el campesino pierde la protección directa de la Constitución Política del Estado (CPE), la cual establece que la pequeña propiedad es indivisible e inembargable. Al convertirla en empresa, la tierra se convierte en una mercancía que los bancos pueden embargar y los grandes capitales pueden adquirir a precio de remate ante la insolvencia del productor.
Entre las trampas más graves del proyecto de ley destacan:
- Trámite “exprés” e ilegal: La conversión se haría en solo 10 días, sin verificación técnica del INRA, legalizando titulaciones fraudulentas de grandes extensiones en el pasado.
- Perdonazo a la FES: Se otorga una pausa de 10 años en la fiscalización de la Función Económico-Social (FES), incentivando la especulación, los incendios y la deforestación sin control estatal.
- Despojo y ruptura comunitaria: En el altiplano y los valles, la conversión individual desestructurará los ayllus y generará conflictos intrafamiliares al volver transable la tierra comunitaria.
Consulte en documento acá: Las 12 trampas de la Ley de Conversión de Tierras: la extinción campesina que impulsa el agronegocio
CONTIOCAP denuncia un “etnocidio” inconstitucional
Para la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios (CONTIOCAP), el PL 157 es una ley de expropiación. La organización compara esta norma con la Ley de Exvinculación de 1874, que disolvió los ayllus para convertir a los indígenas en peones de las haciendas.
“Nuevamente buscan la liberalización irrestricta del mercado de tierras, donde los campesinos no podremos competir con las fortunas del agronegocio. El Estado nos ignora, abusa y empobrece con el despojo territorial”, alerta el pronunciamiento de CONTIOCAP. Las organizaciones exigen frenar el debate en Diputados, advirtiendo que la norma viola el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.
La entrega de tierras: el contraste con los magnates brasileños
La magnitud de la amenaza que representa la Ley 157 se evidencia al observar las recientes alianzas internacionales del Gobierno. Mientras se impulsa una ley que desprotege a los campesinos locales, el presidente Rodrigo Paz prometió en el Foro Empresarial Brasil-Bolivia en São Paulo una “apertura absoluta” a los empresarios brasileños.
El portal agroindustrial AgFeed reveló que magnates del país vecino ya acaparan territorio boliviano a escalas colosales:
- La familia Marchett, con 35 años en el agro boliviano, opera 100.000 hectáreas y planea expandirse con 60.000 hectáreas más en el Beni para soya y caña de azúcar.
- Eraí Maggi Scheffer (Grupo Bom Futuro), uno de los mayores productores mundiales, intensificó la compra de tierras y ya operaría entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitanía (Santa Cruz).
La CPE de Bolivia prohíbe el latifundio y establece un límite máximo intransferible de 5.000 hectáreas por persona. Sin embargo, el Gobierno permite que consorcios extranjeros acumulen hasta 100.000 hectáreas. La inminente aprobación de la Ley 157 en la Cámara de Diputados configura un escenario diseñado a medida: la tierra de los campesinos bolivianos, una vez “convertida” y embargada, terminará irremediablemente en manos del gran agronegocio transnacional.
Spanish 
English