La estrategia de ingreso de Petrobras a la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tariquía se sostiene sobre dos pilares irregulares: un acuerdo económico que condiciona a una comunidad a cambio de Bs 400.000 y autorizaciones de paso firmadas por personas, entre ellas miembros de la familia Beiler, cuyo derecho propietario sobre la tierra no está consolidado y es desconocido por el Estado boliviano. Documentos de la Defensoría del Pueblo y un informe clave del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) exponen una trama de consentimientos viciados y una base legal inexistente para la ejecución del proyecto exploratorio Domo Oso X-3.
El pacto económico que vició la consulta
El primer eslabón de la irregularidad es un “Acuerdo de Entendimiento” fechado el 22 de octubre de 2023, firmado entre Petrobras y un comité de la comunidad de Saicán. Este documento, lejos de reflejar una consulta libre e informada, establece un claro condicionamiento económico. Así lo dio a conocer la Agencia de Noticias Ambientales en su nota “Domo Oso X3: Pactos económicos entre Petrobras y un comité de Saicán permitieron la Licencia Ambiental que afecta a Tariquía “
Petrobras se comprometió a un presupuesto de 400 mil bolivianos para la gestión 2024, destinado a “proyectos sociales”. La entrega de una suma similar para 2025 fue condicionada a un hecho clave: que se emita la Licencia Ambiental del proyecto y se inicien los trabajos de construcción.
Este pacto, firmado por el representante legal de la petrolera, André Bitar Santa Rosa, y dirigentes de Saicán, convirtió el proceso de consulta en una negociación económica que marginó a las otras ocho comunidades del cantón Chiquiacá, también afectadas por el proyecto.
Según la Defensoría del Pueblo, esto demuestra que el consentimiento fue obtenido mediante “mecanismos de coacción y desinformación”, invalidando la legitimidad del proceso.
El pacto fue suscrito, a espaldas de las demás comunidades afectadas, por el “Comité de Coordinación de Saicán”, integrado por Shirley Aguilera (secretaria general), Lainman Aguilera (corregidor), Cristina Garzón (presidenta), Jaime Aguilera (vicepresidente) y Elías Meriles (tesorero). Por parte de Petrobras, firmó su representante legal, André Bitar Santa Rosa.
La trama del falso derecho propietario: los Beiler y otros implicados
El segundo y más grave pilar de la ilegalidad es la falta de titularidad de quienes autorizaron el ingreso a las tierras. Petrobras y su socia estatal YPFB basaron el acceso a la zona en permisos otorgados por particulares que, según el INRA, se hicieron pasar por propietarios sin serlo legalmente.
Un informe oficial del INRA-Tarija (DDT-INF-SAN No 269/2025) certifica que el proceso de saneamiento del predio “Valle del Peregrino”, asociado al ciudadano estadounidense Nelson David Beiler Miller, y de otros predios clave como “Oso Morro Montuoso”, aún no ha concluido. La conclusión del INRA es determinante: “no se ha consolidado el derecho propietario para los beneficiarios de los mismos”.
A pesar de esta realidad jurídica, la Defensoría del Pueblo constató que Petrobras opera con autorizaciones de ingreso firmadas por:
- Sara Ann Beiler, quien otorgó permiso “bajo una declaración de propiedad”, a pesar de que el INRA no le reconoce la titularidad.
- Oscar Samuel Figueroa Espinoza, actuando como apoderado de Michael Dean Clarck, sin presentar documentación que acredite su mandato ni el derecho propietario de su representado.
- Mabel Camacho Labra, quien firma otra autorización para el predio Oso Morro Montuoso sin aclarar los datos de su derecho propietario.
Esta actuación, según la acción legal de la Defensoría, representa una “inconsistencia jurídica absoluta”. Los Beiler y los demás firmantes, al no tener un Título Ejecutorial emitido por el Estado, carecían de toda facultad legal para otorgar derechos de servidumbre o paso, lo que convierte el ingreso de Petrobras en un acto que invade tierras en proceso de saneamiento, cuya titularidad final es incierta.
Judicialización y la defensa de Tariquía
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo presentó una Acción Ambiental Precautoria solicitando la suspensión inmediata de todas las actividades del proyecto Domo Oso X-3. La acción denuncia que las omisiones e irregularidades, como la falta de una consulta idónea y la ausencia de titularidad, repercuten directamente en la “vulneración de derechos ambientales y derechos de la Madre Tierra”.
La estrategia de la petrolera, al negociar pagos y aceptar permisos de personas sin propiedad legalmente reconocida, ha puesto en jaque la viabilidad del proyecto y ha escalado el conflicto a instancias judiciales, donde se deberá determinar si la exploración puede continuar sobre una base de ilegalidad y consentimientos comprados.
Hoy se realiza la audiencia que busca parar el avance ilegal de Petrobras y el gobierno de Rodrigo PAz en Tariquía.
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