La vergüenza nacional es total: la Policía y la Fiscalía se culpan mutuamente por el vergonzoso saqueo a la quinta de Sebastián Marset, mientras el narcotraficante uruguayo ya se encuentra en EEUU tras una “expulsión exprés” que su abogado califica de “ilegal”. El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, en un intento desesperado por limpiar la imagen de su institución, reveló que una fiscal de Santa Cruz impidió el ingreso al inmueble y ordenó retirar a los custodios, dejando la propiedad a merced de los ladrones. Este bochorno se suma a la revelación de que el capo narco operaba en Bolivia con más de 10 cédulas de identidad, presuntamente emitidas por el Segip.
La “pelotita” de la culpa: ¿quién dejó la puerta abierta a los saqueadores?
La imagen de Bolivia ante el mundo ha quedado por los suelos. Tras el supuesto exitoso operativo de captura, la noticia del saqueo a la lujosa quinta de Marset ha expuesto una inoperancia que raya en la complicidad. El comandante Mirko Sokol no se guardó nada y apuntó directamente al Ministerio Público.
“Evidentemente, la Policía ha acudido a una quinta (…) y la misma fiscal ha instruido a los policías que no se ingrese a dicho inmueble”, contó Sokol a Unitel.
La negligencia, según el jefe policial, fue aún mayor. No solo se impidió el allanamiento, sino que se dejó la propiedad sin ninguna custodia. “La fiscal ordenó que se precinte el inmueble y tampoco hizo el requerimiento para que se deje personal policial. Al contrario, dispuso que el personal se retire a realizar otro operativo a cuatro horas de distancia”, detalló Sokol, afirmando que en ese “interín” los “inescrupulosos” saquearon la vivienda.
“Este operativo estaba bajo la dirección funcional del Ministerio Público y no tienen por qué acusar a la Policía”, sentenció, en una declaración que abre una guerra entre las dos instituciones encargadas de la investigación.
De Bolivia a EEUU en seis horas: la “expulsión exprés” ilegal
Mientras la Policía y la Fiscalía se acusan, el abogado de Marset en Uruguay, Santiago Moratorio, denuncia que la salida de su cliente de Bolivia fue una “expulsión exprés” que vulneró todas las garantías legales.
“Estamos hablando de una detención a las 03:00 y una expulsión a las 09:00. En ese lapso, ¿qué tipo de defensa o recurso pudo ejercer?”, cuestionó el jurista.
Moratorio explicó que la propia ley migratoria boliviana garantiza un plazo de 15 días para la defensa antes de una expulsión, un derecho que —según su versión— fue completamente ignorado. Calificó el procedimiento de “llamativo” e “ilegal”, y lo diferenció claramente de una extradición.
El narco con 10 cédulas bolivianas
Para agravar la situación, el comandante Sokol confirmó que Marset operaba en el país con más de 10 cédulas de identidad, bajo alias como “Luis Paulo Amorim Santos” o “Gabriel de Souza Beumer”.
La Policía ahora investiga si estos documentos son falsos o, lo que sería aún más grave, si fueron proporcionados por el propio Servicio General de Identificación Personal (Segip). Esta revelación confirma el nivel de penetración y protección con el que contaba el narcotraficante, capaz de obtener múltiples identidades para moverse con impunidad por el territorio nacional y países vecinos.
Con un narco que tenía más cédulas que un ciudadano común, una quinta saqueada por la presunta negligencia de sus investigadores y una expulsión exprés que vulnera sus propias leyes, el supuesto “exitoso” operativo de captura de Marset ha terminado por exponer, una vez más, la profunda debilidad y las serias fallas institucionales del Estado boliviano.
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