El Gobierno de Rodrigo Paz ha creado un paraíso fiscal para inversionistas extranjeros, permitiéndoles pagar apenas un 3,1% de impuestos, mientras los empresarios bolivianos siguen sujetos a una carga superior al 12%. El Decreto Supremo 5563, presentado como una medida para “frenar la escasez de dólares”, establece un trato preferencial desmedido al capital foráneo, en una clara violación del principio constitucional que prioriza la inversión nacional y profundiza la desigualdad en el sistema tributario.
Gobierno de Paz crea un paraíso fiscal para extranjeros
La medida central y más controversial del decreto es la drástica reducción del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior (IUE-BE). Este tributo, que grava las remesas de ganancias de empresas extranjeras a sus casas matrices, se ha reducido de un 12,5% a un irrisorio 3,125%, siempre y cuando las utilidades se reinviertan en el país.
Este “regalo” fiscal tiene un claro destinatario: las grandes empresas transnacionales, especialmente en sectores rentables como la minería y los hidrocarburos. El objetivo, según el Gobierno, es incentivar que no se “fuguen” los dólares del país. Sin embargo, en la práctica, se está sacrificando la recaudación fiscal inmediata con la simple “esperanza” de que ese dinero genere empleos en el futuro.
Una violación a la Constitución que perjudica al inversor boliviano
Este trato preferencial choca directamente con el artículo 320 de la Constitución Política del Estado (CPE), que es categórico: “La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera”.
El decreto hace exactamente lo contrario. Mientras un inversionista extranjero que reinvierte sus ganancias pagará un 3,1%, un empresario boliviano que hace lo mismo sigue sujeto a la tasa general del Impuesto a las Utilidades, que es del 25% (con una alícuota efectiva superior al 12% en muchos casos). Esta disparidad no solo es injusta, sino que podría ser inconstitucional por generar una competencia desleal que perjudica al capital nacional.
Un alivio para la clase media, un olvido para los más vulnerables
Para contrarrestar las críticas, el decreto incluye un “alivio” para la clase media profesional. La Disposición Adicional Segunda permite a los trabajadores independientes y a las empresas unipersonales deducir de sus impuestos facturas de gastos básicos como comida, ropa, gasolina y supermercado.
Si bien esta medida es un avance en la justicia tributaria para un sector que antes no podía descontar sus gastos de vida, el decreto no ofrece ningún beneficio directo para los sectores más vulnerables. Los trabajadores informales, los campesinos y las personas de escasos recursos, que no tributan porque apenas generan ingresos para subsistir, quedan completamente fuera del alcance de esta norma.
El DS 5563, en definitiva, consolida un modelo económico de “reactivación por oferta”: bajar impuestos a los ricos (inversionistas extranjeros) y a la clase media profesional con la esperanza de que esto genere un “efecto derrame”. Es una apuesta neoliberal que, una vez más, deja a los más pobres esperando las migajas de un banquete diseñado para otros. El Gobierno de Paz crea un paraíso fiscal para extranjeros.
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