La violencia desatada en el municipio de San Julián (Santa Cruz) ha cruzado una peligrosa línea con el uso comprobado de armas de fuego contra civiles movilizados, bloqueadores. Tras los operativos de desbloqueo ejecutados el fin de semana, han salido a la luz contundentes pruebas y denuncias que exponen una presunta complicidad directa entre la Policía Boliviana y grupos parapoliciales armados.
El saldo de la intervención es devastador: organizaciones sociales confirmaron la muerte de un campesino por impacto de bala, decenas de heridos por proyectiles y una serie de aprehensiones irregulares ejecutadas por civiles encapuchados.
Vagoneta con hombres armados, vinculada a un jefe policial
La evidencia más grave del uso de armamento letal surgió tras la viralización de fotografías y videos donde se observa a sujetos de civil apuntando con un arma de fuego visible hacia los bloqueadores desde una vagoneta blanca.
Reportes oficiales y seguimientos de investigación, a los que tuvo acceso la RED DTV, revelaron que dicho vehículo está estrechamente vinculado al Teniente Coronel Robert Gabriel Ruiz Medina, jefe departamental de ICIA – OP Santa Cruz.
El análisis de los registros determinó que el vehículo portaba la placa de circulación 3480-URK, la cual corresponde legalmente a un automóvil Nissan March, modelo 2011, de color plateado. Sin embargo, el reporte del sistema B-SISA arroja un dato clave: existen carguíos de combustible realizados de manera reiterativa a nombre de Ruiz Medina, con su número de carnet, lo que probaría el uso de logística policial para movilizar a civiles armados.
Bartolina Sisa confirma un muerto y denuncia un «Estado de Excepción de facto»
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» emitió un duro pronunciamiento condenando los hechos. La organización confirmó que el uso desproporcionado de la fuerza y el empleo de armas letales derivaron en la muerte de un campesino de San Julián por impacto de bala, además de dejar casi 30 heridos por proyectiles.
Las «Bartolinas» denunciaron que la brutal represión contó con la participación de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que actuó «en coordinación y bajo resguardo de efectivos policiales y militares». Además de los disparos, reportaron el uso de armas blancas, machetes, gases lacrimógenos y el saqueo de viviendas en la localidad.
«El Gobierno viene instaurando de facto un virtual Estado de Excepción, recurriendo a la militarización y a grupos civiles violentos para enfrentar la protesta social, sin contar con una norma aprobada por la Asamblea», advirtió la organización, exigiendo la liberación de los detenidos y una investigación transparente para encarcelar a la cúpula de la UJC.
El uso de armas de fuego contra bloqueadores en San Julián fue patrocinado por el gobiernod e Rodrigo Paz.
La COB acusa a Rodrigo Paz de promover el paramilitarismo
Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) expresó su «profunda rabia e indignación» ante lo que calificaron como «la peor cara del paramilitarismo y el terrorismo de Estado».
La dirigencia cobista apuntó directamente al presidente Rodrigo Paz. Según el ente sindical, el reciente mensaje del mandatario invitando a la población a «desbloquear» junto a las fuerzas del orden funcionó como «una instrucción directa y premeditada para organizar, movilizar y proteger grupos de choque».
La COB exigió el desarme inmediato de estos grupos irregulares que fueron escoltados por la Policía mientras portaban explosivos artesanales y machetes, cuestionando si esa es la imagen de Bolivia que el Gobierno pretende proyectar al mundo.
Aprehensiones ilegales: civiles capturando a civiles
El nivel de irregularidad en San Julián también alcanzó al sistema de justicia. El abogado Henry Zeballos, defensa técnica de cinco personas aprehendidas durante el conflicto, anunció que pedirá la libertad irrestricta de sus defendidos debido a que el informe de acción directa policial es «completamente falso».
Zeballos denunció un hecho gravísimo que confirma la operatividad conjunta entre el Estado y los grupos de choque: cuatro de sus cinco defendidos fueron capturados violentamente por integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista y posteriormente entregados a la Policía.
«El informe señala que fueron sorprendidos agrediendo a efectivos policiales, pero eso es falso. Algunos fueron detenidos cuando intentaban defender a sus familiares o realizaban actividades cotidianas», explicó el jurista, demostrando que la Policía delegó funciones de aprehensión a grupos civiles armados.
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