La madrugada de este sábado, el municipio de San Julián (Santa Cruz) se convirtió en el escenario de una grave violación a los derechos humanos y a la Constitución Política del Estado (CPE). Lo que el gobierno de Rodrigo Paz intentó mostrar como un «operativo humanitario» para despejar las vías, fue denunciado por los pobladores y verificado por la Defensoría del Pueblo como un ataque coordinado entre efectivos de la Policía Boliviana y grupos parapoliciales armados, identificados como miembros de la Resistencia Juvenil Cruceñista (RJC), Unión Juvenil Cruceñista .
Mientras el país cumple 38 días de bloqueos que asfixian a ciudades como La Paz con escasez de alimentos y combustibles, la respuesta gubernamental en San Julián ha cruzado una peligrosa línea roja. La actuación de fuerzas irregulares bajo el amparo policial no solo vulnera el Estado de Derecho, sino que anticipa el oscuro panorama de represión que traería consigo la inminente promulgación de la Ley 1732 de Estados de Excepción.
El ataque en San Julián: saqueos, bazucas y protección policial
Los enfrentamientos comenzaron en las primeras horas de la mañana en el punto de bloqueo que une Santa Cruz con Beni. Según denuncias de los vecinos, miembros de la juventud cruceñista atacaron a la población civil portando machetes, petardos y bazucas artesanales.
Videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación evidencian cómo estos grupos irregulares operaron detrás de la línea policial. Mientras los uniformados gasificaban a los bloqueadores, los grupos parapoliciales armaban sus explosivos con total protección del Estado. Lejos de restablecer el orden, la incursión derivó en el saqueo de viviendas particulares, agresiones físicas y la quema de motocicletas pertenecientes a periodistas que cubrían el hecho.
Tras cuatro horas de combate y resistencia comunitaria, las fuerzas policiales y los grupos de choque tuvieron que replegarse, dejando el saldo de una zona aterrorizada y la vía aún bloqueada.
Defensoría del Pueblo confirma presencia «paraestatal» y 33 heridos
La brutalidad del operativo dejó consecuencias trágicas. La Defensoría del Pueblo emitió un informe confirmando la existencia de 33 personas heridas: 26 civiles y siete efectivos policiales.
La gravedad de la violencia quedó expuesta al confirmarse que dos civiles requirieron intervención quirúrgica, uno de ellos por impacto de bala. Asimismo, cuatro policías sufrieron heridas por armas de fuego, permaneciendo uno en terapia intensiva con trauma craneal.
En un contundente pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la flagrante ilegalidad del operativo impulsado por la administración de Rodrigo Paz:
«Durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque (…) La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa», advirtió la institución, recordando al Estado que no debe estimular estas conductas.
Una vulneración total a la Constitución Política del Estado
La actuación conjunta de la Policía con grupos parapoliciales representa una ruptura total del pacto social consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE).
El Gobierno de Rodrigo Paz, al tolerar y cobijar a grupos irregulares (RJC) para reprimir civiles, vulnera directamente el Artículo 15 de la CPE, que garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y prohíbe toda forma de tortura o coacción. Asimismo, el Estado renuncia a su monopolio legítimo de la fuerza (Art. 251), delegando la represión a bandas civiles armadas que actúan al margen de la ley.
La Ley 1732: El escudo de impunidad que alista Rodrigo Paz
La violencia desplegada en San Julián no es un hecho aislado; es el preámbulo de lo que se avecina si el presidente Rodrigo Paz promulga la Ley 1732 de Estados de Excepción, norma que actualmente espera su firma tras ser aprobada en la Asamblea Legislativa.
El mes pasado, el Legislativo abrogó la Ley 1341, una norma que prohibía expresamente que los militares y policías fueran eximidos de responsabilidad penal en casos de represión (Art. 13).
Al eliminar ese candado, el Ejecutivo impulsó la nueva Ley 1732, la cual contiene una trampa jurídica letal: La Presunción de Legalidad Operativa (Art. 28). Si Rodrigo Paz promulga esta ley y declara el Estado de Excepción, actos como los vistos en San Julián quedarían impunes acorde a la ley que es incosntitucional.
Bajo la nueva norma, si un policía o militar mata a un civil —o si da cobertura a grupos parapoliciales que causan muertes o saqueos—, la justicia asumirá de entrada que el uniformado «actuó bajo la ley». Las víctimas de San Julián tendrían que luchar contra todo el aparato estatal (que además pagará los abogados de los represores según el Art. 29 de la nueva ley) para buscar justicia.
Sna Julián fue un desastre
A 38 días de conflicto, con los mercados de La Paz desabastecidos, el precio del pollo por las nubes y el gabinete fracturado tras la renuncia de tres ministros, el gobierno de Rodrigo Paz parece haber elegido el camino de la represión para sostenerse en el poder.
Los sucesos en San Julián demuestran que el Estado está dispuesto a utilizar fuerzas irregulares para sofocar el descontento. Si a este accionar ilegal se le suma el blindaje jurídico de la inminente Ley 1732, Bolivia se asoma peligrosamente a un escenario donde la represión militarizada y la impunidad volverán a dejar un saldo de sangre y luto, tal como ocurrió en los oscuros episodios de Senkata, Sacaba y la Guerra del Gas.
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