Bloqueos en Bolivia: renuncias de ministros, emergencia en La Paz y toma de pozos por bloqueos que exigen la dimisión de Rodrigo Paz

Bloqueos en Bolivia: renuncias de ministros, emergencia en La Paz y toma de pozos por bloqueos que exigen la dimisión de Rodrigo Paz marcan el punto más crítico de un conflicto que mantiene al país paralizado desde hace más de un mes. Impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y diversas federaciones campesinas, las medidas de presión han provocado una severa fractura institucional, desabastecimiento de insumos médicos y alimentos, y un golpe devastador a la economía nacional, empujando al Gobierno a un escenario de máxima tensión.

Renuncias en el gabinete de Rodrigo Paz y fracaso del diálogo

El desgaste político generado por los 33 días de conflicto ha comenzado a fracturar el círculo de confianza del Ejecutivo. En las últimas horas, Marcelo Salinas y Beatriz García presentaron sus renuncias irrevocables a los ministerios de Defensa y Educación, respectivamente. Estas dimisiones se suman a la destitución del exministro de Trabajo, Edgar Morales, ocurrida el pasado 21 de mayo tras la presión de sindicatos fabriles y la toma de sus oficinas. Morales fue reemplazado por el abogado constitucionalista William Bascopé.

A pesar de los intentos de pacificación, el diálogo se encuentra estancado. Las invitaciones directas del mandatario a Mario Argollo (COB) y Vicente Salazar (Federación Túpac Katari) no obtuvieron respuesta. Asimismo, la mediación impulsada por el vicepresidente Edmand Lara, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo fracasó, derivando en un ampliado sindical que ratificó la radicalización de las medidas hasta lograr la renuncia del presidente, quien lleva seis meses y 25 días en el poder.

Radicalización en El Alto y protagonismo de la dirigencia del Chapare

El conflicto ha tomado un nuevo matiz con la llegada de dirigentes afines al expresidente Evo Morales a la ciudad de El Alto. Figuras como Feliciano Vegamonte, Dieter Mendoza (vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico), Vicente Choque y Wilma Colque han asumido un rol protagónico en los cabildos vecinales.

Los discursos se han endurecido: Mendoza advirtió que el desabastecimiento y el alza de precios continuarán hasta que la población se sume a las protestas, mientras que Choque anunció la movilización de grupos campesinos hacia el centro de la sede de Gobierno para forzar la caída del Ejecutivo. En el ámbito legislativo, la Asamblea abrogó la Ley 1341 (que regula los estados de excepción), medida promulgada por el presidente, pero rechazada por los sectores movilizados.

Emergencia sanitaria y humanitaria en La Paz

El cerco a la sede de Gobierno ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes. La Gobernación de La Paz declaró emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días para garantizar el ingreso de oxígeno medicinal, medicamentos y alimentos mediante corredores seguros.

La situación en los hospitales es crítica: centros de tercer nivel han suspendido cirugías programadas por falta de oxígeno. El costo humano del cerco vial es trágico; autoridades confirmaron el fallecimiento de ocho personas (dos niños, cuatro mujeres y dos varones) que no pudieron llegar a los centros médicos debido a los bloqueos. Paralelamente, el operativo policial-militar «Banderas Blancas», que intentó liberar la ruta La Paz-Oruro, fracasó luego de que los manifestantes reinstalaran los cortes horas después.

Toma de pozos petroleros en Santa Cruz

La conflictividad se ha extendido al sector de hidrocarburos. En el municipio de Santa Rosa del Sara (Santa Cruz), sectores campesinos tomaron el pozo petrolero Humberto Suárez Roca, cerrando válvulas y reteniendo en las instalaciones a 33 trabajadores.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, confirmó el despliegue de un contingente hacia la zona, la cual se encuentra de difícil acceso por las rutas cortadas. La Policía busca persuadir a los manifestantes mediante el diálogo, pero ha advertido que, de no existir una salida pacífica, se utilizará la fuerza pública para restituir el control de esta infraestructura estratégica y evitar un mayor daño económico al Estado.

Colapso económico: 240.000 empleos perdidos en el sector de servicios

El impacto económico de los bloqueos amenaza con quebrar el tejido empresarial urbano. Juan Carlos Callejas, secretario ejecutivo de la Federación de Propietarios de Discotecas, Locales y Ramas Afines de La Paz, denunció que la escasez de combustible y alimentos ha provocado el cierre de unos 80.000 establecimientos gastronómicos y de entretenimiento (de un total de 100.000 en el departamento).

Esta parálisis se ha traducido en la pérdida de aproximadamente 240.000 empleos. El sector, incapaz de cubrir alquileres y planillas, exige la aprobación de una ley que otorgue un periodo de gracia de tres meses para el pago de créditos bancarios sin intereses, advirtiendo que muchos inversores ya evalúan abandonar La Paz para trasladarse a regiones con menor conflictividad.