Samuel Doria Medina: el hombre nunca elegido, pero siempre en el poder

Por décadas, su nombre ha estado impreso en las papeletas electorales, en los registros de la Bolsa de Valores y en los expedientes judiciales más controversiales de Bolivia. Samuel Doria Medina nunca logró la Presidencia de la República a través del voto, pero una revisión exhaustiva a su trayectoria revela una tesis innegable: desde su ascenso a fines de los años ochenta, ha sido el arquitecto en la sombra de modelos económicos, beneficiario de privatizaciones y un actor clave en las estructuras de decisión de múltiples gobiernos.

Bolivia, principios de la década de 1990. El país aún sentía los estragos de la hiperinflación y buscaba un rumbo económico. En ese escenario emergió la figura de un joven economista educado en la London School of Economics, heredero de una familia que había adquirido las propiedades de la transnacional Casa Grace. Samuel Doria Medina, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se convirtió rápidamente en el jefe del gabinete económico y Ministro de Planeamiento y Coordinación del presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Ese fue su trampolín. A partir de allí, la línea divisoria entre el funcionario público encargado de administrar los bienes del Estado y el empresario privado dispuesto a adquirirlos se volvió cada vez más difusa.

El arquitecto de las privatizaciones y el Estado residual

Doria Medina no fue un ministro más; fue el ideólogo del desmantelamiento del capitalismo de Estado en Bolivia. Convencido de la receta neoliberal, en su libro El Desafío del Crecimiento (1992) proponía utilizar un «método bon-sei para que se vayan muriendo muy lentamente las empresas públicas».

Fiel a su palabra, impulsó la Ley de Privatización 1330 en 1992 y el Decreto Supremo 22836. Su promesa pública fue contundente: «Privatizaré una empresa estatal por semana porque el mercado, la oferta y la demanda definen la actividad productiva del país». Bajo su gestión, se enajenaron aproximadamente 60 empresas de las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CORDES).

Los documentos de la época revelan profundas contradicciones y aparentes conflictos de interés. Mientras el Estado justificaba la necesidad de recursos incrementando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 13% —asfixiando a una población con un ingreso per cápita nominal de apenas 800 dólares anuales—, las empresas estatales se vendían a precios irrisorios, muchas veces por debajo de su avalúo.

Un caso paradigmático es el de la Fábrica Boliviana de Cerámica (FABOCE). Doria Medina, como presidente de la Comisión de Evaluación de Empresas Públicas (CEEP), firmó la resolución para su venta. Tras un proceso plagado de irregularidades, donde se entregaron activos discrecionalmente y se valoró una cantera de arcilla en apenas 10.000 dólares, la empresa terminó en manos privadas a precio de remate. Lo mismo ocurrió con la Hilandería Santa Cruz, valorada en 70 millones de dólares y vendida a Raúl Garafulic por apenas 4 millones.

Pero el mayor beneficiario de este andamiaje legal terminaría siendo el propio exministro.

El político que compró lo que el ministro preparó

La Ley 1330, redactada por Doria Medina, prohibía en su artículo 5 que autoridades del Ejecutivo participaran en la compra de empresas públicas. Sin embargo, como ministro, encargó millonarias consultorías para evaluar cementeras estatales como FANCESA (Sucre) y El Puente (Tarija), pero oportunamente «postergó» su privatización argumentando falta de estudios técnicos.

Años después, cuando ya no era funcionario y sus aliados políticos del MIR co-gobernaban con Hugo Banzer Suárez, el Decreto Supremo 25523 de 1999 modificó las reglas del juego. Doria Medina, a través de su empresa SOBOCE, adquirió el 33,34% de FANCESA. En Sucre, el remate fue fugaz: cada acción se vendió a 1.000 bolivianos. Un paquete accionario valuado entre 54 y 79 millones de dólares terminó costando solo 26 millones. En 2010, el entonces ministro Luis Arce Catacora denunció este acto como un claro «tráfico de influencias», señalando: «Es increíble que se hayan hecho leyes propuestas por el mismo señor Samuel Doria Medina para que después él mismo se haga de las acciones de una empresa pública».

La historia se repitió con la cementera El Puente en Tarija. Según investigaciones legislativas de 2013, la empresa estatal demandó 48 millones de dólares en implementación, pero Doria Medina la compró por menos de 15 millones.

Ingenierías financieras: Bancos extintos y dineros oscuros

El historial financiero de Doria Medina está marcado por maniobras al filo de la ley que le permitieron capitalizar sus empresas mientras el Estado asumía las pérdidas.

Documentación de 1986 revela que el Estado boliviano, a través del Banco Central y el Banco del Estado, avaló y terminó asumiendo una deuda de SOBOCE con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 15 millones de dólares. Según denunció en 2017 el legislador Javier Zavaleta, a Doria Medina se le otorgaron «de forma arbitraria, discrecional e irregular plazos adicionales de hasta 20 años» para pagar su deuda. Paradójicamente, en 1992, fue el propio Doria Medina como ministro quien firmó el Decreto Supremo 23334 que ordenó el cierre definitivo del Banco del Estado.

En paralelo, se gestó el «Caso FOCAS». En 1992, autorizó transferir 21 millones de dólares de un proyecto estatal a Funda-Pro (entidad privada) con un interés inferior al que el Estado pagaba a sus acreedores. Por este caso fue imputado y arraigado judicialmente 25 años después, aunque en septiembre de 2020 la Fiscalía cerró el caso por prescripción, sin llegar a una condena, lo que el empresario calificó como el fin de una «persecución política».

Paraísos fiscales y abusos laborales: el imperio SOBOCE y Bolivian Foods

El Doria Medina político, que prometía empleos y fomento a la industria, contrasta drásticamente con el Doria Medina empresario.

En agosto de 2005, la familia constituyó en Panamá la empresa offshore Akapana S.A. Un mes después, utilizaron esta firma fantasma para vender el 46,5% de SOBOCE al Grupo de Cementos Chihuahua. Mientras Samuel declaró la transacción por un monto menor, los balances en México revelaron que el trato fue por 524 millones de bolivianos. Este esquema de evasión, revelado en los Panama Papers, generó una deuda tributaria calculada en 203 millones de bolivianos.

Años después, en 2014, Doria Medina vendió el resto de SOBOCE al consorcio peruano Grupo Gloria por más de 300 millones de dólares. Para evadir el Impuesto a las Utilidades (IUE), ejecutó la transacción a través de la Bolsa Boliviana de Valores, aprovechando un vacío legal (Ley de Mercado de Valores) que exime de impuestos estas operaciones. Por si fuera poco, la Asociación de Jubilados de SOBOCE lo denunció por estelionato, acusándolo de vender un 10% de acciones que por derecho pertenecían a 179 familias de trabajadores desde 1975.

El maltrato laboral no se limitó a las cementeras. Como dueño de Bolivian Foods (Burger King y Subway), su empresa fue multada en 2013 por impedir la sindicalización de sus empleados. En diciembre de 2024, estalló un nuevo escándalo: trabajadores con más de una década de antigüedad denunciaron haber sido encerrados en una sala de juntas y coaccionados para firmar renuncias forzadas, con el fin de que la empresa evitara pagar beneficios sociales.

El eterno candidato y el poder en la sombra

Samuel Doria Medina se presentó cinco veces a elecciones nacionales (1997, 2005, 2009, 2014 y 2020). Jamás ganó. Su única victoria en las urnas fue como asambleísta constituyente en 2006. Sin embargo, su capacidad para incrustarse en el poder sin la venia popular es su mayor obra política.

Su método ha consistido en financiar estructuras, ubicar a sus alfiles y tejer alianzas. El caso más dramático ocurrió durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Doria Medina fue nombrado su candidato vicepresidencial en 2020. Aunque él insiste en que no formó parte del gabinete, su hombre de mayor confianza, Arturo Murillo —quien ingresó a la política en 2005 por invitación directa de Samuel—, fungió como Ministro de Gobierno. Murillo lideró la brutal represión de las protestas sociales de 2019 (masacres de Sacaba y Senkata) y posteriormente fue encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos en la compra de gases lacrimógenos.

La historia de influencia continúa en la actualidad. Durante el gobierno de Rodrigo Paz, Doria Medina logró insertar a sus cuadros más cercanos en el corazón del Estado. Su excandidato vicepresidencial para las elecciones de 2025, el economista José Luis Lupo, abandonó la fórmula y se unió al equipo económico del actual mandatario. Ministros como Cinthia Yañez y José Gabriel Espinoza, además de viceministros y voceros, tienen origen directo en las filas de Unidad Nacional.

Esta injerencia provocó una fractura interna en el actual gobierno. El vicepresidente Edmand Lara lanzó una advertencia pública directa al mandatario Rodrigo Paz: «No le entregues el poder a Samuel Doria Medina. Se encargó de cerrar los debates, pagar a las encuestadoras, manejar los medios y perdió, pero ahora es el que más ministros tiene». Acorralado por la evidencia, Doria Medina tuvo que salir a defenderse en redes sociales: «Una vez más repito: en el gobierno del presidente Paz quien gobierna es el presidente Paz».

El capital por encima del voto

Samuel Doria Medina encarna la figura del poder fáctico en Bolivia. Su biografía no es la de un líder de masas, sino la de un operador financiero que entendió tempranamente que no se necesita la banda presidencial para dictar los destinos del Estado.

Desde la redacción de las leyes de privatización que remataron el patrimonio nacional, pasando por los paraísos fiscales para evadir tributos, hasta la infiltración de sus cuadros políticos en gabinetes contemporáneos, Doria Medina ha demostrado que en la política boliviana las urnas son solo una formalidad. Cuestionado por sindicatos, salpicado por escándalos y absuelto por un sistema judicial amigable con el gran capital, el «Rey del Cemento» sigue demostrando una premisa perturbadora: los presidentes pasan, los votos se cuentan, pero los dueños de la chequera siempre conservan su asiento en la mesa principal.