En el caso Aramayo, se confirma que el Gobierno sabía de las amenazas, no lo protegió y ahora la vocera presidencial, Carla Faval, lleva más de un mes en un silencio inexplicable. Mientras la Fiscalía identifica a Mijael Rodríguez Guarachi, alias “El Tuerto”, como el autor intelectual del asesinato y revela que el crimen se originó por la negativa de Mauricio Aramayo a ceder a sobornos del contrabando, crece la indignación por la inoperancia del Estado. La revelación de Faval, horas después del crimen, de que Aramayo había enfrentado a las mafias, hoy se convierte en una confesión política demoledora: sabían que corría peligro y no hicieron nada para evitar su muerte.
La Confesión de Faval y el Silencio que Incomoda
Pocas horas después del asesinato, ocurrido el 8 de enero, la vocera presidencial, Carla Faval, escribió en su cuenta de X una frase que hoy persigue al Gobierno:
“Pagó con su vida por enfrentar a las mafias.”
La declaración, que en su momento fue presentada como un homenaje, hoy suena a una admisión de negligencia. Si el Ejecutivo sabía que Aramayo estaba enfrentando estructuras criminales —mafias con capacidad de matar—, la pregunta es inevitable: ¿qué medidas de protección se activaron?
La respuesta, a la luz de los hechos, es clara: ninguna.
Desde esa publicación, Carla Faval desapareció por completo de la escena pública. Su prolongado silencio, que ya supera un mes, alimenta las críticas y las sospechas. ¿Por qué la misma funcionaria que reconoció públicamente el riesgo ahora no explica por qué el Estado dejó solo a un funcionario clave, cercano al Presidente y expuesto a amenazas directas?
La Hipótesis Fiscal: Una Muerte por No Ceder a la Corrupción
La investigación del Ministerio Público confirmó el trasfondo del crimen. El fiscal departamental, José Ernesto Mogro, informó que el autor intelectual, Mijael Rodríguez Guarachi, conocido contrabandista de granos en Yacuiba, ordenó el asesinato luego de que Aramayo se negara a aceptar sobornos.
“Existen declaraciones testificales de amigos y funcionarios del Senasag que conocían las amenazas”, afirmó Mogro, revelando además que “El Tuerto” llegó incluso a intimidar personalmente a Aramayo dentro de oficinas del Estado.
No obstante, el abogado tarijeño Tamer Medina plantea una versión aún más explosiva:
“No se negó a recibir una coima. Se negó a reconocer una millonaria coima ya pagada a otro funcionario nacional del SENASAG”.
Según esta hipótesis, al asumir el control de la regional de Yacuiba, Aramayo desconoció un pago previo realizado por la mafia, lo que habría provocado la reacción criminal. En ese escenario, el asesinato no solo sería un ajuste de cuentas, sino la evidencia de una estructura de corrupción enquistada en el aparato estatal.
Inoperancia, Fuga y una Pregunta Incómoda
La investigación ha estado marcada por una cadena de errores que favorecieron la impunidad. La Policía cometió un “error imperdonable” al filtrar a la prensa la captura del sicario en Entre Ríos, lo que permitió que los autores intelectuales huyeran a Argentina minutos después.
“¿Le conviene al Gobierno que se detenga a los autores intelectuales?”, cuestiona Medina, quien sostiene que bastaría una llamada del presidente Rodrigo Paz a Javier Milei para activar la captura inmediata en territorio argentino. Esa llamada, más de un mes después del crimen, no se ha producido.
La Fiscalía ya identificó a toda la estructura operativa: desde el sicario uruguayo Marcos Adrián Cardona, hasta el conductor de la motocicleta, José Antonio Gumucio, alias ‘El Gumito’, encargado de la logística. Sin embargo, el autor intelectual —el único que podría revelar las conexiones entre el contrabando, la corrupción y el poder— sigue prófugo, protegido por una frontera permeable y una preocupante falta de voluntad política.
Mientras tanto, el silencio de la vocera presidencial retumba más fuerte que cualquier declaración.
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