El presidente Rodrigo Paz habla de tratar “de igual a igual” con el mundo, pero su gestión revive el vasallaje histórico de Bolivia ante EEUU, en una peligrosa contradicción entre el discurso de soberanía y una práctica de sumisión que recuerda los capítulos más oscuros de la llamada “guerra contra las drogas”. Mientras el mandatario celebra en foros internacionales el “fin de la queja”, su gobierno ha abierto las puertas de par en par a una serie de misiones estadounidenses —incluidas negociaciones para el retorno de la DEA—, en un acercamiento que, lejos de ser una relación entre pares, se asemeja al control ejercido por Washington durante las dictaduras y los gobiernos neoliberales que sentaron las bases del narcotráfico en el país.
El discurso de Davos: “De igual a igual con el mundo”
Desde el Foro Económico de la CAF en Panamá, el presidente Rodrigo Paz proyectó una imagen de renovación y fortaleza. “Bolivia ha decidido dejar atrás la queja para sentarse a la mesa, de igual a igual, con el mundo”, escribió en sus redes sociales. Su mensaje se centra en desmontar el llamado “Estado tranca” y abrir el país a la inversión con “acuerdos transparentes” y “seguridad jurídica”.
Esta narrativa es aplaudida por organismos como el FMI, cuya directora, Kristalina Georgieva, elogió los “impresionantes esfuerzos del gobierno boliviano”. Sin embargo, este aparente éxito diplomático oculta una realidad mucho más compleja y preocupante.
La práctica del vasallaje a EUUU de Rodrigo Paz: misiones, DEA y el retorno de la influencia estadounidense
La supuesta relación “de igual a igual” se desmorona al analizar la intensa actividad diplomática y de seguridad que ha marcado los primeros meses del gobierno de Paz. En menos de dos meses, Bolivia ha recibido tres misiones de alto nivel de EEUU:
- Diciembre de 2025: Una delegación de agencias de financiación y desarrollo (DFC, USTDA, EXIM) llegó para “identificar áreas con potencial de inversión”, sentando las bases para un nuevo ciclo de dependencia económica.
- Enero de 2026: Agentes estadounidenses arribaron para evaluar un acuerdo marco que permita el retorno de la DEA a operaciones conjuntas, una entidad expulsada en 2008 por injerencia y cuyo historial en la región está marcado por la violencia.
- Esta semana: Funcionarios del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. se reúnen con legisladores y autoridades bolivianas, consolidando el relanzamiento de las relaciones diplomáticas.
El viceministro Ernesto Justiniano justificó este acercamiento admitiendo que “volver a ser un país en el que se pueda confiar es clave”, reconociendo que la política antidroga boliviana estaba debilitada por “dudas sobre su transparencia”. En la práctica, este discurso valida la necesidad de una supervisión externa: un retorno al tutelaje que caracterizó al país durante décadas.
EN el pasado EEUU dictó leyes a Bolivia como la 1008, dónde la norma llegó en ingles y se trataba su aprobación sin tener una prévia traducción.
Un eco del pasado: la “guerra contra las drogas” como herramienta de dominio
La historia de Bolivia demuestra que la “lucha contra el narcotráfico”, liderada por Estados Unidos, ha sido a menudo una excusa para la intervención y el control político. Este patrón se estableció en las dictaduras y se consolidó en los gobiernos neoliberales.
El origen del narcoestado y el rol de EE. UU.
- Dictadura de Banzer (1971–1978): El primer narcoestado boliviano se gestó bajo la atenta mirada de EE. UU. Mientras se creaban leyes antidroga para cumplir con Washington, figuras cercanas al dictador, como su yerno Luis “Chito” Valle, estaban implicadas en el tráfico.
- Narcodictadura de García Meza (1980–1981): La CIA, con la ayuda de criminales nazis como Klaus Barbie, articuló un esquema para financiar a la “Contra” nicaragüense con dinero de la cocaína boliviana, producida en la megafábrica de Huanchaca. El plan fue supervisado por operadores estadounidenses como Manuel Rocha, quien años más tarde regresaría como embajador.
- La Ley 1008 y la masacre de Villa Tunari: En 1988, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro promulgó la Ley 1008, un texto enviado en inglés desde EE. UU. que criminalizaba la coca. Su aplicación, dirigida por la DEA, derivó en la masacre de Villa Tunari, donde campesinos fueron asesinados por fuerzas de UMOPAR.
Impunidad transversal: de Paz Zamora a Sánchez de Lozada
Los gobiernos democráticos que siguieron no rompieron con este vasallaje:
- Jaime Paz Zamora (1989–1993): Su gobierno promulgó el “Decreto del Arrepentimiento”, perdonando a capos del narcotráfico pese a las presiones de EE. UU. Sin embargo, su gestión también estuvo marcada por “narcovínculos”, con figuras como Óscar Eid Franco y Samuel Doria Medina bajo sospecha.
- Gonzalo Sánchez de Lozada (1993–1997): Su ministro Carlos Sánchez Berzaín, conocido por defender a narcotraficantes estadounidenses en el caso Huanchaca, fue implicado en el escándalo del “Narcoavión”, pero gozó de total impunidad.
Hoy, al abrir nuevamente las puertas a la DEA y alinear su discurso económico con las expectativas de Washington y de los organismos multilaterales, el gobierno de Rodrigo Paz corre el riesgo de repetir la historia: hablar de soberanía mientras, en la práctica, se profundiza una relación de subordinación que nunca ha beneficiado al país.
Spanish 
English