La Extinción de Campesinos se cierne sobre Bolivia con un proyecto de ley de conversión de tierras que amenaza con incendios y el despojo de tierras de origen, una norma que, bajo la apariencia de progreso, podría significar el fin de la pequeña propiedad agrícola y de la soberanía alimentaria del país. El Proyecto de Ley 157-2023-2024, que autoriza la conversión de “pequeña propiedad” a “mediana o empresarial”, es denunciado por colectivos ambientalistas como un “paquete incendiario” que facilitará el tráfico de tierras, la concentración en manos del agronegocio y la desaparición del campesinado, comenzando por el oriente boliviano.
El mecanismo del despojo: cómo la ley facilita la mercantilización de la tierra
El núcleo de la controversia radica en que la ley elimina las protecciones constitucionales de la pequeña propiedad. Según el artículo 394 de la CPE, esta es indivisible, inembargable y constituye un patrimonio familiar. Al permitir su conversión a “mediana o empresarial”, la tierra se transforma en una mercancía:
- Se vuelve embargable: el pequeño productor podrá usar su tierra como garantía para créditos. Ante una mala cosecha, el banco podrá ejecutar el embargo. ¿Quién comprará esa tierra en el remate? Los grandes empresarios del agronegocio.
- Se expone a la reversión: la pequeña propiedad no puede ser revertida por incumplimiento de la Función Económico-Social (FES). Sin embargo, las propiedades medianas y empresariales sí. Esto obliga al campesino a demostrar una productividad “empresarial”, bajo el riesgo de perder su tierra ante el Estado, que luego podría reasignarla.
Según la Asamblea por los Bosques y la Vida Bolivia, esta ley “profundizará la mercantilización del bosque y el tráfico de tierras”, generando un “caos agrario” y permitiendo el “despojo de sus medios de vida para muchas familias”.
El “paquete incendiario”: incentivos para quemar el bosque
La ley no solo facilita el despojo, sino que crea incentivos peligrosos para los incendios, según denuncian los colectivos. La lógica es perversa: para acceder a créditos y demostrar el cumplimiento de la FES, el productor se ve obligado a “limpiar” su terreno para mostrar actividad productiva. El método más rápido y económico para hacerlo es el fuego.
- Incendios planificados: la Asamblea por los Bosques y la Vida, en una nota citada en informes del Senado, explica que el modelo agroindustrial ya es responsable de la “deforestación mecanizada e incendios planificados”. Esta ley, advierten, agravará la crisis al motivar la ampliación de la frontera agrícola de manera “ilegal y planificada”.
- Atracción de capitales: la mercantilización atraerá a grandes capitales que buscarán absorber pequeñas propiedades para expandir sus monocultivos, incentivando “incendios intencionados en territorios indígenas y áreas protegidas”.
El fin de la soberanía alimentaria y los beneficiarios del modelo
La “extinción del campesino” tendría un impacto devastador en la seguridad alimentaria del país. Actualmente, la agricultura familiar provee el 98,5% del volumen de la canasta básica, mientras que el agronegocio apenas contribuye con el 12,4%. Esta ley amenaza con invertir esa ecuación, reemplazando la producción diversa y local por monocultivos de exportación.
Los grandes beneficiarios de este modelo son evidentes:
- El agronegocio: familias como los Marinkovic, el clan Monasterio Nieme o el grupo Kuljis, extranjeros insertados en el agro a quienes hoy les es difícil expandirse sobre tierras protegidas, podrán absorberlas a través del mercado financiero.
- La banca: podrá utilizar la tierra rural como garantía real para préstamos, ampliando su cartera de negocios.
Irónicamente, el proyecto de ley fue presentado por una legisladora del ala “arcista” del MAS, Verónica Challco, y defendido con argumentos liberales. Esto, según analistas, no es de extrañarse, considerando los vínculos de la familia del expresidente Luis Arce con la élite del agronegocio cruceño.
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