El bloqueo por gasolinazo en Bolivia se ha convertido en la respuesta social más contundente frente a las claves del Decreto 5503 que fractura al país. Ciudades paralizadas, rutas troncales amenazadas y la advertencia de un paro indefinido marcan el epicentro de una crisis social y política de desenlace incierto. La decisión del presidente Rodrigo Paz de “sincerar la economía” chocó de frente con un rechazo masivo que hoy se expresa en las calles. A continuación, se detallan los puntos fundamentales para comprender la magnitud del conflicto.
Bloqueo por gasolinazo: calles paralizadas por el pueblo vs. apoyo empresarial de la minoría beneficiada
El anuncio del decreto desató una reacción inmediata y profundamente polarizada. Por un lado, una ola de rechazo social amenaza con detener el país; por otro, el sector empresarial y financiero que se beneficia de la crisis respalda la medida como un paso necesario.
El frente del rechazo: la protesta se siente en las calles
La respuesta más visible proviene de los sectores populares. La Central Obrera Boliviana (COB) calificó la medida como un “atentado contra el pueblo” y convocó a un ampliado de emergencia para definir una respuesta nacional. La protesta ya es una realidad concreta:
- Transporte sindicalizado: La Federación de Choferes de La Paz y El Alto lidera un paro de 24 horas con bloqueos en puntos estratégicos, exigiendo la abrogación del decreto. Advierten con un paro indefinido desde el lunes si no hay respuesta.
- Mineros: La FSTMB denunció un “golpe duro” a la economía popular y anticipó movilizaciones escalonadas.
- Otros sectores: Gremiales, transporte pesado y campesinos se declararon en emergencia y evalúan bloqueos de rutas troncales y protestas en zonas productivas.
El frente del apoyo: “sinceramiento” económico y respaldo internacional
En contraste, el sector empresarial y organismos financieros validaron la decisión del gobierno:
- Empresarios: La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) respaldaron la eliminación del subsidio como una medida “necesaria” para reducir el déficit fiscal y sincerar la economía.
- Respaldo internacional: El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, calificó el paquete como un “paso oportuno y necesario” y anunció que su primer viaje oficial de 2026 será a Bolivia en señal de compromiso. EEUU también elogió las reformas.
Análisis a fondo del Decreto 5503: lo que no se vio en el anuncio presidencial
Más allá del alza de los combustibles, un análisis detallado del decreto —como el realizado por la economista Edith Gálvez— revela una arquitectura compleja, con beneficios concentrados y costos socializados, además de serias inconsistencias técnicas.
Amnistía fiscal y beneficios para la élite, defensa al Bloqueo por gasolinazo
El decreto establece un “Régimen Extraordinario de Repatriación de Capitales” con una alícuota del 0% de impuestos. En la práctica, se trata de una amnistía que permite blanquear capitales de origen dudoso (excluyendo únicamente los casos con sentencia firme), sin persecución penal. A esto se suman beneficios extraordinarios para la banca, como la posibilidad de deducir como incobrables el 60% de los créditos de 2026, reduciendo de forma significativa el pago de impuestos.
Los costos ocultos para trabajadores y jubilados
El incremento del 20% al salario mínimo (Bs 3.300) queda rápidamente neutralizado por el impacto del gasolinazo en el transporte y la canasta familiar. Además, el decreto congela los salarios en el sector público, prohíbe nuevas contrataciones e instruye al Banco Central a “transitar hacia un nuevo régimen cambiario”, un eufemismo de devaluación que licuaría el valor de los ahorros previsionales en el Fondo Integral de Pensiones.
Fallas técnicas y el problema de fondo sin resolver
El documento presenta errores graves, como la referencia a artículos inexistentes y la ausencia de cuatro anexos clave en su publicación oficial, lo que evidencia improvisación. Más importante aún, el decreto no resuelve el problema central de la economía boliviana: la escasez de dólares. Descarta medidas como la liquidación obligatoria de divisas de exportación (vigente hasta 1997), un mecanismo que permitiría al Estado recuperar soberanía sobre los dólares que hoy permanecen en el exterior.
La posición del Gobierno: un decreto “no negociable”
Frente a la crisis, la postura oficial es de inflexibilidad. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, fue tajante: “El decreto no es negociable, es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país”. El Gobierno argumenta que el subsidio solo beneficiaba a contrabandistas y que la medida, aunque dolorosa, era indispensable para evitar un colapso mayor.
Esta firmeza choca con la disidencia interna. El vicepresidente Edmand Lara, junto a varias bancadas aliadas, rechazó categóricamente el decreto, afirmando que “no era el momento” y que tomarán “las acciones que la Constitución y la Ley establecen”, dejando en evidencia una profunda fractura en la cúpula del poder.
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