La tragedia en el río Piraí, que ya supera la veintena de fallecidos en Santa Cruz, no es un simple embate de la naturaleza, sino el colapso de un ecosistema debilitado por años de intervención humana y empresarial. Lo que hoy se vive en los municipios de Warnes y El Torno es la crónica de una catástrofe largamente advertida, donde la extracción desmedida de áridos y la permisividad administrativa convirtieron el cauce del río en una trampa mortal, tal como lo documentaron investigaciones de medios como EL DEBER y La Región a lo largo de la última década.
Warnes: el recuento de las víctimas
El impacto humano de esta crisis ambiental se materializó este miércoles con el reporte oficial desde Warnes. En declaraciones al programa A Primera Hora de EL DEBER, el alcalde Juan Carlos Montaño confirmó el hallazgo de nueve cuerpos sin vida en su jurisdicción. La autoridad precisó un dato revelador sobre el origen de la fuerza del agua: de las víctimas fatales, solo cuatro eran dragueros locales; el resto fue arrastrado por la corriente desde el municipio vecino de El Torno.
“Ayer [16 de diciembre] han sido encontrados tres cuerpos; ahora también hay dos más que recoger en los matorrales”, detalló Montaño, describiendo un escenario de caos donde el lodo dificulta la identificación de los fallecidos. La magnitud del turbión obligó incluso a la evacuación de 300 personas del Hotel Río Selva, incluidas delegaciones del interior del país, evidenciando que el desborde superó cualquier previsión histórica en la zona.
Las empresas y la alteración del cauce
Más allá de las lluvias, la violencia del agua tiene responsables con nombre propio. Diversos reportajes de EL DEBER (abril y julio de 2022) y La Región (julio de 2022) expusieron una lista de actores privados y cooperativas que operaron de forma sistemática en la zona de conflicto, muchas veces vulnerando normativas ambientales y enfrentándose a las comunidades locales.
Entre las empresas y organizaciones señaladas en aquellas denuncias periodísticas figuran:
- Chancadora Dracuz: Denunciada por comunarios de Limoncito por operar sin licencia ambiental, sin autorización de la ABT y sin respetar el cordón ecológico, pese a lo cual continuó sus actividades.
- Empresa Minera Farah: Protagonizó en abril de 2022 un tenso conflicto al intentar explotar un cerro clave para el suministro de agua. La empresa respondió con acciones penales contra el dirigente Milton Cortez y la comunaria María Binda.
- Empresa Santa Teresita: Vinculada a conflictos por la extracción de áridos en la zona de Limoncito.
- Cooperativa de Dragueros Limoncito: Señalada como parte del bloque de explotación que alteró la morfología del río.
- Cooperativa Ripiera Río Piraí – La Guardia: Citada por La Región como una de las operadoras en el municipio vecino que, aunque pagaba patentes, trabajaba en un contexto de adecuación normativa inconclusa.
A esta lista se suma la existencia de aproximadamente 70 concesiones mineras que, según una investigación de 2022, cercaban la franja de amortiguamiento del Parque Nacional Amboró, amenazando las fuentes de agua. La ingeniera ambiental Sandra Quiroga advirtió en La Región sobre el efecto de estas operaciones:
“Al extraer el árido y el agregado, le han sacado los huesos, toda la piedra. Al quitarle el sólido, el río se vuelve más peligroso”.
Advertencias ignoradas y el “fantasma” del 83
La hemeroteca confirma que la negligencia se arrastra desde hace años. La Región publicó en junio de 2017 las advertencias del entonces director del Searpi, Luis Aguilera, quien alertaba que el cordón ecológico había perdido el 23 % de su masa boscosa en tres décadas. Aguilera fue enfático al señalar que, al destruir este freno hidráulico para explotar áridos o permitir asentamientos ilegales —como en el barrio Santa Martha—, “las consecuencias pueden ser desastrosas”.
En ese periodo, autoridades municipales de entonces, como Gerardo Paniagua en El Torno y Jorge Morales en La Guardia, reconocieron la dificultad de controlar la proliferación de asentamientos y la actividad de las dragas. Sin embargo, las acciones correctivas nunca fueron suficientes para frenar el deterioro de la cuenca.
El caso del aeródromo y la complicidad funcionaria
La falta de control estatal también facilitó obras civiles irregulares que eliminaron las defensas naturales del río. En enero de 2023, el medio Montero Noticias reportó una inspección clave que hoy cobra relevancia para comprender la vulnerabilidad de Warnes.
En ese entonces, funcionarios de la Gobernación como Federico Molina, asesor legal del SDCAM, junto a los asambleístas departamentales de aquella legislatura, Wilfredo Peinado y Antonio Talamás, confirmaron tras una inspección que el aeródromo “Warnes” había sido construido ilegalmente dentro del Bosque de Protección (BP-1), a escasos 60 metros de la ribera. Esta intervención violaba de forma flagrante la Ley del Plan de Uso de Suelo, eliminando la barrera vegetal destinada a proteger al municipio de crecidas como la actual.
Hoy, mientras las autoridades nacionales intentan justificar las falencias en las labores de rescate por la falta de helicópteros, la realidad expuesta por los archivos periodísticos apunta a un crimen ambiental gestado por la mano humana: desde empresas que dragaron sin control hasta gestiones públicas que permitieron la destrucción sistemática del cordón ecológico.
Spanish 
English