El vicepresidente Edmand Lara denunció al Gobierno de orquestar una operación de inteligencia policial para fabricar pruebas en su contra y forzar su inhabilitación política. En declaraciones recientes, la segunda autoridad del país alertó sobre una presunta orden emanada desde un despacho ministerial para vincularlo judicialmente con hechos delictivos, lo que agrava la crisis institucional y confirma la ruptura definitiva con el ala ejecutiva liderada por el presidente Rodrigo Paz.
Edmand Lara denunció al gobiernoy apuntó al Ministerio de Gobierno
Edmand Lara denunció al gobierno y señaló a la oficina del hombre fuerte del MIR «Tuco» Oviedo. La tensión en el Ejecutivo escaló tras el señalamiento directo de Lara hacia el entorno del ministro Marco Antonio Oviedo. Según información que el vicepresidente asegura haber recibido desde el interior de la Policía, existiría una estrategia activa para “sacarlo de carrera” mediante prácticas de lawfare.
Lara identificó al mayor de Policía Silva, actual ayudante general del Ministerio de Gobierno, como el operador encargado de ejecutar este supuesto montaje. El vicemandatario detalló que dicho oficial cuenta con “antecedentes graves”, vinculándolo con episodios oscuros como el caso Porvenir, el operativo del Hotel Las Américas y una baja previa por tráfico de armas cuando integraba la UTARC.
Ruptura política con Rodrigo Paz
Más allá del ámbito judicial, las declaraciones evidencian un quiebre político con el presidente Rodrigo Paz. Lara acusó al mandatario de haber traicionado el voto del “bloque popular” que garantizó su victoria electoral para gobernar bajo la influencia de sectores empresariales y figuras de la oposición, como Samuel Doria Medina.
El vicepresidente criticó duramente la política económica actual, señalando un endeudamiento irresponsable mediante créditos internacionales y una profunda desconexión con las bases sociales.
Crisis interna y lealtad legislativa
En este contexto, Lara hizo un llamado urgente a senadores y diputados de Nuevas Ideas con Libertad y el PDC. Advirtió sobre una supuesta compra de conciencias en el Parlamento, donde algunos legisladores estarían “vendiéndose” a cambio de cargos, y pidió resistencia a quienes aún mantienen lealtad a los principios originales de la alianza.
Lara concluyó afirmando que, pese a los intentos de aislamiento y la persecución que denuncia, continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización dentro de sus atribuciones constitucionales, recordando que su lucha contra la corrupción es anterior a su cargo actual.
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